Pone trabas el Poder Judicial al proceso penal de Lozoya

¿Qué pasó?

El Consejo de la Judicatura Federal, además de la Fiscalía General de la República mantienen ‘bajo llave’ la información de los procesos penales en contra de Emilio Lozoya Austin por la trama de sobornos de Odebrecht y Altos Hornos de México (AHMSA).

¿Por qué importa?

• A cuatro años de que la Fiscalía abriera la investigación por la red de corrupción y pago de sobornos que dejó la petrolera brasileña en México y a semanas de cumplirse un año de la detención del ex director de Pemex -sin que este haya pisado la cárcel-, aún no se sabe con certeza cuál es su real situación legal.

• Y es que de acuerdo con una investigación de Quinto Elemento Lab, la judicatura se ha empeñado en bloquear el acceso a las diligencias judiciales, resoluciones, audiencias o comparecencias de testigos vinculados a Lozoya en ambos casos, pese a las múltiples solicitudes de transparencia.

El contexto:

• El ex director de Pemex, detenido en Málaga el 12 de febrero de 2020, rindió su más reciente declaración ante la Fiscalía en agosto pasado, donde en 63 páginas aportó nombres, fechas cantidades y lugares de entrega de portafolios de dinero para sobornar a expresidentes, ministros y diputados, todo esto, acogido al criterio de oportunidad (como testigo protegido).

• Pese a haber acudido a dos audiencias privadas por los procesos penales que enfrenta (la sobreventa de la planta Agronitrogenados a AHMSA y haber recibido 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht), el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte se ha reservado cualquier avance en el caso.

Los detalles:

• Exceso de trabajo, falta de personal, la pausa obligada por la pandemia e incumplimiento en los plazos para liberar datos vía transparencia, son algunas de las “excusas” documentadas por Quinto Elemento de parte del Poder Judicial, para no hacer público un expediente judicial relacionado con actos de corrupción.

• Según la organización, 13 meses antes de que Lozoya fuera detenido en España y extraditado a México ya habían solicitado al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) todos los pormenores del caso.

• Se pidió acceso a las causas penales 261/2019 (Odebrecht) y 211/2019 (AHMSA) a través de diversas solicitudes de transparencia, las primeras datan del 9 de diciembre de 2019, cuando Lozoya aún estaba prófugo. Las más recientes, en noviembre pasado.

• En todas, la judicatura ha presentado evasivas y retrasos para evitar cumplir. Como ejemplo, el 10 de febrero de 2020, tras una respuesta positiva para acceder al expediente 261/2019 sobre los sobornos de Odebrecht, los documentos fueron entregados hasta octubre, de forma incompleta, incluso, pese a haber cubierto en tiempo y forma el costo de su digitalización.

• Además, en las versiones públicas entregadas, el Poder Judicial ha incumplido sus propios criterios en materia de transparencia, al tachar en los documentos el nombre del propio Lozoya, el número de la carpeta de investigación y hasta el domicilio y los teléfonos que indicó la FGR para recibir notificaciones.

• “Nuestra posición histórica ha sido que los casos de corrupción, por tratarse de asuntos de interés público, deben ser abiertos de forma proactiva siempre y cuando la apertura no afecte el curso de las investigaciones o alerte sobre la estrategia litigiosa del Ministerio Público”, reveló a Quinto Elemento, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.

• Por si fuera poco, el Poder Judicial ha llevado con total hermetismo el proceso penal en contra de Lozoya, a grado tal que las audiencias se realizan de manera privada, sin difusión digital y sólo se relatan vía chat a los medios de comunicación, como parte de las restricciones sanitarias que se siguen en los juzgados, a causa de la pandemia por Covid-19.