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19 de abril 2025

25 de noviembre 2020

Política

“Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo”: Rosario Robles

La ex titular de Sedatu y Sedesol aseguró que pidió a sus abogados generar una estrategia jurídica para ser testigo colaborador de la FGR en la investigación sobre la “Estafa Maestra”.

Por Redacción Magenta

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La ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, aseguró que dentro de la investigación que se realiza sobre los desvíos de recursos de la llamada “Estafa Maestra” a campañas electorales, han hecho declaraciones que no han sido consultadas por ella, por lo que solicitó a sus abogados a atenerse a un proceso jurídico.

 “Se han hecho declaraciones que no han sido acordadas conmigo. He instruido a mis abogados atenerse al procedimiento judicial. Lo que sí debo decir es que hablaré con la verdad”, publicó Robles en su cuenta de Twitter. 

¿Por qué es importante?

El abogado de la ex titular de la Sedesol aseguró a medios de comunicación que Robles, quien está presa en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla desde el 13 de agosto del año pasado, se acogería al criterio de oportunidad como testigo colaborador para denunciar al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, en relación al caso de la “Estafa Maestra”. 

Detalles

■Los abogados de la ex titular de la SEDESOL, anunciaron recientemente que Robles aportaría elementos para probar que el dinero que se obtuvo en la “Estafa Maestra” fue a parar a las campañas del PRI.

■Según las investigaciones, las campañas políticas del PRI que resultaron beneficiadas con el desvío de recursos fueron las de intermedias de 2015 y la presidencial de 2018, donde se postuló como candidato a José Antonio Meade.

■Asimismo se ha vinculado a Luis Videgaray, ex secretario de Relaciones Exteriores, como uno de los principales operadores de la “Estafa Maestra”.

■ “La Estafa Maestra” descubrió un sistema de 128 empresas fantasmas a través de las cuales el gobierno federal encabezado por el ex Presidente Enrique Peña Nieto desvío 400 millones de dólares a través de 11 secretarías de Estado, 8 universidades, empresas privadas y más de 50 servidores públicos de distintos niveles de gobierno con la finalidad de favorecer a campañas políticas.

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