Una polémica más del Partido Verde

¿Qué pasó?

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) vuelve a estar en el escrutinio público, luego de que se diera a conocer una investigación en la que presuntamente habría pagado 133 millones de pesos a 35 empresas ‘fantasma’.

¿Por qué importa?

En el pasado, el Instituto Nacional Electoral ya ha impuesto diversas multas al Partido Verde, sobre todo por anomalías detectadas en su proceso de contratación o inclusive, por alterar sus informes de gastos. Actualmente, se encuentra en proceso de ser sancionado por haber contratado influencers para que promocionaran al partido en plena veda electoral.

El contexto:

De acuerdo con El País, entre 2014 y 2019, el Partido Verde habría pagado 133 millones de pesos a 35 empresas, catalogadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como ‘fantasma’ por facturar actividades simuladas (ya que no cuentan con empleados ni infraestructura para llevar a cabo sus actividades).

Los detalles:

• Al menos 10 de estas sociedades estuvo en la mira de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE tras haber encontrado irregularidades en los informes anuales de gastos, los cuales fueron presentados por el partido para respaldar sus transacciones con dichas firmas.

• Varias de las empresas contratadas fueron creadas el mismo día, ante el mismo notario y hasta comparten socios o administradores.

• Los servicios facturados van desde subcontratación laboral, arrendamiento de oficinas y camionetas hasta encuestas y servicios de investigación.

• Los bienes y servicios no solo fueron contratados por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, sino también por directivas estatales como la de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Jalisco, Querétaro y Sonora.

• La empresa que facturó el monto más alto al Partido Verde fue Vrunger S.A. de C.V., que cobró 38.3 millones de pesos a través de 41 comprobantes digitales.

• Al respecto, la organización política ha dicho que, al momento de adquirir los servicios, ningún proveedor se hallaba bajo el status de empresas que facturan operaciones simuladas, además de estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores que supervisa el INE, lo que las hacía ‘legalmente constituidas’.

• “Quisiéramos agregar que resulta imposible que el Partido Verde tenga control sobre la situación fiscal de todas las empresas que le venden, ofrecen o brindan productos o servicios”, reveló el Partido Verde en un comunicado replicado por El País.