El socio de Odebrecht en la 4T

El socio mexicano de Odebrecht sigue operando en el gobierno de la Cuarta Transformación. Fuentes cercanas al asunto dijeron a Código Magenta que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, le recomendó a la firma italiana de servicios petroleros, Saipem, asociarse con la empresa hidalguense Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA) para participar en la licitación por invitación de la construcción de la refinería de Dos Bocas.

Se trata de la misma compañía que, según la deposición judicial del ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, fue sugerida por Emilio Lozoya para ser el socio mexicano de la constructora brasileña en la licitación de un proyecto de Pemex Refinación. El testimonio da cuenta de que esta operación está vinculada a la entrega de sobornos en compañías fachada de paraísos fiscales montadas expresamente por Odebrecht para pagar al entonces director de alianzas internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto.

En un sexenio, Construcciones Industriales Tapia pasó de ser un pequeño negocio familiar a ser el socio preferente de los contratistas internacionales más notables de la gestión de Emilio Lozoya en Pemex: Odebrecht y OHL.

Tan sólo en proyectos de la refinería de Cadereyta, CITAPIA obtuvo contratos por más de 240 millones de pesos en la administración de Enrique Peña Nieto. Las irregularidades documentadas por la Auditoría Superior de la Federación no significaron impedimento alguno para que esta compañía de Hidalgo mantuviera su aura de influencia en el sector energético.

El respaldo político de Juan Carlos Tapia, el fundador de la compañía, quedó de relieve cuando atendió una reunión de alto nivel con el presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos en septiembre de 2014, en cías cercanos a la promulgación de las leyes secundarias de la reforma energética. La filtración de una llamada entre Ignacio Bobadilla, funcionario de Presidencia, y Pablo Wallentin, representante de OHL México, reveló el nombre de los contratistas más importantes del sector energético en el sexenio anterior: Alonso Ancira, William Karam, Alberto de Meneses, Ramiro Garza Cantú, Antonio del Valle y, por supuesto, Juan Carlos Tapia.

La mitad de estos nombres siguen siendo actores relevantes en las licitaciones del sector energético organizadas por la administración de Andrés Manuel López Obrador. Juan Carlos Tapia, probablemente el empresario cuyo ascenso está más vinculado al grupo político del ex presidente Enrique Peña Nieto, es uno de ellos. El portal Animal Político identifica a Tapia como un “empresario cercano a Miguel Ángel Osorio Chong”, el poderoso secretario de Gobernación del sexenio anterior.

Personas familiares a la operación de CITAPA aseguran que, además del capital político del ex gobernador de Hidalgo, la compañía creció de manera exponencial gracias al servicio de cabildeo de dos personajes cercanos a la oficina de Emilio Lozoya en Pemex: Miguel Tame, un ex director de Pemex Refinación convertido en asesor de empresas privadas; y Froylán Gracia, el entonces coordinador ejecutivo de la Dirección General de Pemex, quién es señalado en las grabaciones de Black Cube como un funcionario que pedía entre 50 mil y 100 mil dólares a las empresas privadas que quisieran tener tiempo cara a cara con Lozoya.

Este ecosistema de intereses pone en cuestión por qué Rocío Nahle habría recomendado a una empresa con los antecedentes de Construcciones Industriales Tapia, cuyas instalaciones incluso fueron cateadas por la PGR en el 2016 debido a que se encontró una toma clandestina de combustible ligada a la refinería de Tula.

Con excepción de Venezuela, México sigue siendo el único país en América Latina en el que el caso Odebrecht no se ha judicializado. Ésta fue una de las críticas más consistentes de la campaña de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

En ese sentido, CITAPIA parece ser el propio de todo lo que el gobierno de AMLO pretende combatir: una empresa que utiliza conexiones políticas para obtener contratos a sobreprecio y que además ha enfrentado investigaciones por delincuencia organizada.

La firma italian Saipem rechazó la recomendación de la secretaria de Energía y perdió la licitación de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Una de las constructoras ganadoras, KBR, sí tomó la sugerencia de la secretaria Nahle e incluyó en su consorcio a MRP, subsidiaria de CITAPIA.

Este caso arroja luz sobre el modelo que ha utilizado el despacho de la secretaria Rocío Mahle para escoger ganadores y perdedores en el mercado energético: el de las licitaciones por invitación, un esquema que maximiza las oportunidades de cabilderos como Miguel Tame.

Saipen entiende los términos y condiciones que implica ser un contratista del sector energético en México: sabe que una alianza con CITAPIA está en el mejor interés de la compañía si quiere hacer negocio en el país. En diciembre de 2019, estas dos empresas realizaron un evento conjunto para entregar el donativo de doce patrullas con un valor de nueve millones de pesos a Pemex y al estado de Hidalgo.

No es la primera vez que la compañía italiana navega las aguas del sistema político mexicano. Saipem es una de las 21 compañías que recibieron mejores condiciones contractuales cuando Carlos Morales Gil era director de Pemex Exploración y Producción. La firma italiana también aparece en la base de datos de Fundar de empresas petroleras que recibieron condonaciones de impuestos en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Su relación con el ecosistema político que permitió irregularidades del sector energético, como los contratos a sobreprecio de Odebrecht o la venta de Fertinal, es evidente.

Esto vuelve a abrir la pregunta de por qué la secretaria Rocío Nahle se dirigió a ellos en particular. Saipem, además, cuenta con un historial de litigios de corrupción a nivel global: en el 2010, llegaron a un acuerdo monetario con las autoridades italianas para terminar una investigación por sobornos en Nigeria. Y en 2018, una corte de ese país responsabilizó a la compañíaa de distribuir cerca de 200 millones de euros en sobornos para obtener un contrato de la empresa petrolera estatal de Argelia. El director de la compañía Pietro Tali, fue sentenciado a cuatro años de prisión.

La recomendación de Rocío Nahle sale a la luz en un momento en el que el gabinete de Andrés Manuel López Obrador está dividido por la reactivación de rondas petroleras y asociaciones estratégicas de Pemex, dos modelos que reducen la discrecionalidad y el hermetismo que han caracterizado a las licitaciones de la Secretaría de Energía en el gobierno de la Cuarta Transformación.

Si Construcciones Industriales Tapia y los intereses a su alrededor continúan expandiendo su huella en la Secretaría de Energía de Rocío Nahle, este caso podría convertirse en uno de los focos rojos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.