Paridad atenta contra democracia

Un peligroso precedente está por darse en Nuevo León en la antesala de seleccionar los candidatos a gobernador para la elección del 2027.

El debate está centrado en la propuesta de que como Nuevo León nunca ha tenido una gobernadora mujer, se emita una Ley que, invocando la paridad de género, obligue a todos los partidos políticos a postular solamente mujeres candidatas para forzar así que la próxima gobernadora sea del género femenino. El género masculino estaría excluido.

Esta acción afirmativa es, a todas luces, un atentado a la democracia, porque despoja a todos los hombres de sus derechos legales para -como ciudadanos- votar y ser votados como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No importa si algún candidato masculino es la mejor opción para gobernar, sus derechos no existen porque desde una legislación a todas luces inconstitucional se exigiría que la candidata fuera mujer. O viceversa, es lo de menos.

En el caso de Nuevo León esta legislación tiene dedicatoria. La promueve el gobernador Samuel García por dos razones: una, porque quiere que su esposa Mariana Rodríguez sea la candidata de Movimiento Ciudadano. Y dos, porque quiere dejar fuera de la jugada a un poderoso rival del prianismo, Adrián de la Garza, quien por cierto derrotó a la esposa de Samuel García en la elección para alcalde de Monterrey en 2024. En pocas palabras, el gobernador quiere forzar a que su esposa lleve mano como candidata y busca que su principal rival, el ahora alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, esté imposibilitado para contender.

La primera reflexión tras el anuncio de que Samuel García vetaría la reforma electoral aprobada por el Congreso local está fuera de lugar. No corresponde a las autoridades estatales -ni a los legisladores locales ni al mandatario- el decidir sobre temas electorales que son competencia de una legislación federal.

El tema del debate de la paridad de género, que nunca se ha aplicado en gobernaturas ni en Nuevo León o en ninguna otra entidad, es competencia del Instituto Nacional Electoral. Además, hay que recordar que se acaba de integrar una mesa de debate sobre lo que será la Reforma Electoral, que es presidida por Pablo Gómez y que será la que defina los criterios de temas no sólo de paridad de género, sino de otros temas espinosos como el nepotismo sucesorio, es decir, que un familiar suceda al alcalde, al gobernador o al presidente en el mismo cargo.

Pero el desenlace de esos temas no se conocerá, sino hasta pasado el primer trimestre del 2026, cuando el nuevo marco electoral se aprobará para aplicarse en la elección intermedia de 2027, que será la antesala de la presidencial del 2030.

Si la presidenta Claudia Sheinbaum insiste -correcta o incorrectamente- que no se deben de transmitir los cargos públicos a familiares, ¿eso aplica para el caso de Mariana Rodríguez, la esposa de Samuel García, en la caso inminente de la elección a gobernador en Nuevo León?

Podría darse el caso de que ni los unos ni los otros pudieran resolver sus candidaturas. Si se aprueba la provisión de no elegir candidatos del género masculino y, al mismo tiempo, se proscribiera que pudieran postularse familiares, ni el prianista Adrián de la Garza ni la emecista Mariana Rodríguez podrían ser incluidos en la boleta 2027. Y sin candidatos de esos calibres, el camino de la victoria sería incuestionable para quien quiera que fuera la candidata de Morena, de entre Judith Díaz, Tatiana Clouthier y Clara Luz Flores.

La democracia no debe ser manejada con criterios de exclusión. Tan malo prohibir candidatos por razones de género que impedir que algún familiar asuma su derecho de votar y de ser votado por razones consanguíneas.

Nuevo León está instalado, hoy, como un laboratorio de esos experimentos políticos que, por ahora, no vale la pena debatir hasta que no se desahoguen en el marco de la Reforma Electoral. Los votos y los vetos de hoy, en Nuevo León, son ociosos. Que se guarden para mejores días.