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22 de febrero 2022

Política

Realpolitik en la Suprema Corte

La exoneración de Eduardo Medina Mora, los actos mediáticos de Arturo Zaldívar, la investigación a Luis María Aguilar y el impedimento de Loretta Ortiz son señales recientes de que la política ha penetrado al máximo tribunal mexicano

Por Redacción Magenta

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¿Qué pasó?

La política ha penetrado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y las más recientes señales de ello son: la exoneración de Eduardo Medina Mora, los actos mediáticos de Arturo Zaldívar, la investigación a Luis María Aguilar y el impedimento de Loretta Ortiz en el caso del hermano del presidente.

¿Por qué importa?

Por cómo está conformado el máximo tribunal mexicano, sus más recientes decisiones han dejado de lado el derecho para enfocarse en la política, sobre todo cuando se trata de asuntos de un interés particular para el Poder Ejecutivo, según la tesis de Pedro Salazar, especialista en derecho constitucional.

El contexto:

Aunque la carpeta de investigación se cerró en mayo de 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que no ejercerá causa penal en contra del ex ministro Eduardo Medina Mora, acusado por presunto lavado de dinero.

Los detalles:

  • De acuerdo al portal Animal Político, el 7 de mayo de 2021, la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR concluyó que no había indicios de irregularidades en el entorno de Medina Mora, ni en sus ingresos o los de su familia.
  • Tras dos años de indagatorias y luego de revisar los informes y estados de cuenta de Medina Mora (desde 2016 a 2018), el Ministerio Público Federal determinó el origen lícito en las operaciones nacionales e internacionales del ex ministro.
  • Luego de que la FGR le notificara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) su determinación de cerrar el caso, solicitó a la dependencia entonces encabezada por Santiago Nieto si en su calidad de denunciante y víctima promovería algún recurso de impugnación. El 20 de mayo de 2021 la respuesta fue que no ejercería acción penal.

‘Anulan’ posible conflicto de interés

  • Esta misma semana, una nueva resolución al interior de la Suprema Corte acaparó la atención pública tras aprobarse un impedimento de la ministra Loretta Ortiz Ahlf para analizar una controversia en torno al caso de Pío López Obrador.
  • Dicha controversia fue presentada por la FGR y en contra de una determinación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le obliga entregar información al INE sobre la investigación de los recursos que habría recibido el hermano del presidente, de manos de David León Romero en 2015.
  • Debido a que Ortiz Ahlf es esposa de José Agustín Ortiz, titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) y tenía a su cargo elaborar el análisis y proyecto de resolución, la ministra presentó dicho impedimento para evitar un conflicto de interés por lazo de parentesco.
  • “Me parece que el que la ministra planteara el impedimento por estos motivos abona a la transparencia de las resoluciones de esta Suprema Corte porque no oculta ni invisibiliza su vínculo conyugal”, expresó al respecto la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, en declaraciones citadas por Dossier Político.
  • Con base en el artículo 126 fracción 18 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el impedimento fue aprobado por unanimidad. Ahora, la controversia tendrá que remitirse en breve a la ponencia de otro ministro para su análisis.

¿Y ahora qué dijo el ministro Zaldívar?

  • A solicitud del ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, el máximo tribunal del país resolvió atraer un amparo directo, relacionado con el documental “Duda razonable”, después de siete años y promovido en Villahermosa, Tabasco, por tres personas sentenciadas a 50 años de cárcel por secuestro.
  • “Si no resolvemos los asuntos que realmente le hacen daño a la gente y la lastiman, si no hacemos un esfuerzo para tratar de revertir una sentencia penal injusta, mañosa, en donde sobre todo se castiga a los que menos tienen…
  • “Si un tribunal constitucional no está para defender los derechos humanos de la gente, de la gente más desprotegida cuando los torturan, cuando les fabrican delitos, cuando les dan penas de 50 años de prisión, entonces no sé para qué estamos aquí”, refirió Zaldívar en declaraciones recabadas por El Universal.
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