Wall Street es cómplice de la corrupción mexicana

¿Qué pasó?

Al amparo de Wall Street, instituciones financieras realizaron negocios con funcionarios de al menos cuatro estados de México -entre ellos Coahuila-, siendo parte esencial en la operación de un complejo esquema de sobornos y lavado de dinero en Estados Unidos.

¿Por qué importa?

La investigación del Texas Observer documentó cómo los bancos americanos fueron un elemento esencial en el mayor escándalo de desvío de recursos en la historia de Coahuila, que terminó por llevar a la cárcel al ex gobernador interino Juan Torres López, de 67 años, quien se declaró culpable el 16 de junio de 2020.

El contexto:

En mayo pasado, el Texas Observer y el Colectivo de Datos Anticorrupción (un grupo de investigadores y periodistas que pugnan por políticas y leyes para frenar la corrupción transnacional) revelaron que rara vez los bancos estadounidenses enfrentan repercusiones serias por participar en el “blanqueo de capitales”, de parte de los reguladores federales.

Los detalles:

• Y como ejemplo sitúan el caso de Héctor Javier Villarreal Hernández, que bajo la tutela de Torres López ocupó los cargos de subsecretario de Programación y Presupuesto y secretario de Finanzas de Coahuila.

• Según los registros judiciales presentados en San Antonio y Corpus Christi, entre 2008 y 2010, Villarreal Hernández fue investigado en varias ocasiones por empleados de Chase Bank en Texas y a pesar de las señales de alerta, esto no impidió que el banco tuviera tratos con el ex funcionario mexicano.

• Cada vez que se le cuestionaba cómo ganaba su dinero, él daba una respuesta diferente: provino de los negocios de restaurantes de su familia en México; un concesionario de Mercedes que poseía; ventas de aviones que negoció al estado de Coahuila, entre otras explicaciones contradictorias.

• Sea como fuere, nunca pudo justificar cómo los depósitos en efectivo que realizaba en Chase Bank pasaron de ser varios de miles a millones de dólares en transferencias electrónicas desde México.

• A pesar de ser arrestado en 2011 por funcionarios mexicanos, acusado de defraudar al gobierno de Coahuila, el banco siguió haciendo negocios con él hasta febrero de 2012, cuando un investigador de la Procuraduría General de Texas encontró $6.5 millones de dólares repartidos en ocho cuentas del Chase Bank.

• De acuerdo con la investigación, dicho dinero fue utilizado por Héctor Villarreal para comprar un condominio en la Isla del Padre; una casa en San Antonio; un centro comercial; dos complejos de departamentos; un lavado de autos; una gasolinera en Brownsville y una farmacia frente a la sucursal de Chase, en el exclusivo vecindario Stone Oak de San Antonio.

• En 2013, Villarreal Hernández fue acusado por un gran jurado en Corpus Christi como resultado de la Operación Político Junction y un año después se entregó a agentes federales en la frontera de El Paso. Se declaró culpable de lavado de dinero y acordó entregar a los fiscales el dinero incautado en sus cuentas bancarias.

• Según registros judiciales que se filtraron durante la última década, más de una docena de bancos figuran en este tipo de situaciones y de acuerdo con el Observer, al menos cinco aceptaron nuevos clientes que recientemente se vieron obligados a abandonar otras instituciones financieras por actividades sospechosas.

• La ley estadounidense contempla que funcionarios como Villarreal Hernández y Torres López, catalogados como PEP (personas políticamente expuestas), sean investigados por los bancos a través de políticas establecidas para garantizar que no estén lavando dinero a través del sistema financiero del país.

• Lo anterior incluye la emisión de informes sobre transacciones sospechosas a la Financial Crimes Enforcement Network, una sucursal del Departamento del Tesoro conocida como FinCEN. Expertos en lavado de dinero dudan que los bancos estadounidenses se tomen en serio la detención del lavado de dinero.

• “Los bancos se dan cuenta de que es el costo de hacer negocios… Ganan mucho dinero haciendo negocios con personas corruptas. Pero si los atrapan, hacen una evaluación de riesgos. Tienen que pagar a los abogados y tienen que pagar multas, pero creo que lo han incorporado a su modelo de evaluación de riesgos”, expresó Alvan Romero, ex agente especial de la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos.