Pacto Nuevo León: el balón escondido

Cuando hoy la presidenta Claudia Sheinbaum pise suelo regio para celebrar el Día del Ejército vendrá con una “torta de cabrito” bajo el brazo. Gracias a su intervención -haiga sido como haiga sido- fue posible el Pacto Nuevo León.

Tres fueron los factores decisivos para consumar una negociación que lucía atorada, lejana, poco probable y para algunos, incluso, inalcanzable.

UNO, por supuesto, la voluntad de la presidenta Claudia Sheinbaum de conminar a ambas partes -gobierno emecista y congreso prianista- a que resolvieran lo que tenía casi tres años atorado. Enorme pecado que, en una entidad de la estatura de que presume Nuevo León, de avanzada, la ingobernabilidad fuera la norma y no la excepción.

DOS, el oficio de César Yáñez, el subsecretario de Gobernación, quien como amigable componedor se sentó con todos a la mesa para limar las asperezas y ver el “cómo sí”. Su trabajo sólo vino a confirmar que si él -y no Jesús Ramírez- hubiera sido el álter ego presidencial de Andrés Manuel López Obrador, en el sexenio que ya terminó, otro habría sido el resultado de un gobierno que se cerró bañado en odios mediáticos de los que hoy todavía se cosechan tempestades.

Y TRES, la influencia definitiva de un arma secreta que fue pitada desde el arbitraje de Palacio Nacional. Y esa fue la advertencia de que si no se concluían las obras básicas de las Líneas 4 y 5 del Metro -hoy abandonadas- se corría el riesgo de que se le retirara a Nuevo León el apoyo federal para ser una de las sedes del Mundial de Futbol 2026. No sería presumible para el mundo una sede con las obras tiradas, oxidadas, en plena avenida Constitución y con una severa crisis de movilidad. Sería una pésima imagen de lo que es México y ése no es el rostro del pujante Monterrey, ni del Nuevo León de avanzada. Es decir, el Pacto Nuevo León se consumó con “chanfle”.

Y no era para menos. Nadie -ni los emecistas ni los prianistas- querían ser los responsables de quitarle a Nuevo León la sede futbolera mundial. Eso, de cara a la elección para gobernador en 2027, sería mortal para aquel partido al que los ciudadanos le endosaran esa culpa. Y esa fue la jugada decisiva, a balón parado, que acabó por consumar lo que faltaba para alcanzar los acuerdos finales.

Por fin, después de tres años de jaloneos, el gobernador emecista y el bloque prianista en el Congreso acordaron destrabar el presupuesto estatal, las partidas municipales pendientes y la designación de un Fiscal para Nuevo León.

El gobernador Samuel García prometió cumplir la entrega de los mil 757 millones de pesos a 28 municipios del PAN y del PRI, castigados porque no se le cuadraban. También habrá nuevo presupuesto para fortalecer los poderes Legislativo y Judicial. El negociador César Yáñez será el albacea que vigile que lo prometido se cumpla y reporte a Palacio Nacional.

El bloque prianista en el
Congreso aceptó, en contraparte, aprobar un techo de deuda de 8 mil millones de pesos para 2025, aplicables sólo a las nuevas líneas del Metro y a la Presa Libertad. Además, de un anexo de líneas de crédito para Agua y Drenaje, que serían destinados a la Presa Libertad, a la ampliación del Anillo Monterrey y a la renovación de la muy deteriorada red de alcantarillado.

El gran atorón que se daba con la designación del Fiscal acabó en el nombramiento de Javier Flores, quien fue palomeado por ambas fracciones. Ya trabajó un tiempo del lado de los prianistas, con Adrián de la Garza, y del lado emecista, la confianza le viene de su larga relación con el papá del gobernador Samuel García. Todos se sienten atendidos, nadie se siente abandonado. Y en este relevo, bien vale reconocer, la labor de Pedro Arce, quien como encargado de la Fiscalía sacó adelante con excelentes resultados su tarea, en medio del tour de fuerza que se dio entre la clase política.

Y como cerezas en el pastel, el alcalde Adrián de la Garza tendrá luz verde para aplicar, cuando lo considere, el incremento en el impuesto predial que le tenían congelado, mientras que Samuel García se sentará a la mesa a negociar los “juicios políticos” que tiene pendientes en 22 denuncias que ya comenzaban a ser ventiladas.

Al final del día fue un tiro a gol, el de amenazar con retirar a Monterrey como sede del Mundial lo que los tomó fuera de lugar. Por fortuna, no hubo tiros de castigo, ni penaltis.

Esperemos que después de casi tres años de meter manos, encariñarse con los fouls y con las zancadillas, el juego sucio se haya terminado. Nadie quiere una tarjeta roja en esta sede del Mundial 2026. Qué bueno que el silbatazo de un árbitro salvó un partido que tenía tres temporadas suspendido y amenazaba con expulsión.