Samuel García y el mal ambiente

Todavía no terminan de sanar sus heridas con la Oposición -que tiene el control del Congreso y de la Fiscalía- cuando Samuel García está abriendo un nuevo, peligroso y muy delicado frente, ahora con el sector empresarial de Nuevo León.

El primer desencuentro tiene que ver con una flagrante mentira. El gobernador de Nuevo León presume que, durante sus primeros tres años de gobierno, se atrajo una inversión extranjera directa de 68 mil millones de dólares. Eso significaría que convenció a empresarios extranjeros de invertir unos 22 mil millones de dólares anuales en tierras regias calificadas entre las favoritas para el “nearshoring”.

Si eso fuera cierto, sólo Nuevo León captaría entre el 50 y el 70 por ciento de toda la inversión extranjera anual de México, que fluctúa entre 35 y 40 mil millones de dólares. Y eso es falso, imposible.

Los otros datos, los reales, hablan de una exageración en esas cifras del 600 por ciento, entre lo que presume Samuel García y la realidad. De acuerdo los registros de la Secretaría de Economía federal, la cifra real de inversión extranjera en los tres años del gobierno naranja en Nuevo León es de 10.2 mil millones de dólares. Unos 3.4 mil millones de dólares anuales promedio, muy distantes de los 22 mil millones de dólares anuales que falsamente declara Samuel García.

Se entiende que, con esta estrategia mediática inflada, el gobernador de Nuevo León quiera impresionar a los potenciales inversionistas, pero lo único que está logrando es afectar su credibilidad y la de su gobierno ante los inversionistas serios. Y eso lesiona seriamente la imagen de una entidad tan pujante como Nuevo León.

Pero, más allá de las fantasías financieras de Samuel García, el problema con el sector privado no está en la inversión que está o no llegando, sino en la que se está colocando en suspenso o definitivamente, ya están eligiendo otras opciones en estados como Querétaro, Coahuila, Guanajuato o Jalisco.

El eje del nuevo conflicto radica en el mal ambiente que existe en torno al Medio Ambiente. Se vive en Nuevo León un creciente descontento en el sector empresarial, porque bajo el discurso del ambientalismo, el gobierno Fosfo Fosfo está promoviendo clausuras exprés, inspecciones que carecen de sustento legal y actos de presión política contra plantas industriales que durante años vienen cumpliendo con las normas federales. En esa situación están entre otras empresas como Ternium, Zinc Nacional, Cemex, Pigmentos y Óxidos -Pyosa-, además de pedreras y constructoras con manejos de residuos sensibles.

Es cierto -y frente a la evidencia no se puede negar- que algunas de esas empresas han tenido accidentes ambientales, pero el nivel de sanción dista mucho de tener un respaldo técnico y legal, ya no se diga bajo los criterios de la Secretaría Estatal del Medio Ambiente, sino de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente -Profepa-, que es la autoridad federal en esa materia.

Lo que Samuel García está propiciando con golpes mediáticos, con prensa a modo accionado desde su despacho cámaras y micrófonos, y aplicando sellos espectaculares tiene la intención  de forjarse una imagen de defensor del medio ambiente. En la realidad, la verdadera estrategia es otra.

Aquellos que están cerca del Palacio de Cantera advierten que la Secretaría del Medio Ambiente está convertida no sólo en el trampolín político del 2027 para algunos allegados naranjas del gobernador, sino en el epicentro de una estrategia recaudatoria -por abajo de la mesa- para hacer una alcancía millonaria con la que se apoye a los candidatos de Movimiento Ciudadano. Ya existen testimonios de que “se les está pasando la charola”, so pena de clausurarlos.

Bajo esa estrategia política se debe de entender el relevo de Alfonso Martínez Muñoz como Secretario del Medio Ambiente, quien venía desempeñando un excelente trabajo, pero que, a últimas fechas, no estaba dispuesto a satisfacer los caprichos de clausuras sin fundamento y con fines recaudatorios de su jefe el gobernador. Por eso se aceleró su relevo.

En su lugar se designó a Raúl Lozano Caballero, quien despachaba como diputado federal de Movimiento Ciudadano, en una clara jugada de corte político, cuando existen en Nuevo León decenas de expertos en medio ambiente con mayores y más probadas capacidades. En su presentación como nuevo funcionario estatal, Lozano dejó entrever cuál será su rol dentro del gabinete de Samuel García: “Decirle gobernador que en Nuevo León no nada más el que contamina va a pagar. Ahora, el que contamine y sea sorprendido haciendo estas conductas ilícitas, también va a terminar en la cárcel”.

Las cartas credenciales de Raúl Lozano Caballero -fuera de un tiempo que pasó como director de Ecologistas del municipio de Monterrey- no le alcanzan para hacerle frente a la pasividad con la que el gobierno de Nuevo León viene enfrentando crisis tan graves como la peor calidad del aire para una metrópoli en México, o la ola de inexplicables incendios que empeoraron el ambiente metropolitano. De hecho, el PAN acusó a Lozano de haber renunciado a la bancada del Partido Verde como consecuencia de un presunto soborno operado por los líderes de Movimiento Ciudadano en el estado para comprar lealtades en el Congreso.

Hoy, los empresarios -nacionales y extranjeros- que operan en Nuevo León están alarmados. No puede darse un buen gobierno en una entidad que cierra empresas con claros fines políticos. Eso pone en riesgo cadenas de suministro, contratos de entrega de producción y, sobre todo, genera un nivel de incertidumbre que pone en peligro el empleo de quienes son acosados desde el poder, con intenciones políticas, recaudatorias o de “pase de charola”.

Nadie rechaza que se apliquen las medidas necesarias y suficientes para que la legislación ambiental se cumpla. Pero no es con el acoso de exigencias económicas con fines electorales y la promoción de funcionarios con deseos de proyección política para el 2027 como se va a generar confianza entre un empresariado que está buscando si elige o no a Nuevo León para continuar operando o como su nueva y más segura opción para su inversión.

El gobernador Samuel García tiene que abrir los ojos y darse cuenta de que la desconfianza empresarial va aceleradamente en aumento, abriendo un peligroso frente en el que la toma final de decisiones ya no tiene que ver con un acto productivo, sino con un riesgo político que, algunos, ya no están dispuestos a correr.