15 de junio 2021
¡Que alguien me explique!
Verde y MC, bisagras en juego
Asistimos a la antesala de una confrontación política en la que se juega el control de la Cámara de Diputados para los próximos tres años. Y ni que decir, la ruta hacia la elección presidencial 2024
Por Ramón Alberto Garza
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La confirmación de dos gubernaturas y el registro de dos partidos están sobre la mesa de negociaciones después de las elecciones del pasado 6 de junio.
Las gubernaturas son la de San Luis Potosí y la de Nuevo León. Los partidos en jaque, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano.
Asistimos a la antesala de una confrontación política en la que se juega el control de la Cámara de Diputados para los próximos tres años. Y ni que decir, la ruta hacia la elección presidencial 2024.
Y en la mesa de juego, un dealer, el gobierno de la Cuarta Transformación, y dos jugadores, el Partido Verde y Movimiento Ciudadano.
La jugada es simple. A nadie escapa que la urgencia del presidente Andrés Manuel López Obrador es la de consolidar cuando menos la minoría simple en San Lázaro, para garantizar el control presupuestal de su gobierno.
Y para ello ya cuenta con los 197 diputados de Morena, los 40 del PT y los 44 del Partido Verde. Esos 281 votos garantizan la mayoría simple, que es de 251 de los 500 votos legislativos.
Pero ¿qué sucedería si los 44 votos del Partido Verde abandonan el bloque de Morena? Lo inevitable, se pierde esa mayoría simple que puede caer en manos del resto de los partidos, si logran integrar -todos- un frente anti Cuarta Transformación.
Y la deserción del Verde de la alianza morenista no luce descabellada. Cuestión de recordar el historial de ventas al mejor postor que ese partido registra y también el apetito que existe entre los llamados “conservadores” por arrebatarle esa mayoría a Morena.
Quizás por ello, el Partido Verde está viviendo una embestida simultánea por tres frentes.
El primero en las investigaciones que se le siguen al gobernador electo de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, sus gastos de campaña y sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado, en particular con el llamado Cártel del Noreste.
El segundo son las investigaciones que la fiscalía para delitos electorales hace de un puñado de influencers, que fueron contratados por el Partido Verde para que lo promovieran en los días de veda electoral. Millones de pesos en juego y el riesgo de que el partido pierda su registro.
Y el tercero son las pesquisas sobre desvíos de recursos públicos, operaciones financieras y de facturación presumiblemente endosables a Manuel Velasco, en sus días como gobernador verde de Chiapas.
La intención de apretar en los tres frentes de investigación es sentar a los jerarcas, ya no tan juniors, del Partido Verde para garantizar que no se van a entregar a los adversarios de la Cuarta Transformación. Sin sus 44 diputaciones no hay ni mayoría simple para Morena.
El otro expediente abierto es el de la gubernatura de Nuevo León, en donde el triunfo de Samuel García trae al vilo a Movimiento Ciudadano.
Después de todo, si los emecistas controlan ya Jalisco y ahora Nuevo León, el frente sólido de cara a la elección presidencial del 2024 se consolida como la única y desafiante oposición a Morena.
Pero, al igual que el Partido Verde, los emecistas enfrentan tres frentes de investigación que los colocan en una posición delicada frente al gobierno de la Cuarta Transformación.
El primer frente tiene que ver con los gastos de campaña del candidato Samuel García, incluyendo montos, orígenes, efectivo depositado en las cuentas de campaña y las aportaciones en especie -con menciones gratuitas- de su esposa, la influencer Mariana Rodríguez.
El segundo frente tiene que ver con los presuntos recursos desviados desde Jalisco para financiar la campaña de Movimiento Ciudadano, en Nuevo León, y sus posibles vinculaciones con fondos destinados o triangulados hacia los cuarteles nacionales de Movimiento Ciudadano. De comprobarse, el registro del partido correría peligro.
Y el tercer frente, ubicado en la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto, tiene que ver con las vinculaciones del ahora gobernador electo de Nuevo León con los negocios de su padre y de sus hermanos, en una investigación que incluye más de 70 cuentas de cheques y una docena de personajes involucrados. Si se encontrara algún delito fiscal, el caso podría ser penal.
Desde el gobierno de la Cuarta Transformación existen dos visiones sobre lo que hay que hacer con el gobernador electo de Nuevo León y con su partido.
Una, la legal, que es apoyada por aquellos que dicen que, si se cometieron ilegalidades, que se sometan a proceso los involucrados, desde Samuel García, los miembros de su familia que presuntamente operaron e incluso a la dirigencia de Movimiento Ciudadano, si se comprobara la triangulación de recursos.
La otra, la política, lo que propone sentar a Movimiento Ciudadano a una mesa de negociación para borrar esos cuestionables expedientes, a cambio de que se apoye la agenda de Morena y a la Cuarta Transformación en la Cámara de Diputados.
Sea como fuere, lo que sí está claro, es que los dos partidos bisagra -el Verde y Movimiento Ciudadano- estarán en el epicentro del huracán hasta antes del primero de septiembre, cuando se instale en San Lázaro la nueva legislatura.
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