Santander y Piña

Si quieren darse una idea de por qué tanta controversia en la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación basta asomarse a lo que está sucediendo con el escandaloso caso de Banco Santander.

Durante doce años, en el sistema judicial mexicano se litigó una demanda en la que tres hermanas de la familia Garza Sada -María del Carmen, Gabriela y Viviana Garza Delgado- denunciaron al poderoso Banco español por entregarle la herencia de su padre, Roberto Garza Sada -custodiada en un fideicomiso- a Roberto Garza Delgado, un hermano que en Monterrey tiene fama de estafador y de tramposo. Bastaría preguntar su ficha como incumplidor de acuerdos y adeudos millonarios a media docena de bancos y acreedores, incluyendo su propio hijo que lo tiene demandado.

Después de largos litigios y tres instancias agotadas en el máximo tribunal de la nación, la Suprema Corte falló en favor de las tres hermanas a quienes les fue arrebatada ilegalmente aquella herencia. Y los tribunales de Nuevo León, reiteradamente, también le dieron en definitiva la razón a las mujeres despojadas del patrimonio que les dejó su padre en un fideicomiso del Banco español.

El saqueo de aquella herencia mal custodiada por Santander fue posible gracias a que el Banco, por omisión o por complicidad de alguno de sus ejecutivos, nunca cotejó que las firmas con las que Roberto Garza Delgado vació el fideicomiso -y dispuso ilegalmente de la herencia- eran falsas.

Distintos peritos calígrafos lo confirmaron y la sentencia fue contundente, definitiva. Santander incurrió en negligencia y estaría obligado a reponer en el fideicomiso las 36 millones 700 mil acciones de Grupo Alfa -que eran el epicentro de la herencia- o en su defecto, cubrir a las tres hermanas su valor que hoy se calcula en por lo menos 1,200 millones de dólares.

Pero los directores jurídicos del banco que comanda Ana Botín no estaban dispuestos a una derrota legal de semejante magnitud y que les borraría de sus balances esos 1,200 millones de dólares. De la mano de Javier Quijano, un abogado capitalino que presume ser amigo cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, buscan el cabildeo personal por encima del litigio legal ya consumado.

Y aunque en principio, la Suprema Corte de Justicia determinó desde el 2021 la improcedencia de atraer el asunto por irrelevante e intrascendente, en un fallo que debería ser irrevocable, por alguna razón y ya con el cabildeo directo de Ana Botín y su equipo en constantes visitas a la Suprema Corte, lograron que el asunto fuera recibido -por una ilegal cuarta ocasión- a la Suprema Corte de Justicia.

La ministra Loretta Ortiz quiere atraer el caso ya juzgado. Se dice que la extraña actuación de la ministra Ortiz obedece a que Quijano fichó ni más ni menos que a su yerno, el abogado Abel Chávez Salinas, quien consiguió que su suegra metiera las manos al fuego. ¿Nepotismo de una ministra afín al Presidente?

En efecto, la pretendida atracción del caso se da en un contexto donde, a pesar de que en el tercer y último fallo final, se dejó en claro este texto: “hágase de su conocimiento a la parte recurrente (Santander) que en lo subsecuente, todas sus promociones o peticiones que se dirijan a este Alto Tribunal en el mismo sentido, esto es, en las que se pretenda controvertir lo determinado en dichos expedientes, se agregarán sin mayor trámite y únicamente para que obren como correspondan, sin que ello implique que se vulnere su derecho humano de impartición y acceso a la justicia”.

La diferencia ahora es que la Suprema Corte que encabeza el Poder Judicial de la Federación -y que en tiempos del ministro Arturo Zaldívar, falló en tres instancias a favor de las tres hermanas-, hoy tiene a Norma Piña como presidenta, némesis del nuevo Coordinador General de Política y Gobierno. Y eso le abrió una puerta al despacho de Javier Quijano para cabildear al más alto nivel e intentar, corriente y chicaneramente, que le desconocieran el fallo definitivo de la propia Corte.

Javier Quijano no está solo en esta cruzada de abuso al sistema judicial. Lo acompaña nada más y nada menos que Santiago Creel Miranda, quien va y viene a Nuevo León para cabildear con los magistrados que ya fallaron en dos ocasiones la causa contra Santander. Quizás por esa razón vimos al ex secretario de Gobernación de Vicente Fox tan distraído y calladito en su rol de coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez. El fallo de Santander y sus comisiones -en caso de revertir el fallo- sin duda son más importantes y jugosas que cualquier carrera presidencial.

Pero qué podemos esperar cuando desde la Presidencia de la Corte y haciendo uso de relaciones políticas y familiares se permite cabildear el caso ya tres veces fallado, sin derecho legal a otra instancia. Pero faltaba más, las Ministras Piña y Ortiz intentan, sin recato alguno, salvarle cara al Banco español Santander.

No es para menos, aquí lo que importa es que el botín es el botín.