El ultimátum al Bronco

Al gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, le llegó un ultimátum.

El Bronco y su secretario de gobierno, Manuel González, serán juzgados por el Congreso del Estado por las irregularidades en las que incurrió su administración durante la campaña presidencial del fallido candidato independiente.

Ésta no es una posibilidad política, sino una resolución judicial de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que ordena al Poder Legislativo local a determinar una sanción contra el gobernador y su secretario de gobierno antes de que finalice el siguiente periodo ordinario de sesiones. Es decir, antes del 20 de diciembre del 2019.

Código Magenta tuvo acceso a la sentencia del tribunal; en la que se pide al Congreso del Estado hacer cumplir lo que esa misma Sala Regional había determinado hace un año: que tanto Jaime Rodríguez como Manuel González son responsables de “no tomar las medidas óptimas y eficaces para evitar el despliegue del uso del servicio público para captar apoyos a favor del candidato independiente”.

La Sala Regional del TEPJF encontró que 572 funcionarios del gobierno del Estado de Nuevo León recabaron firmas para la candidatura del Bronco en horario laboral: una violación flagrante de la Ley Electoral.

Pero si esa resolución se emitió hace un año, ¿por qué no se ha sancionado al gobernador? Porque esa no es una facultad del Tribunal Electoral, sino del Congreso del Estado.

Esto implica que se realizará una suerte de juicio político para definir el futuro del Bronco y de la figura más importante de su gabinete.

Al igual que Baja California en el caso de la Ley Bonilla, el gobierno de Nuevo León estaría al borde de desencadenar una crisis constitucional sin precedentes en caso de caer en desacato.

Por eso es importante entender cómo llegamos aquí: cuando Samuel García era diputado local, interpuso una denuncia en contra del Bronco y su gobierno por las irregularidades de su campaña presidencial.

El 21 de junio del 2018, la Sala Superior del TEPJF le dio la razón a Samuel y determinó que tanto Jaime Rodríguez como Manuel González incurrieron en ilegalidades. Eso quedó asentado, pero no se definió la sanción. El Poder Judicial le comunicó al Congreso local que esa parte les tocaba a ellos.

El problema es que el caso nunca avanzó. La sentencia del TEPJF resolvió que el Congreso no ha cumplido con la resolución original de 2018.

Pasaron dos periodos ordinarios de inactividad en la que ni el Pleno, ni el Presidente del Congreso, ni la Comisión Permanente ni la Comisión Anticorrupción hicieron algo al respecto.

Lo único que sucedió en este tiempo fue que esa sentencia se archivó en la Comisión Anticorrupción “para su estudio”.

Sin embargo, las cosas cambiaron. El Tribunal Electoral dio respuesta a un recurso de incidente de incumplimiento de sentencia que interpuso Samuel García para reclamar la falta de acción del Congreso.

La Sala Regional vinculó a la Comisión Anticorrupción y a su Presidente, el diputado Arturo de la Garza, de Morena; así como al Pleno del Congreso y al Presidente, el diputado Marco Antonio González, del PRI.

El juicio al Bronco en el Congreso es un hecho; las consecuencias podrían ser impredecibles.