Son culpables, pero inocentes

Una vez más, a Samuel García y su influencer esposa, Mariana Rodríguez, se les halla culpables… pero se les declara inocentes.

Ahora toca el caso del “permiso de convivencia familiar” a través del cual, el DIF de Nuevo León les prestó a un bebé de pocos meses de edad, para que el gobernador de Nuevo León y su influencer esposa jugaran a ser los “papás fosfo” un fin de semana, en su casa.

El hecho provocó un escándalo nacional porque el pequeño fue expuesto en las redes sociales -operadas por Mariana Rodríguez- a todo tipo de videos y fotografías, exponiéndolo sin cuidar su identidad, vistiéndolo con la camisa de los Tigres y con unos tenis fosfo-naranja de Movimiento Ciudadano. Manipulación comercial y política del bebé.

Por supuesto que el asunto levantó un alto revuelo no solo local, sino nacional e internacional, con la condena unánime de las organizaciones de protección a los derechos del menor, que calificaron el hecho como una abierta ilegalidad sobre los procedimientos de adopción y custodia, además de una flagrante agresión a los derechos del menor.

Pues ayer lunes 24 de enero, la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Nacional del DIF emitió un comunicado sobre sus indagatorias.

Y en sus conclusiones advierte que “derivado de la información recibida se desprende que no existe un proceso de adopción en curso que involucre al niño, ni tampoco a la familia integrada por el C. Samuel García Sepúlveda y la C. Mariana Rodríguez Cantú”.

En lenguaje llano, directo, no se cubrieron ninguno de los protocolos para cumplir con lo que se exige para que, de manera definitiva o temporal, se pudieran llevar al bebé a su casa.

El mismo reporte dice que “la Procuraduría de Protección de Nuevo León informó que, desde hace tres meses, el niño recibe visita diaria por parte de la C. Mariana Cantú”, sin aclarar o justificar las razones de dichas convivencias y argumenta que se autorizó la salida del niño bajo la responsabilidad de la C. Mariana Rodríguez Cantú, por representar para él una “figura significativa”.

Vale preguntar a quien autorizó a la primera dama de Nuevo León a visitar diariamente al bebé durante 90 días. Y, sobre todo, quién entrevistó al bebé para que este declarara que Mariana Rodríguez era una “figura significativa” que le autorizaba a llevárselo, sin cumplir los protocolos de ley.

La misma Procuraduría de Protección de Nuevo León y el Director del Centro de Atención al Menor y a la Familia admiten haber otorgado “el permiso para que el niño quedara bajo resguardo del matrimonio durante un fin de semana como medida especial”.

¿O sea que por ser el Gobernador y su esposa tienen consideraciones especiales, distintas a las que se le exigen al resto de los ciudadanos que buscan desde hace años adoptar un niño?

Peor aún, en el mismo comunicado dicen que “no se proporcionó evidencia que acredite que la medida antes señalada se emitió con las formalidades que exige la ley, como lo es que se encuentre por escrito, debidamente fundada y motivada, así como apegada al interés superior del niño, conforme se solicitó en el requerimiento de información”.

Traducido al castellano, no existió el papeleo legal y formal para sacar al bebé del DIF Capullos como se exige a cualquiera. Por lo tanto, se transgredió la ley.

Frente a esas fallas tan evidentes que violan los procedimientos, “la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Nacional hizo un nuevo requerimiento a la Procuraduría Estatal, para concluir el análisis sobre el supuesto “permiso de convivencia familiar””.

En pocas palabras, el DIF Nacional, asumiendo los criterios de que no existían ni papeles, que se dio un permiso especial y que no se cumplieron las normas básicas para sustraer al menor de su ambiente, exige más información a las autoridades de Nuevo León.

Pero la joya del documento viene cuando se dice que “la Procuraduría de Protección de Nuevo León estima que el hecho de que la imagen y datos personales del niño hayan sido expuestos de manera masiva no configura una violación al derecho de intimidad”, bajo el argumento de que “No se considerará injerencia ilegal o arbitraria aquella que emane de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guardia o custodia…”.

¿Nos pueden aclarar en qué momento adquirieron el Gobernador y su influencer esposa la patria potestad, la tutela, la guardia o la custodia del bebé, como para evitar que se les configure la violación al derecho de su intimidad?

Ya en el colmo del servilismo, la Procuraduría de Protección de Nuevo León sostiene “que la afectación al derecho de identidad únicamente puede realizarse por medios de comunicación, pues son estos los que han difundido información sobre el niño tomando las imágenes de las redes sociales de un particular, de la C. Mariana Rodríguez Cantú”.

Una verdadera joya. ¿Las redes sociales son privadas? ¿O sea que la influencer esposa del gobernador de Nuevo León puede difundir decenas de imágenes y videos entre sus 4 millones de seguidores, y los culpables de afectar el derecho a la identidad del bebé acaban por ser los medios de comunicación que tomaron esas imágenes y videos para mostrar el delito? No resiste discusión.

Quizá por eso la Procuraduría Nacional del DIF convocó una reunión urgente, para hoy martes, en un intento por revisar la legislación, procedimientos y protocolos para las adopciones.

A ver si no pasa con este caso lo mismo que sucedió con los millonarios “donativos” de la familia de Samuel García a su campaña y a Movimiento Ciudadano, caso que se devolvió al INE y que todavía no está cerrado.

Es decir, en el caso del bebé sí hay evidencias, abundan los elementos para dictaminar culpabilidad, pero la negociación política los manda a dormir el sueño de los justos.

O sea que son culpables, pero son inocentes.