Protección a Samuel: ¿A cambio de qué?

Samuel García lo tiene claro: su supervivencia depende completamente del presidente Andrés Manuel López Obrador. El gobernador de Nuevo León enfrenta un juicio político en el Congreso estatal, al menos una docena de expedientes federales abiertos en la Fiscalía General de la República y una serie de causas judiciales en las fiscalías estatales que afectan a sus empresas familiares, a su esposa, Mariana Rodríguez, y a su principal operador político-financiero, Miguel Flores Serna.

Por eso, el gobernador ‘foso fosfo’ está buscando la protección del presidente. En una misma semana, Samuel García viajó dos veces a la Ciudad de México con la excusa de que está pidiendo recursos por 1,500 millones de pesos para resarcir los daños que dejó el paso de la tormenta ‘Alberto’. “Voy a ir a México a bajar dinero”, declaró.

Sin embargo, las reuniones tuvieron un claro sesgo político. El martes, el gobernador estuvo en la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, tuvo un encuentro con el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado.

Ese mismo día, Mariana Rodríguez acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para cabildear directamente con los magistrados la anulación de la elección de la alcaldía de Monterrey. Acompañada de dos de sus abogados, Mariana se presentó en audiencias informales con cuatro de los cinco miembros del Pleno: Felipe de la Mata, Felipe Fuentes, Janine Otálora y Reyes Rodríguez.

¿Se trató de una reunión de cortesía o de un abierto conflicto de interés para discutir un caso que debe ser litigado en tribunales y no en mesas políticas? ¿El tema se trató previamente en Gobernación? ¿Se habló de la denuncia de Mauricio Cantú, ex candidato de Morena a la alcaldía de Monterrey, quien dijo que la impugnación de la elección se gestó en Bucareli? Sea como fuere, la visita de Mariana Rodríguez recuerda el cabildeo que en 2021 hizo Samuel García para que el Tribunal Electoral minimizara la denuncia de la Unidad de Fiscalización del INE sobre un esquema de triangulación de 14 millones de pesos de la empresa SAGA Tierras y Bienes Inmuebles a campañas de Movimiento Ciudadano.

En la clase política de Nuevo León, la cruzada de Mariana Rodríguez para anular la elección de Monterrey es vista como una ficha de negociación que pretende evitar la destitución del gobernador. Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso de Nuevo León, declaró que este jueves la Comisión Anticorrupción definirá la ruta del juicio político contra Samuel García. La validez del proceso ha sido ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El gobernador está en falta por no haber presentado los presupuestos de 2023 ni de 2024.

Coincidentemente, también hoy jueves, Samuel García se reunirá con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. “¿Ustedes creen que voy a perder la oportunidad de ir con el presidente para atender a estos diputados que nada más me quieren hacer perder el tiempo? No señor, les aviso desde ahorita, no voy a ir”, declaró el gobernador, quien adelantó que no se presentará a las citaciones que le haga el Congreso de Nuevo León y que no enviará un nuevo presupuesto. En su trato con la oposición, Samuel García se atiene a la máxima salinista: “Ni los veo, ni los oigo”.

En los hechos, Samuel García rompió la división de poderes en Nuevo León. El gobernador se ha negado a publicar cientos de decretos aprobados por el Poder Legislativo, ha litigado prácticamente todas las determinaciones del Congreso, le ha ordenado a los diputados locales de Movimiento Ciudadano a no acudir a las sesiones para que no se alcance el quórum y le dio la instrucción a su secretario de Gobierno, Javier Navarro, de ignorar las citaciones de juicio político. El martes, Navarro tendría que haber acudido al Congreso a una audiencia, pero se limitó a enviar sus alegatos por mensaje. “Voy a comparecer por escrito, tengo mejores cosas qué hacer por mi estado que perder el tiempo en audiencias prefabricadas, sólo por la nota periodística y tratar de perjudicar mi imagen pública… No le voy a seguir el juego a los del PRIAN”, declaró Navarro, siguiendo la misma línea de argumentación que su jefe, el gobernador Samuel García.

El desdén del gobierno ‘foso fosfo’ al orden constitucional se ha traducido en un clima de ingobernabilidad. Samuel García le ha dedicado dos días de esta semana a realizar una gira política por la Ciudad de México, en un momento crítico para Nuevo León. Más allá del proceso de juicio político, el estado enfrenta una crisis de abasto de agua por los daños de la tormenta ‘Alberto’ a la red de Agua y Drenaje y además se registra una ola de homicidios presuntamente vinculada al reacomodo de cárteles en la zona metropolitana de Monterrey. El miércoles se reportaron ocho asesinatos. ¿Y el gobernador? Ausente.

Como respuesta al inminente juicio político, Samuel García ha construido un ‘reality show’ alrededor de la tormenta ‘Alberto’ para justificar su permanencia, adoptando perritos y llevando equipos videográficos de producción a zonas de desastre natural. El gobernador insiste en que faltan tres meses de huracanes y que se aproximan dos fenómenos naturales: uno que se está formando en las costas de Venezuela y otro en Cabo Verde, África. No es broma.

Movimiento Ciudadano perdió capital político en la elección del 2 de junio. El partido de Samuel García no ganó un solo distrito federal y controlará menos de un tercio del Congreso estatal. Además, la fórmula naranja al Senado rescató un cuestionado segundo lugar después de un polémico recuento de votos que le aseguró a Dante Delgado una posición en la cámara alta. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano pidió la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo a fuentes cercanas al asunto.

Ahora, es Samuel García quien pide la ayuda del presidente López Obrador. Las complicidades entre ambos son fáciles de enumerar: la cancelación de órdenes de aprehensión por lavado de dinero que se iban a emitir en 2021 contra el entonces gobernador electo y que fueron suspendidas por la intervención de una figura de alto nivel de la 4T; las cuentas vinculadas a prominentes miembros de Morena en el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados SC; el dinero que presuntas firmas involucradas en el negocio de ‘huachicol fiscal’ han depositado en las empresas del gobernador; o el rol de supuesto esquirol de Movimiento Ciudadano en la elección presidencial, por citar algunos ejemplos.

La gran pregunta sobre la operación de protección de Andrés Manuel López Obrador a Samuel García: ¿A cambio de qué?