Telecom en México: mismos intereses, nuevos escándalos

¿Qué pasó?

El sector de telecomunicaciones en México sigue condicionado por la cercanía entre el poder político y el poder económico, al menos así lo exhibe el rescate de Altán Redes y el nombramiento del ex comisionado presidente del IFT como directivo de AT&T.

¿Por qué importa?

De acuerdo con reportes, Altán Redes, la compañía creada en la administración de Enrique Peña Nieto recibirá una inyección de fondos de entre 167 y 350 millones de dólares, pese a que AMLO se había comprometido a no rescatar a privados con dinero del Erario.

El contexto:

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que su gobierno tomará el control accionario de Altán Redes para garantizar el servicio de Internet en todo el país, porque “es un asunto de Estado”.

Los detalles:

• De acuerdo con el contexto de analistas, antes de optar por el rescate de Altán Redes, la administración de AMLO tendría que explicar por qué no se han activado los mecanismos de escrutinio y rendición de cuentas en torno a la reforma de telecomunicaciones de 2013.

• Además, según refiere Irene Levy, columnista de El Universal, para evitar un desastre como el que atraviesa Altán Redes se creó un organismo descentralizado llamado Promptel, con el que se firmó un contrato y se establecieron una serie de candados.

• Entre los lineamientos entre ambos se cuenta con un fideicomiso de mil millones de pesos, además de un fondo de reserva para la cobertura requerida y una garantía de cumplimiento de 5 mil millones de pesos, los cuales -hasta el momento- no se han mencionado en el tan megapublicitado “rescate”.

• La periodista agrega que la inyección de recursos anunciada por el presidente López Obrador servirá para evitar la quiebra de Altán, al menos hasta el final del sexenio, pero insuficiente para captar las inversiones necesarias para darle viabilidad al proyecto.

• Para lograrlo sería necesario que el gobierno de la 4T echara a andar un “plan emergente” realmente estratégico para garantizar la conectividad y la competencia, en el que se involucren tanto a CFE Telecom como la industria.

Gabriel Contreras, del IFT a AT&T México

• Si bien la reforma en telecomunicaciones, impulsada en 2013, representó un manotazo en la mesa para trastocar el “status quo” entre la regulación y la judicialización, poco o nada ha cambiado al respecto en el actual gobierno.

• Como muestra está el reciente nombramiento de Gabriel Contreras como consejero general, vicepresidente Legal y de Asuntos Externos de AT&T México, después de pasar siete años como comisionado del ahora Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuatro de ellos en calidad de presidente.

• Y es que de acuerdo con el analista Roberto Rock, la reglamentación mexicana es limitada y ambigua en ese sentido, en el que altos funcionarios aprovechen las llamadas “puertas giratorias” para labrarse un futuro mejor fuera del gobierno.

• A la fecha, dicha situación no está tipificada como un delito e inclusive, la normatividad mexicana sólo contempla un “enfriamiento” o espera de un año antes de que un funcionario pueda dar el salto de un órgano regulador a un privado.

• “Sin bien desde 2015 se han legislado principios adicionales en materia de conflictos de interés, a decir de expertos consultados, carecen aún de una reglamentación que los haga aplicables”, refirió el editorialista de El Universal.

• En países como Estados Unidos, dicho proceso contempla un periodo de cinco años; en naciones como Japón, Inglaterra y Holanda es de dos años, mientras que en Francia existen órganos específicos que se encargan a de definirlo. En tanto, en México, la Suprema Corte anuló en abril una reforma impulsada por AMLO que imponía un periodo de gracia de 10 años.