¿Réquiem al Plan B?

El presidente Andrés Manuel López Obrador está frente a un predicamento en su atropellada cruzada contra el Instituto Nacional Electoral.

Obsesionado con modificar de fondo las funciones del árbitro electoral, jamás imaginó que su intentona de cambiar al INE acabaría por unir, en todo México, a un enorme bloque de ciudadanos cansados de que el inquilino de Palacio Nacional insista en mandar al diablo las instituciones.

En los más recientes días -y desde cuanto foro puede- el mandatario no solo arremete contra el INE, sino contra el poder legislativo, el poder judicial y la Suprema Corte. En términos prácticos, ningún chile le acomoda. Y si es con Piña, menos.

Por eso debe estar pensando si vale la pena pagar el precio de aferrarse a sacar adelante el famoso Plan B de la fallida propuesta de Reforma Electoral que se le quedó en el tintero por el alto rechazo legislativo. No le dieron las cuentas, ni con su aplastante mayoría morenista.

De ahí que articulara esa propuesta más light, menos de fondo y a la que bautizó como Plan B, pero que de cualquier forma -de aprobarse- lesionaría no solo la operación del INE, al reducir sensiblemente el personal responsable de las elecciones, sino que buscaría centralizar toda su operación en la Ciudad de México, eliminando los INEs locales. Un enorme retroceso.

Pero la reacción de las clases medias educadas, las pensantes, al igual que los militantes de la Oposición, fue la de responder al Plan B con una nueva marcha de protesta, similar a la que conmocionó a la opinión pública el pasado 13 de noviembre por su enorme capacidad de convocatoria.

Una movilización natural que obligó al presidente López Obrador a responder con una contra marcha el 27 de noviembre, a la que convocó aprovechando que ese día rendía su cuarto informe de gobierno.

El nivel de movilización espontánea de la primera marcha en defensa del INE concientizó a los legisladores sobre el descontento y lograron frenar la reforma original. Se gestó entonces el llamado Plan B.

Pero es tan arrebatada y atropellada esa nueva opción, que ya se cruzan las apuestas pronosticando que si llegara a pasar el filtro legislativo, sería frenada por inconstitucional en la Suprema Corte.

La pregunta en los pasillos de Palacio Nacional es si vale la pena, en la antesala de los comicios de Estado de México y de Coahuila, agitar las aguas con una intentona que podría resultarle fallida al presidente López Obrador.

Con la amenaza de la sociedad civil de organizar una nueva marcha para el próximo 26 de febrero -ahora contra el Plan B- los temores del círculo cercano al presidente es que eso se convierta en más combustible que encienda los ánimos de una Oposición crecida.

Y si de una forma o de otra, el Plan B puede ser frenado entre el poder legislativo o en la Suprema Corte, ¿qué sentido tendría continuar con la intentona? El precio a pagar por el inquilino de Palacio Nacional, el de una Oposición más fortalecida tras la nueva marcha, puede ser muy alto.

Por eso, hay quienes insisten en que la propuesta que ya evalúa el presidente López Obrador es la de retirar su iniciativa del Plan B y concentrar sus esfuerzos, por ahora, en quiénes serán los reemplazos de los consejeros que este año cumplen su tiempo en el INE. Al final del día, los tiempos están muy apretados, las variables no las tienen bajo control y la posibilidad del descalabro es muy alta.

La esperanza de retirar la propuesta del Plan B es que, al mismo tiempo, los opositores al gobierno de la Cuarta Transformación suspendan la marcha del 26 de febrero. Pagan por no ver si ese día se reunirían en todo el país contingentes todavía mayores a los que sorprendieron el pasado 13 de noviembre.

¿Estaremos asistiendo, en los próximos días, a la antesala del réquiem del Plan B?