Una guerra inevitable

La guerra de Estados Unidos con México es ya inevitable. Está a la vuelta del próximo verano.

Donald Trump hizo la declaratoria en Conroe, Texas, el 29 de enero con un discurso incendiario que instaló ese tema como el prioritario en agenda de la próxima elección presidencial norteamericana.

Y ahora, el pasado 17 de febrero, con su discurso en el Capitolio, el senador republicano Ted Cruz -también de Texas- solo vino a dar el grito de “¡Al ataque!”.

Hasta hoy, el conflicto entre ambos países se centraba en migración, cárteles y tráfico de drogas, con preocupación especial hacia el fentanilo y sus consecuencias letales, sobre todo, entre los jóvenes.

Pero el drama cruza ya hacia zonas más alarmantes, como las violaciones del gobierno de la Cuarta Transformación, tanto en el respeto a la ley, como a las instituciones que resguardan el equilibrio de los poderes.

Y sucedió lo que hasta ahora no había ocurrido. Que el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador fuera puesto sobre la mesa en el Capitolio, el epicentro político de la Unión Americana.

La crítica del senador republicano es frontal y se ubica en la zona que más le duele al establishment norteamericano: sus intereses económicos y su seguridad nacional.

Ya no es solo por el conflicto migratorio, la creciente mortalidad por el contrabando de opioides, la afrenta para cancelar miles de millones de dólares en proyectos energéticos firmados bajo una legislación vigente, o la proclividad del presidente López Obrador para pretender instalarse como el paladín de la izquierda en América Latina.

El drama radica en que, la élite política y empresarial de los Estados Unidos, ya está reaccionando frente a los desplantes de un presidente socio del T-MEC, cada día más autoritario, cada día más ensimismado, cada día más urgido para justificar su derrota como gobernante, pasando por encima de los más elementales derechos civiles, como el de la libertad de expresión.

El conflicto dista mucho de aquel Efecto Tequila desatado por la crisis financiera, consecuencia del llamado Error de Diciembre en 1994, y que obligó al gobierno de Bill Clinton a atravesar su aval para operar un mega rescate durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Lo de hoy no es estrictamente financiero. Es algo mucho más profundo y que involucra el respeto a las leyes y las instituciones vigentes, en una nación que tiene intrincados vínculos comerciales con Estados Unidos y con Canadá.

Un quiebre político hoy, en México, implicaría el colapso de las estrategias de cadenas productivas, tanto en la industria automotriz, aeroespacial, tecnología, agrícolas y el quiebre de un comercio bilateral que en conjunto supera los 300 mil millones de pesos al año.

Por eso, el episodio de la Casa Gris que se dio en territorio texano, y que involucra el conflicto de interés de una empresa pública como lo es Baker Hughes, es más profundo que una historia de amor entre José Ramón López Beltrán y Carolyn Adams.

Porque pone el conflicto en una línea de fuego que lo convierte en un tema muy debatible, entre lo que piensa el gobierno de Joe Biden y lo que busca el gobierno de López Obrador.

Para el presidente de los Estados Unidos se trata no solo de un potencial caso de corrupción que involucra a un posible corruptor norteamericano.

Se trata de la exhibición de una intención del presidente de México por intimidar a la prensa crítica, con amenazas abiertas desde el púlpito de la Mañanera. Un acto autoritario que violenta los más elementales derechos humanos.

Para el presidente de México se trata de un acto patriota, de una defensa del patrimonio de la nación como no se da desde los días en que Lázaro Cárdenas, uno de sus admirados próceres, decidió “nacionalizar” la industria petrolera.

La diferencia es que aquella “nacionalización” contó con el beneplácito de Washington, que buscaba alejar a los alemanes de la propiedad de los campos petroleros mexicanos, en plena Segunda Guerra Mundial.

Para medir la disparidad de visiones, solo baste decir que, en todos los años de la guerra en Afganistán, se perdieron las vidas de poco menos de dos mil 500 norteamericanos.

En México, tan solo en el 2021, murieron de forma trágica -por homicidio doloso- más de 33 mil mexicanos. Doce veces más muertos que en todos los años de un conflicto bélico de gran escala. Y eso está sucediendo -como lo alertó Trump en Conroe- no en Ucrania, sino en la frontera con México, a las puertas de los Estados Unidos.

Por eso no hay que subestimar la elevación de la temperatura de la clase política y empresarial norteamericana hacia México, hacia su gobierno de la Cuarta Transformación y ahora -con todo su nombre y apellido- hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por eso, el inquilino de Palacio Nacional lanzó esta semana dos pañuelos blancos. Uno, la recuperación del poblado de Aguililla, en Michoacán, el hogar de Nemesio Oceguera, alias “El Mencho”, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y la visita personal a aduanas clave, como la de Nuevo Laredo, donde tienen lugar los grandes trasiegos de droga.

De acuerdo a los analistas cercanos al Potomac, si en las próximas semanas no hay alguna rectificación en Palacio Nacional, el punto de ebullición en este forcejeo se alcanzará durante el próximo verano, entre junio y agosto.

Y esa temperatura se está elevando todavía más con el cabildeo intensivo de empresarios, políticos y propietarios de medios de comunicación mexicanos, que están cabildeando más allá de nuestras fronteras, convencidos que sin Washington la espiral descendente de México será imparable.