Odebrecht: ¿un caso perdido?

¿Qué pasó?

La Fiscalía General de la República (FGR) desacató una orden del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para transparentar los nombres de las personas implicadas en el caso Odebrecht, denunciadas por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.

¿Por qué importa?

El caso Odebrecht iba a ser la investigación emblemática de la cruzada anticorrupción del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, cada vez hay más señales de que la Fiscalía General de la República está atrapada en un fiasco judicial.

El contexto:

La acusación de la FGR en relación al caso Odebrecht se “olvidó” de la tesis del esquema de corrupción vertical que abarcaba a decenas de legisladores y funcionarios. La fiscalía se ha limitado a argumentar que los sobornos solo fueron para Emilio Lozoya y su familia.

Los detalles:

• A través de una solicitud de transparencia, el portal Animal Político solicitó al INAI que la FGR hiciera públicas las listas de personajes que figuran como presuntos testigos o inculpados en la trama Odebrecht, incluidos en la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, cuyo contenido fue filtrado públicamente.

• Sin embargo, la FGR a cargo de Alejandro Gertz Manero se negó a entregar cualquier tipo de información relacionada con dicho expediente, bajo el argumento de que es un caso distinto al desclasificado de la indagatoria Odebrecht, iniciada en 2017 y por la cual Emilio Lozoya Austin permanece en prisión.

• Tras la negativa, el citado medio promovió un recurso de inconformidad y el pleno del INAI concluyó que, aunque las carpetas de investigación son documentos reservados, esto no aplica al tratarse de hechos de corrupción, por lo que era procedente aplicar la excepción que contemplan las leyes General y Federal de Transparencia.

• “De manera que, si la Fiscalía General de la República aperturó la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000865/2020, en contra de las personas que posiblemente cometieron los referidos actos de corrupción, el hecho de que dé a conocer sus nombres, independientemente de que se encuentre en la fase de investigación, significaría rendir cuentas del compromiso del Estado mexicano en el combate a la corrupción ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, y frente a la sociedad nacional e internacional”, se lee en la resolución del INAI replicada por Animal Político.

• Al considerarlo una obligación de transparencia, el INAI instruyó a la FGR publicar los tomos de la carpeta de investigación en versión pública, a lo cual, la dependencia respondió con la mayor parte de la información “testada” (cubierta en negro) y se negó a revelar la lista al argumentar que se debe privilegiar la protección de datos personales.

• “Las resoluciones del instituto son vinculatorias, definitivas e inatacables… se estima que el sujeto obligado (la FGR) no acató la instrucción de resolución de mérito; por lo tanto, lo procedente es tener por incumplida la resolución relacionada con el recurso de revisión”, se agrega en el documento, que marcó como plazo este miércoles para que la FGR acatara la orden o de lo contrario se aplicarían multas y/o denuncias contra los funcionarios implicados.

La Suprema Corte le dice “no” al INE

• De forma paralela, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, evitó que el Instituto Nacional Electoral (INE) tenga acceso a una copia del caso Odebrecht, al conceder un amparo a la FGR.

• Desde abril del año pasado, la Unidad Técnica de Fiscalización del INE pidió la información a la FGR, con el objetivo de investigar las denuncias hechas por el PRD y Morena en 2017, en torno a la utilización de fondos provenientes de Odebrecht para financiar la campaña del ex presidente Enrique Peña Nieto.

• En su momento, la FGR se negó a aportar datos al tratarse de un caso abierto y bajo el argumento de que se violaría el debido proceso de las personas involucradas, por lo que el INE acudió al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), quien ordenó a la autoridad ministerial entregar la carpeta.

• Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Mossa le concedió la suspensión a la Fiscalía al considerar que ni el INE ni el TEPJ tienen “atribuciones constitucionales para solicitar a la FGR entregar información de una carpeta de investigación, de acuerdo con el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución federal, que establece que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público”.