Sheinbaum por la Libre

Una gran tormenta se le avecina al nuevo gobierno de la Ciudad de México. Y la causa es porque sus autoridades se fueron por la Libre.

El ojo de este huracán tiene que ver con la amenaza de cancelar unilateralmente la concesión de Libre, el modelo de negocio digital para los taxis públicos de la ciudad capital, con la que se reemplazarían los viejos y alterables taxímetros e inauguraría la competencia a Uber y Cabify.

El viernes pasado, la gobernadora Claudia Sheinbaum confirmó públicamente que congelará los contratos otorgados a la empresa Servicios Digitales Iusad S. de R.L. por su antecesor Miguel Ángel Mancera. Y lo justificó con tres mentiras.

La primera, que los contratos fueron asignados de manera directa, no por licitación, dejando en el aire el olor a corruptela. La aseveración es falsa, porque la licitación y sus resultados están publicados en La Gaceta de la Ciudad de México.

La segunda, que los concesionarios no tienen experiencia. También falso, considerando que el personal de la empresa fue reclutado en Apple, Uber e incluso entre funcionarios del Transporte en la Casa Blanca, en Washington. De eso puede dar fe Egon Zender, la firma internacional reclutadora de directivos de alto nivel.

La tercera, que Libre sería un negocio. ¿Alguien esperaba que fuera un ente de interés social? Con una inversión inicial de 250 millones de dólares para modernizar mas de 100 mil taxis y dar un servicio público mas eficiente y seguro, por supuesto que Libre fue creado como un negocio en el que por cierto el gobierno del Distrito Federal aparece como socio.

Aquí la pregunta de fondo es si la gobernadora Sheinbaum tiene la autoridad legal para desconocer unilateralmente un contrato vigente, licitado y firmado por la administración que la antecedió, al que ya se le invirtieron hasta ahora 100 millones de dólares, solo porque presunciones de opacidad.

El espinoso caso amenaza con convertirse en una tormenta muy similar a la que se presagiaba con los tenedores de bonos cuando fue cancelado el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Y al final del día se tuvieron que pagar.

Sencillamente los inversionistas nacionales y extranjeros de Libre, amparados en la legalidad de su lícita concesión, estarán en su derecho de acudir a los tribunales a reclamar la violación a los contratos.

Pero hete ahí que como entre los inversionistas existen de fondos norteamericanos y canadienses, el caso se volvería internacional y sin duda terminaría en juicios radicados en los Estados Unidos, bajo las reglas de diferendos marcadas por el nuevo Tratado de Libre Comercio.

Y si eso sucede, la responsabilidad de pagar daños no sería para el gobierno de la Ciudad de México, porque de acuerdo a esas reglas internacionales, el responsable de asumir la liquidación o la indemnización sería el gobierno federal. La papa caliente le caería injustamente al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y aquí cabe la pregunta ¿tiene el gobierno de la austeridad republicana los recursos suficientes para hacerle frente a la eventualidad de tener que cubrir dos mil millones de dólares en indemnización y eventuales daños punitivos por la unilateral cancelación de la concesión de Libre?

El absurdo del caso es que contratos en mano y listos 80 mil equipos de alta tecnología -comprados y en bodega- para ser instalados de inmediato en los taxis de la ciudad de México, el nuevo gobierno congela el proyecto.

¿Qué imagen se dará una vez mas a los inversionistas nacionales e internacionales que verán como en México, de un gobierno a otro, no se reconocen los acuerdos legales bajo el cual decidieron hacer su inversión?

La respuesta solo puede entenderse porque el nuevo gobierno de la Ciudad de México haya cedido a las presiones de quienes ya no tendrán el negocio –ese sí turbio- de los viejos taxímetros alterados.

O que alguien dentro del nuevo gobierno de la Ciudad de México ya tiene apalabrada con una empresa europea su propia solución. Pero para hacerlo están obligados a matar a Libre. Si no se recapacita, podría ser un escándalo.