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15 de marzo 2023

Política

Segalmex, Odebrecht y Gertz Manero

Hablemos del caso Segalmex y del caso Odebrecht, dos causas que hoy son prioridad en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero y que esconden un posible pacto de impunidad

Por Rodrigo Carbajal

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Hablemos del caso Segalmex y del caso Odebrecht, dos causas que hoy son prioridad en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero y que esconden un posible pacto de impunidad.

El caso Segalmex es la trama de corrupción más importante del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un desfalco al Estado mexicano en el que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado irregularidades por 15,308 millones de pesos, un monto que equivale a más del doble que la Estafa Maestra.

La semana pasada, un juez federal emitió órdenes de aprehensión contra 22 personas vinculadas al caso, incluidos doce ex funcionarios. Ninguna de ellas toca al ex director de Segalmex y amigo personal del presidente López Obrador, Ignacio Ovalle, quien en abril de 2022 fue reasignado como director del INAFED de la Secretaría de Gobernación.

Por otro lado, el caso Odebrecht es la trama de corrupción más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto, un entramado de sobornos, paraísos fiscales y desvío de recursos públicos en la campaña presidencial del PRI de 2012.

El lunes en la noche, después de tres años y ocho meses de que inició el proceso, un juez federal dictó auto de apertura de juicio en contra del ex director de Pemex, Emilio Lozoya. Esto cancela la posibilidad de un criterio de oportunidad y echa por la borda la oferta que hizo la defensa de Lozoya de pagar 200 millones de pesos para resolver el caso a través de un acuerdo reparatorio.

Tanto en el caso Segalmex como en el caso Odebrecht, la Fiscalía General de la República incurrió en conflictos de interés y en criterios diferenciados. Dos situaciones emblemáticas de lo que hace meses el influyente senador demócrata, Bob Menéndez, denunció como la politización de la fiscalía mexicana.

En la causa de Segalmex, no hay indicios de que el gobierno mexicano tenga voluntad política para procesar a Ignacio Ovalle. Uno de sus principales operadores en la dependencia, Antonio del Valle, ahora es un asesor del fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.

Segalmex es el foco rojo de corrupción de la administración de Andrés Manuel López Obrador. La dependencia ha estado envuelta en tramas de desvío de recursos públicos a proyectos inmobiliarios y activos bursátiles, compras a proveedores con sobreprecio, pago de nóminas fantasma y un esquema de 200 millones de dólares que fue utilizado para evadir las sanciones financieras de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

El caso tiene implicaciones internacionales. En 2019, Libre Abordo, una empresa sancionada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, firmó un acuerdo con Segalmex para venderle 210 mil toneladas de maíz al gobierno de Maduro a cambio de 2 millones de barriles de petróleo. El negocio fue coordinado por Alex Saab, el empresario colombiano que es acusado de ser el testaferro del presidente de Venezuela y que enfrenta cargos criminales en una corte de Florida.

En la causa de Odebrecht y de Emilio Lozoya, la FGR de Alejandro Gertz Manero firmó un acuerdo reparatorio de 200 millones de dólares con el presidente de Altos Hornos de México, Alonso Ancira Elizondo.

Este acuerdo es a todas luces ilegal, de acuerdo a la plataforma de abogados TOJIL. La FGR acusó a AHMSA de enviar tres millones de dólares a Lozoya a través de la empresa fantasma Tochos Holding Limited en las Islas Vírgenes Británicas. Y uno de los socios de Ancira, Arturo Henríquez Autrey, fue colocado como director de Pemex con Lozoya.

Eso no fue suficiente para procesar a Ancira. El empresario negoció su salida de prisión en marzo de 2021, a pesar de que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita no está considerado dentro del catálogo permitido para la firma de un acuerdo reparatorio.

Además, Ancira, quien actualmente es un factor de poder en la elección a la gubernatura de Coahuila, no cumplió con las condiciones del acuerdo, que era vender su compañía a Grupo Villacero, del empresario regiomontano Julio Villarreal.

Dos años después, el Consejo de Administración de Altos Hornos de México le otorgó a Ancira el poder de negociar la venta de la compañía. El mes pasado, Grupo Acerero del Norte, el holding de AHMSA, llegó a un acuerdo con un fondo internacional para vender sus acciones. Se estima que el monto de la operación será de 500 millones de dólares más 900 millones de dólares de deuda.

Este es el precio de la impunidad.

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