Samuel, Mariana y el DIF

Los días han transcurrido, otras crisis han surgido y el tema ha pasado a segundo plano. Pero la controvertida ‘adopción exprés’ del gobernador de Nuevo León, Samuel García, y de su esposa, Mariana Rodríguez, aún no se aclara. Al contrario, el DIF de Nuevo León ha preferido ocultar la supuesta información.

Tras el reciente Bebé-Gate de Samuel García y Mariana Rodríguez, Código Magenta decidió –nuevamente– tomarle la palabra al gobernador de Nuevo León. Este medio pidió al DIF estatal que transparentara el ‘permiso’ de convivencia familiar que otorgó esta dependencia a la ciudadana Mariana Rodríguez, titular de la oficina Amar a Nuevo León.

La solicitud de información folio 191109322000031 fue realizada formalmente al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Nuevo León (DIF) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, el pasado 20 de enero.

“Solicito conocer los detalles del procedimiento aplicado por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León (DIF) para el otorgamiento del permiso que dio el DIF para convivencia familiar a la titular de la Oficina Amar a Nuevo León, Mariana Rodríguez, durante la segunda semana del mes de enero del presente año”, dicta la pregunta.

Once días después, basándose en un claro legalismo, la dependencia estatal encabezada por Miguel Ángel Sánchez Rivera, respondió que la información solicitada no existe. El DIF argumentó que ellos no otorgan la denominación de «permiso» a personas, para poder sacar a niños o adolescentes en custodia del Estado, “siendo que con dicha denominación no se encuentra contemplado concepto alguno en la Ley de Los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Nuevo León”

Es decir, el DIF aseguró que no existe un procedimiento legal llamado ‘permiso’ para la incorporación de un menor a una familia de acogida, término utilizado por la propia Mariana Rodríguez para justificar la presunta sustracción del pequeño Emilio, el pasado 15 y 16 de enero.

Y no solo eso, a través del subdirector jurídico Erik Cabrera Chapa, el DIF de Nuevo León razonó que, como no existe la información solicitada bajo el término «permiso», el Comité de Transparencia de dicha dependencia no tiene la obligación de confirmar la inexistencia de la información, además de que “debe darse de baja y archivarse como asunto totalmente concluido”.

Para nuestra “mejor orientación”, el DIF estatal aclaró que la Procuraduría de Protección de ese organismo sí puede otorgar “medidas especiales de protección” a menores de edad, para que estos sean ubicados con “personas significativa(s)”, “para lo cual podrá considerarse quien tenga una relación de intimidad nacida de algún acto civil, religioso o afectivo, siempre que sea posible y no sea contrario a su interés superior, para lo cual la Procuraduría analiza cada caso en particular”. Eso sí, asegura, “siempre considerando el interés superior de la niñez”.

Sobra decir que este medio ya solicitó la documentación pública que transparente el proceso de otorgamiento de dichas medidas especiales de protección al menor – y no del famoso “permiso de convivencia familiar” que hubiera obtenido Mariana Rodríguez.

Falta ver, si en estos diez días que ha ganado el DIF, no se le ocurre a la dependencia estatal otro legalismo para ocultar el procedimiento legal detrás de la adopción exprés del pequeño Emilio y así darle más vida al asunto.