Segundo divorcio: Un general que defienda

Consumado con la Reforma juarista el divorcio entre el Estado mexicano y la Iglesia, la urgencia del nuevo matrimonio pasó por las armas.

Las invasión de los Estados Unidos en 1946 y la segunda intervención francesa de 1862, obligaban a la defensa de la soberanía nacional y del territorio que conservamos.

Por eso se aceptó con entusiasmo que un militar, un héroe de la Batalla de Puebla, el General Porfirio Díaz, asumiera en noviembre de 1876 la presidencia de México.

La urgencia del nuevo matrimonio del Estado era con las armas, con las milicias nacionales que impidieran una mayor pérdida del territorio que el que se dio cuando los norteamericanos invadieron a México.

Díaz entendió puntualmente los miedos de los mexicanos que temían nuevas invasiones. Y desde un gobierno de mano firme le dio certidumbre a un país convulso, intervenido y mancillado en su territorio, en su soberanía y en su orgullo nacional.

Durante 30 años don Porfirio -como se le conocía popularmente-  significó la garantía no solo de la estabilidad territorial y la paz, sino del inicio de un proceso de modernización de México en los albores del siglo XX.

Pero sus avances en la construcción de la infraestructura para el desarrollo, coronada con una extraordinaria red de ferrocarriles, no fue suficiente para sofocar la intranquilidad que se gestaba desde el analfabetismo y la miseria de las mayorías.

Su gabinete, bautizado desde entonces como Los Científicos,  por su ortodoxia para manejar el gobierno, ignoró el llamado de la democracia que ya imperaba en países políticamente mas avanzados. Y la postergación de unas elecciones libres acabó por sepultar al Porfiriato.

El instigador de este segundo divorcio –el del Estado con los militares- fue Francisco I. Madero, un coahuilense de familia acomodada, nacido en 1873, apenas tres años antes de que el General Porfirio Díaz asumiera por primera vez la presidencia de México.

Fundador en 1909 del Partido Nacional Antirreleccionista, que buscaba el fin de la dictadura de tres décadas y la instauración de la democracia, Madero logró con su Plan de San Luis derrocar a Díaz con un mantra de cuatro palabras: Sufragio Efectivo, No Reelección.

Era el principio del divorcio entre el Estado y los militares, en los días en que la industrialización tocaba ya a las puertas de un México asentado en ricos yacimientos de petróleo.

La mejor muestra de este despertar de modernismo se dio  en los años anteriores a la proclama revolucionaria, cuando el empresario británico Sir Weetman Dickinson Pearson fundó en 1906 la Compañía de Petróleo El Águila.

Con las enormes facilidades de inversiones y con abundantes exenciones fiscales otorgadas por el entonces ministro de Hacienda, Jaques Yves Limantour, Dickinson construyó la primera refinería en Minatitlán, Veracruz.

Para 1909, ya con el virus revolucionario inoculado, el empresario británico reorganizó el Consejo de Administración de El Águila.

En ese Consejo figuraban el gobernador del Distrito Federal, Guillermo de Landa y Escandón; el gobernador de Chihuahua, Enrique C. Creel; el presidente del Consejo de Ferrocarriles Nacionales, Pablo Macedo; el presidente del Banco Central Mexicano, Fernando Pimentel y el coronel Porfirio Díaz Ortega, hijo del presidente que dos años después sería derrocado.

Para 1910, cuando estalló la Revolución, la Compañía El Águila manejaba el 50% del mercado nacional de crudo y combustibles.

La señal era clara. La urgencia del nuevo matrimonio del Estado mexicano ya no era con el clero, ni con los militares, sino con el capital.

Sólo así se aspiraría a la posibilidad de insertar a México en la nueva era industrial, que despegaba con todo el ímpetu en la primera década del Siglo XX.