SCJN avalaría acuerdo de militarización

¿Qué pasó?

• La Primera Sala -y no el Pleno- de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este miércoles la constitucionalidad del acuerdo que le permitió al presidente Andrés Manuel López Obrador desplegar 80 mil efectivos del Ejército en tareas de seguridad pública hasta el 27 de marzo de 2024.

• El proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat estipula que el acuerdo publicado en mayo del 2020, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), no viola la Constitución ni invade facultades del poder legislativo.

¿Por qué importa?

Seguridad Sin Guerra, una organización de la sociedad civil, hizo un llamado a que la SCJN intervenga conforme a derecho para contener lo que calificó como “el uso desmedido, opaco y sin control que este gobierno ha hecho de las Fuerzas Armadas”.

El contexto:

El sábado, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, emitió un discurso con fuertes connotaciones políticas de apoyo al proyecto de la 4T, que se inscribe en el contexto de que AMLO está haciendo de las Fuerzas Armadas un actor económico preponderante en la infraestructura estratégica del país.

Los detalles:

• Aunque el proyecto de la ministra Ríos Farjat no se ha hecho público, declaró como “infundada” la controversia constitucional presentada por la panista Laura Rojas, entonces presidenta de la Cámara de Diputados, quien sostenía que dicho acuerdo creó un marco legal demasiado amplio.

• Lo anterior permitió la movilización, dijo, de miles de soldados de manera indiscriminada, sin que se cuente con los controles de excepcionalidad, subordinación y fiscalización establecidos en la Constitución.

• El lunes, el colectivo Seguridad Sin Guerra se pronunció para que por su trascendencia, el tema sea llevado ante el Pleno y no que fuera discutido ni votado en la Primera Sala, por el riesgo de aprobar un acuerdo que “emite un cheque blanco a las fuerzas armadas para actuar sin controles ni vigilancia”.

• De acuerdo con Animal Político, el proyecto de la ministra Ríos Farjat concluye en primera instancia que la orden del presidente se trata de un “acto” que materializa lo ya contemplado en el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional con la que se creó la Guardia Nacional (despliegue de las Fuerzas Armadas hasta que se termine de conformar la nueva “policía civil”).

• Además, la ministra considera que el acuerdo presidencial sí cumple con ordenar una movilización militar conforme a lo establecido en el artículo transitorio de la Constitución, la cual está acotada temporalmente hasta el 2024 como lo marca la redacción del acuerdo.

• “Se declara la validez del acuerdo por el que se dispone la fuerza armada permanente para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, publicado el 11 de mayo de 2020 en el Diario Oficial de la Federación”, se lee en el proyecto que será discutido en la SCJN.