Sheinbaum y Salinas: Cambio de juego

Desde que Ricardo Salinas Pliego hizo pública la posibilidad de ser candidato presidencial de oposición, el número de veces que ha sido mencionado en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha multiplicado.

En una semana, la mandataria se refirió en cuatro ocasiones al empresario mexicano, propietario de Grupo Salinas y concesionario de la señal de TV Azteca. Sheinbaum fue crítica en todas las acusaciones: lo calificó como deudor fiscal, negó la posibilidad de negociar un litigio de impuestos, lo acusó de ser beneficiario irregular del Fobaproa y dijo, erróneamente, que Salinas Pliego pagó 25 millones de dólares en Estados Unidos para evitar ser detenido por un conflicto mercantil con la compañía AT&T.

“Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, es un asunto de ley. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso particular, él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague”, declaró la presidenta.

En respuesta, Salinas Pliego reclama que se ha utilizado la tribuna de la oficina pública más alta de la nación para atacar a un empresario particular. En una carta, el propietario de Grupo Salinas sugirió que está evaluando la posibilidad de demandar a Sheinbaum por difamación. “Las mentiras deben tener consecuencias”, dijo. Este planteamiento se ha interpretado como un redoblamiento de la apuesta en una disputa que ha trascendido de lo fiscal a lo político.

Sin embargo, en medio de la campaña contra Salinas Pliego, el gobierno mexicano realizó dos concesiones no intencionales.

Primero, en el discurso, la administración de Sheinbaum redujo la carga del crédito fiscal. Tanto Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta habían declarado que el presunto adeudo sumaba más de 70 mil millones de pesos, una cifra estratosférica que supera en más de diez veces las negociaciones de liquidación de impuestos que el gobierno ha cerrado con corporativos como Walmart o FEMSA. La semana pasada, cuando Grisel Galeano, procuradora Fiscal de la Federación fue llamada a la conferencia de prensa presidencial para explicar públicamente el expediente de Salinas Pliego, tasó el crédito fiscal en 48,382 millones de pesos. De golpe, el conglomerado de Salinas Pliego parece haber recibido una quita verbal de más de 20 mil millones de pesos.

Se trata de una reducción simbólica. En entrevista con Código Magenta, Salinas Pliego reveló que ya tenía un arreglo con el ex presidente Andrés Manuel López Obrador para cerrar el crédito fiscal con la liquidación de alrededor de 7 mil millones de pesos. El pacto llevaba la firma del titular del Ejecutivo y había sido avalado por varios miembros del gabinete federal. En la última milla de la negociación, el acuerdo colapsó. Salinas Pliego acusa a Antonio Martínez Dagnino, titular del SAT, de intentar extorsionarlo con la finalidad de allanarle el camino político a su amigo, Andrés Manuel López Beltrán, el hijo del ex presidente que, de acuerdo a su círculo cercano, tiene aspiraciones presidenciales.

En el centro de la disputa fiscal de Grupo Salinas con el Estado mexicano está el uso de la figura de consolidación fiscal, que permitiría agrupar las declaraciones de impuestos de un conglomerado para equilibrar pérdidas entre distintas verticales del negocio. Aunque el mecanismo fue derogado en la reforma del 2014, los litigios de Grupo Salinas comprenden ejercicios fiscales entre 2008 y 2013. En la exposición de la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, una diapositiva dice explícitamente que la consolidación fiscal “era un mecanismo legal”. Esta es la segunda concesión simbólica que el gobierno ha hecho en relación al caso Salinas Pliego.

A pesar de la confrontación política, de la retórica presidencial y de los ataques cruzados, la última palabra la tendrá la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso fue atraído por la ministra Lenia Batres, un perfil alineado completamente con los intereses de la coalición en el poder. En la antigua Suprema Corte, Batres fue obligada a recusarse de la discusión del caso de Grupo Salinas debido a su evidente animadversión pública contra el empresario mexicano. Ahora, quien se hace llamar “la ministra del pueblo” ha solicitado llevar el caso y la Corte se lo ha concedido.

En este contexto, Salinas Pliego ha intensificado su labor política y su discurso crítico contra el gobierno. El empresario ha sido particularmente duro en señalar los vínculos del crimen organizado con altos mandos del Estado mexicano. Este mes, Salinas Pliego anunció el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, un grupo que aglutina a académicos, comunicadores y activistas que se han plegado al discurso del concesionario de TV Azteca. La ruta de este conflicto será política.