Sheinbaum cerró los ojos

En la comunidad de El Verde, en el municipio de Concordia, en Sinaloa, se encuentra la que podría ser la fosa clandestina más importante del país. De acuerdo al testimonio privado de un activista de construcción de paz, ahí podrían encontrarse los cuerpos de cientos de víctimas de los primeros enfrentamientos entre ‘Los Chapitos’ y ‘La Mayiza’, las facciones rivales del Cártel del Pacífico que están enfrascadas en una guerra paramilitar y fratricida. “Ellos enterraban a sus muertos”, dijo a Código Magenta el activista, quien ha pedido permanecer en condición de anonimato por razones de seguridad. “Limpiaban la zona antes de que llegara el Ejército”, sostiene. Ayer, lunes 6 de abril, las autoridades identificaron en esa comunidad los cuerpos de dos trabajadores de la compañía minera canadiense Vizsla Silver que fueron secuestrados hace más de dos meses.

El testimonio es una estampa brutal y fría de la crisis de desaparecidos en México. El Verde, Ayoztinapa, Teuchitlán, Patrocinio: la evidencia de que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad es visible para todos, menos para el gobierno. Siguiendo la línea de sus antecesores, de Felipe Calderón a Andrés Manuel López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum niega tajantemente que México esté situado en una crisis humanitaria. Los datos del propio Estado mexicano refutan el discurso oficial: 132 mil personas desaparecidas, tan sólo 28 mil registradas en los últimos dos años. Cuarenta seres humanos dejan de ser localizables cada día. Estas son las cifras de un país en guerra y de una sociedad indolente.

El pasado 3 de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada determinó solicitar al secretario general de la ONU, António Guterres, que remita a la Asamblea General la situación sistemática y generalizada de desapariciones forzadas en México para “movilizar la atención internacional” y “dictar medidas de apoyo” con base en el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra la Desaparición Forzada. Esto implica tomar acciones concretas para prevenir, investigar, castigar y erradicar la desaparición forzada mediante políticas de asistencia para la búsqueda, análisis forense e investigación de vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado. El Sistema Universitario Jesuita, que ha documentado casos muy amplios de desaparición forzada en México, destaca que “desde su conformación, esta es la primera vez en la historia que el Comité activa este procedimiento extraordinario y de carácter preventivo, cuyo objetivo es brindar apoyo internacional cuando la desaparición se presenta de manera generalizada o sistemática”.

El mecanismo podría significar un punto de inflexión en la crisis de desapariciones en México. Sin embargo, al igual que Felipe Calderón rechazó los diagnósticos de Amnistía Internacional y de la misma manera en que Enrique Peña Nieto vetó al Grupo Interdisciplinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum optó por minimizar el problema. “No tiene nada que ver con los gobiernos de la Cuarta Transformación”, respondió la inquilina de Palacio Nacional en la conferencia matutina de este lunes, ante la pregunta sobre la solicitud del Comité de la ONU. “El Estado nunca puede usar la desaparición como un mecanismo de control”, sentenció Sheinbaum. Sus palabras están divorciadas de la realidad. ¿Si una alerta internacional, sin precedentes, no tiene la fuerza suficiente para movilizar al gobierno, qué tiene que suceder para que el poder político tome acciones contundentes para detener los crímenes de lesa humanidad en el país?

La respuesta del gobierno de México no pudo ser más pobre. En un comunicado conjunto, de respuesta a la invocación del Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Relaciones Exteriores plantearon que las desapariciones en México no son sistemáticas y que fueron un fenómeno propio de las administraciones de Calderón y Peña Nieto. Además, acusaron que el informe fue parcial y sesgado, e incluso, llegaron al grado de denunciar un conflicto de interés de los integrantes del Comité de la ONU. Haciendo exhibición de la pérdida total de su autonomía, la Comisión Nacional de Derechos Humanos rechazó las conclusiones del reporte de desapariciones y decretó que “ya no se cometen ejecuciones extrajudiciales”.

El gobierno tomó las conclusiones del Comité de la ONU como un asunto personal, como una conspiración partidista, no como el reflejo de una crisis de crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, la solicitud que el Comité hace al secretario General de la ONU es producto de la recopilación de  información que data desde 2012. El reporte incluye consultas permanentes con la sociedad civil, requisiciones de información al gobierno (que fueron entregadas en septiembre de 2025) y observaciones de una visita a México realizada en 2021. No es un asunto partidista contra la 4T, es una alerta para todo el Estado mexicano de que se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas con la complicidad y omisión del poder político.

La constitucionalista mexicana Melissa Ayala lo explica de esta manera: “El artículo 34 de la Convención señala que si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el país, y tras haber solicitado del Estado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del secretario general de las Naciones Unidas. Ese matiz es importante. El propio Comité lo explica con claridad: no actúa como una comisión de investigación ni tiene que acreditar responsabilidades bajo estándares probatorios estrictos. Su función, en este punto, es distinta. Evaluar si lo que tiene enfrente alcanza para encender una alerta a nivel internacional”.

Al gobierno de Claudia Sheinbaum parece molestarle un aspecto particular del mecanismo: la revisión e investigación de los vínculos de la clase política con el crimen organizado. A pesar de la pérdida de gobernabilidad y a pesar de que el Estado mexicano cedió el control de un tercio del territorio nacional a los cárteles, esta administración no está dispuesta a llegar al fondo para quebrar los nexos entre los funcionarios públicos y la delincuencia organizada.

En contradicción a lo que el gobierno mexicano respondió al Comité de la ONU, que en México ya no se realizan las desapariciones forzadas, la Fiscalía General del Estado de Tabasco informó esta semana que Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad Pública del estado, fue vinculado a proceso por desaparición forzada de personas y podría recibir una pena de 60 años de prisión. No hay un caso más emblemático de colusión criminal que el del círculo del ex gobernador de Tabasco y ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Con base en datos del propio gobierno, el académico Jacobo Dayán destaca que “hay un crecimiento exponencial, brutal, de personas desaparecidas a partir de que ‘La Barredora’ se hizo gobierno”.

La complicidad criminal del Estado, la tolerancia a la colusión, está íntimamente ligada a la violencia, concluye Dayán. En ese sentido, plantea como ejemplo que, de acuerdo a la acusación que hizo la Fiscalía General de la República contra los funcionarios de la Secretaría de Marina involucrados en una trama de huachicol fiscal, el barco que introdujo petróleo de contrabando también trasegó armas para los cárteles. Contrario al discurso de Presidencia, la propia FGR evidencia que los agentes del Estado son la columna vertebral del mundo criminal en México.

El analista de seguridad, Eduardo Guerrero, coincide con esta apreciación: “En México se han registrado y todavía se registra una participación alarmante de agentes estatales en la desaparición de personas. Para empezar, porque la operación cotidiana de grupos paramilitares o brazos armados del crimen organizado sería imposible sin algún grado de omisión o complicidad de las autoridades”.

La respuesta del gobierno de Sheinbaum a la crisis de desaparecidos es de forma, no de fondo. Su administración anunció la creación de un Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que recorta de 132 mil personas a 42 mil personas la lista de quienes podrían ser buscadas por el Estado. Paradójicamente, de esta cifra, sólo hay 3 mil 869 casos en los que las fiscalías han abierto alguna carpeta de investigación. En Jalisco, territorio donde el CJNG realiza desapariciones forzadas con ayuda de las policías locales de manera sistemática, el gobierno sólo reportó a la ONU 5 mil 225 de 11 mil 660 casos de desaparición registrados en los últimos seis años. De esa cifra, el Poder Judicial únicamente dictó nueve sentencias. La falla del sistema es total. Jorge Ramírez, sociólogo de la Universidad de Guadalajara y especialista en el fenómeno de desapariciones, califica esta política como un ejercicio de “borrón y cuenta nueva”.

Iniciativa Sinaloa, un grupo de la sociedad civil que opera en el corazón de un conflicto de guerra paramilitar, criticó que “desde el escritorio, el Estado propone otra interpretación en la que sólo una tercera parte del registro tiene suficientes datos para ser buscado… en lugar de dar certidumbre a las familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda, el informe que presentó este viernes la Presidencia de la República deja más desesperanza que respeustas”.

Esa es la palabra, desesperanza. El gobierno de Claudia Sheinbaum, “el más humanista de la historia”, cerró los ojos a una crisis de crímenes de lesa humanidad. México merece otra respuesta.