Rectifica o renuncia

Todavía no se cumple el mes de su toma de protesta como presidenta de todos los mexicanos y Claudia Sheinbaum Pardo ya pisoteó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O rectifica sus dichos o como lo dice el juramento, debe renunciar. El pueblo se lo demandará.

Lo hizo en su “mañanera” del pasado 18 de octubre, cuando descalificó un trascendente fallo judicial bajo la premisa de que “la petición de esa juez no tiene sustento jurídico”. Lo que esa jueza ordenaba era retirar del Diario Oficial la publicación de la llamada Reforma Judicial. No le gustó a la presidenta y descalificó el fallo. No lo va a respetar. Y remata diciendo que “una jueza no está por encima del pueblo de México”. Abierto y flagrante desacato que va contra su juramento.

Como jefa del Poder Ejecutivo, Claudia Sheinbaum Pardo tiene todo el derecho de inconformarse con el fallo judicial. Pero el curso legal de esa inconformidad pasa por apelar la sentencia por los canales institucionales que marca la Ley. Jamás por descalificar y desconocer públicamente el fallo y mucho menos ningunear al juez o a la jueza que lo emiten. Ella, así sea la presidenta, no es autoridad para pasar por encima de la Suprema Corte.

Y si “por sus pistolas”, la inquilina de Palacio Nacional entra en desacato,  está ignorando que en la nueva Ley de Amparo, en su artículo 262, fracción tercera, advierte que “Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión… Fracción lll. No obedezca un acto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra”.

La presidenta Claudia Sheinbaum no está por encima de la Ley. Aunque su antecesor le haya inoculado ese virus de “No me salgan con que la Ley es la Ley”.

Le parezca o no a la inquilina de Palacio Nacional, el fallo debe acatarlo o atenerse a las consecuencias legales del desacato. ¿O acaso le gustaría a la mandataria que, cuando algún ciudadano cualquiera reciba una sentencia que no esté a su favor, la descalifique porque considera “que no tiene sustento jurídico”? ¿Quién lo dice? ¿A juicio de quién?

Para colmo, la presidenta se apoya en dos consejeros jurídicos incondicionales que le dan por su lado -Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar- y que lejos de recomendarle el curso legal de la inconformidad, la alientan a descalificar al órgano supremo en la impartición de justicia, que es la Suprema Corte, descalificando su papel como última instancia en cualquier litigio, incluyendo entre poderes.

Para cerrar el círculo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en la “mañanera” que “la Reforma al Poder Judicial va”. Es decir, “porque yo lo ordeno”.

Si la sociedad insiste en guardar silencio frente a semejante desacato, si los líderes políticos, empresariales y sociales dejan pasar esta impostura presidencial, si todos nos agachamos frente a “mi palabra es la Ley”, demos por inaugurada la instauración del Reino de Morena, de la República del “Lo Digo Yo”. El autoritarismo en su máximo esplendor, la dictadura en todo su apogeo.

O le recordamos y le demandamos a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que cumpla su juramento de acatar la Constitución o publiquemos mañana mismo la esquela que da por muerta lo que queda de la democracia en México.