¿Pegasus en la 4T?

¿Qué pasó?

Cuatro miembros de la Defensoría Pública que representaban a las víctimas del caso Wallace denunciaron haber sido espiados con el software de NSO Group, denominado Pegasus y que únicamente suele ser vendido a los gobiernos.

¿Por qué importa?

Un documento obtenido por la organización R3D reveló el mes pasado que la Secretaría de la Defensa Nacional reconoció ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) haber comprado el software de espionaje de NSO Group, Pegasus, a través de una empresa intermediaria: Comercializadora Antsua.

El contexto:

• Una investigación de la Universidad de Toronto, la organización R3D y un conglomerado de medios encontró que la empresa que le vendió un software de espionaje a la Sedena (Comercializadora Antsua, SA de CV) comparte representante legal con los intermediarios que comercializaron Pegasus en el sexenio de Enrique Peña Nieto (NSO Group).

• Derivado de la investigación periodística también se supo que la Sedena había reservado por años un contrato celebrado en abril de 2019 con Antsua para un “sistema de monitoreo remoto de información”. Pese a que AMLO solicitó a la institución castrense transparentarlo, esta ha hecho caso omiso a la petición. 

Los detalles:

• Un análisis realizado por la plataforma Citizen Lab -de la Universidad de Toronto- a seis teléfonos celulares, pertenecientes a cuatro trabajadores de la Defensoría Pública de México concluyó que los aparatos fueron infiltrados con el malware Pegasus entre los meses de mayo y noviembre del 2021.

• Los cuatro integrantes de dicho órgano jurídico, que otorga un abogado de oficio a quien lo requiera y el cual depende del Consejo de la Judicatura Federal, formaron parte de la defensa de los acusados en el polémico caso del presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en 2005.

• De acuerdo con el periódico El País, Salvador Leyva ha sido hasta ahora el único de los afectados en hacer público su nombre y quien el pasado 31 de enero renunció como secretario técnico de Combate a la Tortura dentro de la institución federal, por considerar falta de garantías.

• “No existen las condiciones para continuar trabajando en pro de las personas sobrevivientes de tortura… la influencia de poderes ajenos a la institución ya comenzó a surtir efecto”, expresó el litigante.

• Según el periódico español, Leyva portaba dos de los teléfonos que fueron analizados por Citizen Lab, los cuales dieron positivo al malware Pegasus. Inclusive, el ex funcionario refirió que hay una relación temporal entre los ataques a los celulares y las acciones legales que llevaron a cabo durante el caso Wallace.

• “(Lo anterior) permite inferir que María Isabel Miranda Torres, de manera ilegal, pudo conseguir que un tercero interviniera nuestros teléfonos para obtener información”, agregó Salvador Leyva en un documento presentado ante la Defensoría Pública.

• “Los investigadores analizaron de manera forense los artefactos… y obtuvieron un resultado positivo, lo que indica que esos aparatos fueron atacados e infectados con el spyware Pegasus del Grupo NSO”, se lee en el reporte de la Universidad de Toronto fechado al 24 de enero pasado. En este se identifica a un teléfono como ‘Iphone 1’, infectado alrededor del 5 de julio de 2021. En el caso del segundo, denominado ‘Iphone 2’, no se pudo determinar la fecha de incursión.

• Al momento en que se habrían perpetrado los ataques, la Fiscalía General de la República (FGR) anunció en julio del 2021 la apertura de dos investigaciones en contra de Miranda de Wallace, por los delitos de tortura y falsificación de pruebas.

• Salvador Leyva añadió que, entre la falta de condiciones laborales como defensor de los acusados del caso Wallace, también se encuentra el hecho de que el cuñado de la activista forma parte del equipo de trabajo de la ministra Norma Piña, recientemente elegida como presidenta de la Suprema Corte de Justicia y por consiguiente, titular del Consejo de la Judicatura Federal.

• “No creo que existan las condiciones para que este caso culmine satisfactoriamente con la defensa pública”, expresó Leyva, al tiempo de solicitar a la Corte que “repruebe enérgicamente las prácticas de acoso, espionaje y criminalización en contra de las personas servidoras públicas que buscan garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y, desde luego, se repruebe el uso de cualquier software o acto que tenga propósito comprometer la defensa adecuada”.