Robo con todas las de la ley

Como si no fuera suficiente la apropiación de los fideicomisos, o las utilidades escandalosas del “huachicol fiscal”, o los enjuagues con los presupuestos inflados de las mega obras insignia, el gobierno de la Cuarta Transformación se va sobre las pensiones no cobradas por jubilados con más de 70 años de edad.

La voracidad de este gobierno autoproclamado austero -y que presume practicar la “justa medianía”- es insaciable. No tiene llenadera. Ni para forrarle con millonarios presupuestos opacos los bolsillos a los militares ‘em-balestronados’, ni a la selecta y convenenciera mafia del poder empresarial que preside Carlos Slim, ni a un puñado de altos funcionarios transparentemente corruptos como Rocío Nahle, Manuel Bartlett o Ignacio Ovalle, por citar a tres emblemáticos cuatroteístas.

Ahora pretenden confiscar el dinero que, con tanto esfuerzo, a lo largo de décadas de trabajo, dejaron decenas de miles de mexicanos en el sistema nacional de pensiones que es privado, no propiedad del gobierno federal. La contabilidad habla de 40 mil millones de pesos que les pertenecen a 221 mil trabajadores jubilados.

¿De dónde sacó el presidente la peregrina idea de que a su gobierno le asiste todo el derecho de quedarse por “default” con las pensiones que están intocables por quienes no las reclaman o simplemente las tienen inactivas?

Mejor sería que creara otra de sus dependencias favoritas, que bien podría llamarse “Devolverle a los Pensionados lo Robado”, para buscar entregarle esos fondos a los familiares de esos trabajadores que por muerte, enfermedad o ausencia de México, nadie reclama o congelan sus cuentas para rescatarlas en los auténticos días de necesidad.

Bajo qué supuesto legal, un gobierno como el del presidente López Obrador, va a adueñarse de dinero privado, acumulado incluso con aportaciones patronales de las empresas que alguna vez contrataron a esos trabajadores, sólo porque al inquilino de Palacio Nacional se le ocurrió que ahí se haría de una fuente inagotable de financiamiento público. Ese dinero es privado.

Sin mayor debate, la absurda propuesta ya fue aprobada en Comisiones por la mayoría de los legisladores morenistas, que sólo levantaron la mano porque así se los pidió el inquilino de Palacio Nacional. Escasa o nula discusión.

El presidente López Obrador minimiza su intención de “expropiación de las pensiones olvidadas”, bajo el argumento de que apenas contabilizan el 0.65 por ciento de todo lo que existe en los fondos que las administran. Es decir, dice que el monto no alcanza ni el uno por ciento.

Pero el hecho es que, abriendo la puerta a este ilícito, se le puede poco a poco ir subiendo la temperatura a nuevas “reformas”.  Como, por ejemplo, que el gobierno busque después quedarse con los saldos de las cuentas de cheques que no tienen movimiento, si al fin y al cabo, nadie las reclama.

Si de verdad el gobierno lopezobradorista está urgido de vida o muerte de 40 mil millones de pesos para completar el gasto extra del año electoral, aquí le van algunas ideas, sin tener que tocar las pensiones de los setentones, ni tampoco pasar por el Congreso para ver hacia dónde se destina ese dinero privado convertido en público.

Una, sería cancelar la compra que el presidente anunció hace unas semanas de una carretera de peaje que construyó Carlos Slim en Oaxaca. Como seguramente, el hombre más rico de México anda apretado de fondos, el presidente López Obrador ya anunció que se la va a comprar de contado, 13 mil millones de pesos, que debían salir del peaje que ahora, con todos los riesgos que implica y durante 20 años, deberá cobrarlo el gobierno.

Dos, que renten dos buques tanque más para elevar el contrabando de huachicol fiscal en 400 millones de litros de combustibles por mes, lo que le reportaría ganancias por 5 mil millones de pesos por semana. Con cuatro entregas se haría de 10 mil millones de pesos. Ya van 23 mil millones de pesos.

Tres, reclamen a los amigos de Andy y Bobby -de mutuo acuerdo con los militares- un peso al balasto con sobreprecio que falta por entregar para terminar el tendido de las vías de ferrocarril del Tren Maya. Eso les podría dejar otros 4 mil millones de pesos. Ya van 27 mil millones de pesos.

Cuatro, que le exijan al esposo y a los compadres constructores de Rocío Nahle -la zacatecana candidata a gobernadora de Veracruz- que regresen a la mesa el 6 por ciento de los costos inflados de Dos Bocas. Todavía les quedaría algo para ellos. Serían mil millones de dólares, es decir 17 mil millones de pesos. Menos de los 22 mil millones de pesos de contratos que le dieron en Dos Bocas al difunto Daniel Flores, el empresario que falleció en un avionazo en las costas de Veracruz. Con esto ya suma 44 mil millones de pesos, sin necesidad de tocar los dineros “olvidados” de los pensionados.

Cualquier cosa es mejor que adueñarse, a la mala, del dinero de tantos esforzados mexicanos trabajadores, fondos que deberían estar al acceso de sus familias o de sus deudos. Si hoy no se detiene esta afrenta, ya verán cómo vendrán las próximas ocurrencias presidenciales.