Todos los caminos llevan a Slim

En el tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene tres opciones:

1.     Cancelar el proyecto y perder 100 mil millones de pesos, según sus propias estimaciones.

2.     Seguir con la construcción del nuevo aeropuerto tal y como está y pagar un proyecto de 13 mil millones de dólares que ha sido muy cuestionado por costos, corrupción e impacto medioambiental.

3.     Concesionar el proyecto en su totalidad al único empresario que ha levantado la mano para hacerse cargo del desarrollo de infraestructura más importante del país.

En este sexenio, se vendió la idea de que Carlos Slim era el enemigo número uno de la administración de Enrique Peña Nieto en el momento en el que se aprobó la Reforma de Telecomunicaciones.

Nada más alejado de la verdad. Sí, América Móvil fue declarado agente preponderante por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero el hombre más rico de México fue compensado.

De acuerdo a un reporte del Instituto Mexicano de la Competitividad, Operadora CICSA, propiedad de Slim, fue la empresa más beneficiada por contratos de obra pública en este sexenio.

No es casualidad que las empresas de Slim sean también las mayores beneficiarias del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la obra de infraestructura más importante de este gobierno.

Ésta es una de las razones por las que el proyecto ha sido tan cuestionado. Los empresarios que desarrollarán el aeropuerto no sólo son parte de la élite del Consejo Mexicano de Negocios, sino que se han convertido en sinónimo de influencia política: Carlos Slim, Carlos Hank, Olegario Vázquez, María Asunción Aramburuzabala, Hipólito Gerard, etc.

López Obrador ha llamado a consulta pública la construcción del nuevo aeropuerto, aún y cuando su equipo está completamente consciente de que el proyecto alternativo, el de la base militar de Santa Lucía, es inviable.

Esta simulación es una táctica política para evitar la responsabilidad de aprobar un desarrollo de infraestructura que está plagado de irregularidades y que se ha convertido en un cheque en blanco para Slim.

El mayor contratista del sexenio es también el mayor contratista del proyecto. Slim es el único empresario que aparece en todos los niveles del aeropuerto.

El proyecto se asignó por adjudicación directa al despacho del arquitecto británico, Norman Foster y a Fernando Romero, yerno de Carlos Slim.

La selección la realizó un Comité Honorario de Expertos que fue armado por la empresa paraestatal Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Arturo Elías Ayub, otro yerno de Slim, fue parte de este comité.

Este contrato de 2,700 millones de pesos ha sido modificado en dos ocasiones. El consorcio Foster-Romero ha elevado el costo original del diseño en un 46 por ciento.

El edificio terminal, que costará 4,590 millones de dólares, será construido por un consorcio que incluye a dos empresas controladas por Carlos Slim: Operadora CICSA y FCC, una constructora española que fue rescatada por “El Ingeniero” en el 2015, un año clave en la asignación de contratos del nuevo aeropuerto.

Grupo Carso, el conglomerado central del grupo empresarial de Slim, será el responsable de construir una de las tres pistas del NAIM.

En marzo de este año, cuando el tema del aeropuerto se volvió central en la campaña política de López Obrador, el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México lanzó una emisión de 30 mil millones de pesos al público inversionista para financiar la construcción del proyecto.

De golpe, un grupo de fondos administrados por empresas de Carlos Slim, adquirieron el 45 por ciento de esta deuda.  La mayor parte se capitalizó con recursos de la Afore Inbursa.

Los bonos de la Fibra E sellaron el destino del aeropuerto. Los instrumentos están garantizados por los ingresos de las tarifas de uso del actual aeropuerto de la Ciudad de México, cuyos derechos fueron adquiridos por Nacional Financiera en una cuestionada operación de alrededor de 9 mil millones de dólares.

Es decir, en última instancia, el gobierno se comprometió a seguir pagando los bonos adquiridos por Inbursa, independientemente de si el nuevo proyecto será cancelado o no.

La consulta de López Obrador ha puesto a los mexicanos a escoger entre una opción inviable que le hará perder al gobierno 100 mil millones de pesos y un proyecto que, utilizando las palabras usadas en la columna de Jorge Castañeda, “se construyó para robar”.

La única salida para no utilizar recursos públicos en todas las fases del proyecto sería a través de la figura de la concesión, tal y como lo ha estado sugiriendo el propio Carlos Slim.

Pero eso significaría hacerlo en sus propios términos e incluso requeriría de modificaciones a la Ley de Aeropuertos y de cabildeo ejecutivo en la Comisión Federal de Competencia Económica.

Slim parece tener todas las respuestas: ha dicho que pueden ahorrarse mil millones de dólares si se utilizan materiales nacionales en vez de materiales importados. Así de sencillos.

Que nadie se sorprenda si López Obrador le toma la palabra. El acercamiento entre el Presidente Electo y “El Ingeniero” es más que evidente.

La lección es clara: no importa quien sea el Presidente, Carlos Slim siempre encuentra la manera de ganar.