Venezuela: ¿Marcelo Ebrard tenía razón?

Seis meses después de que más de cincuenta países reconocieron a Juan Guaidó como el Presidente legítimo de Venezuela, las cosas han cambiado poco: el régimen de Nicolás Maduro sigue manteniendo, con el apoyo del ejército, las riendas del poder real en el país.

La estrategia de “máxima presión” de la administración de Donald Trump ha fracasado, en el sentido de que ha sido incapaz de forzar una transición política.

Este enfoque contrasta con la política exterior del gobierno de México, que a diferencia de Estados Unidos, se ha mantenido al margen de reconocer a Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela. El argumento de la Secretaría de Relaciones Exteriores y su canciller, Marcelo Ebrard, es que la única salida a la crisis política en Venezuela reside en un diálogo auspiciado por un gobierno neutral.

La administración de Andrés Manuel López Obrador se ofreció a jugar este rol, pero su postura de neutralidad fue condenada por la Comisión Europea y por la administración de Donald Trump.

A pesar de ello, seis meses después de que el ascenso de Guaidó al poder parecía un evento inminente, la oposición venezolana ha asumido la tesis mexicana: han ignorado la retórica del régimen de Maduro y se han sentado a negociar bajo la mediación de una tercera parte imparcial, el gobierno de Noruega.

El corresponsal del diario The New York Times, Anatoly Kurmanaev, escribió recientemente que las negociaciones que tienen lugar en Barbados entre el oficialismo y la oposición “representan la mejor oportunidad para sacar a Maduro del poder, luego de que las protestas masivos y un intento de insurrección de un sector de las fuerzas armadas fracasó en este objetivo”.

Esta semana, la agencia Bloomberg reportó que, a pesar de la retórica pública de tensión y acusaciones cruzadas, los representantes de Guaidó y de Maduro en la mesa de negociación estarían de acuerdo en llegar a un pacto para celebrar elecciones presidenciales y legislativas en el 2020.

Eso implicaría adelantar las elecciones, que estaban programadas hasta el 2023. La condición de la oposición es que los comicios se lleven a cabo bajo la supervisión estricta de observadores internacionales. De acuerdo al consenso de las encuestas recabadas en Venezuela en los últimos meses, Guaidó cuenta con una mayoría preponderante de las preferencias electorales.

La política estadounidense en Venezuela ha sido explícita en respetar el proceso de negociación que está siendo moderado por el gobierno de Noruega. Según The New York Times, Elliot Abrams, el oficial encargado de la crisis venezolana de la administración Trump, no quiere que estados Unidos sea culpado en caso de que colapsen las negociaciones.

¿Y las sanciones?

Esta semana, John Bolton, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, anunció nuevas sanciones para el régimen de Nicolás Maduro. Las medidas se dieron a conocer en una reunión multilateral que se llevó a cabo en Lima para resolver el impasse político de Venezuela.

Diciendo que “es momento de tomar acción”, Bolton explicó que se congelaron todos los activos de Venezuela en Estados Unidos, que se está limitando el acceso del régimen de Maduro a los mercados financieros globales y que se pretende sancionar a entidades y países que realicen ciertas transacciones comerciales con el gobierno venezolano.

No obstante, hay quiénes consideran que estas medidas son insuficientes y que su único mérito es obligar a Maduro a sentarse a la mesa de negociación. El sucesor de Hugo Chávez dijo que no negociaría mientras las sanciones sigan vigentes, pero fuentes cercanas al proceso de negociación entre el oficialismo y la oposición dijeron a la agencia Bloomberg que el diálogo no se ha interrumpido.

Personas con conocimiento del asunto han filtrado a la prensa internacional una narrativa en la que el ejército está presionando de manera creciente a Nicolás Maduro a que mantenga abierto el canal de negociación con la oposición.

Esto abre una pregunta para la política exterior del gobierno mexicano: ¿tenía razón Marcelo Ebrard en insistir en un diálogo moderado por una entidad neutral o debe sumarse el gobierno de López Obrador a los esfuerzos de Estados Unidos y el Grupo de Lima?