Nuevo León: la disputa

La tensión entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y el principal operador del PRI en el estado, Francisco Cienfuegos, ha llegado a un punto crítico.

La mañana del viernes, autoridades estatales de Protección Civil clausuraron el complejo Kalos, donde está ubicada la oficina de Cienfuegos.

El gobernador se pronunció al respecto esta mañana: “Ha hecho muchas maldades, pero no se las cobraban por sus tentáculos, por sus, voy a decir, influencias. ¿Perseguido? Sí. Hay carpetas de las autoridades federales contra él en las que al estado le piden que coadyuvemos”.

“Paco lleva, yo creo que 12 o 15 años que trabaja en oficinas de Kalos, que sus casas de campaña son de Kalos, que el ‘depa’ donde vive es de Kalos, que el avión en el que se mueve es de Kalos, que las casas de gestoría son de Kalos, pues que no se sorprenda que la FGR llegue a los Kalos”, añadió.

Adicionalmente, personal de la Secretaría de Medio Ambiente realizó una inspección a la Casa Alameda, el que fuera el centro de operaciones de la campaña estatal del PRI en el proceso electoral del 2021. Las instalaciones fueron suspendidas.

En un mensaje a medios, Cienfuegos calificó estas acciones como un síntoma de persecución política en su contra: “El gobernador se ha vuelto un dictador en este estado y ha hecho a un lado a las instituciones que son para servir al pueblo, no a él”.

Samuel García ha reiterado públicamente que considera a Cienfuegos como un poder fáctico no electo que tiene secuestrado al Congreso. “Sí hay una persecución federal, pero en la Fiscalía General de la República”, reviró el gobernador. “Tiene como cinco o seis carpetas tan sólo de Paco Cienfuegos. Tiene carpetas de lavado de dinero, tiene carpetas de delincuencia organizada, tiene carpetas de defraudación fiscal, carpetas de acoso. Está hasta el tronco ese señor”, agregó García.

El gobernador se ha rehusado a publicar cientos de decretos avalados por el poder legislativo. Una parte significativa de estas leyes están abocadas a reducir la discrecionalidad con la que el gobierno estatal dirige las instituciones de inteligencia financiera y escrutinio fiscal.

Legisladores del PRI y del PAN han sido enfáticos en el conflicto de interés que significa tener a ex empleados de Firma Jurídica y Fiscal, propiedad de la familia de García, en el aparato judicial y de Nuevo León.

Las diferencias entre Samuel García y el Congreso, cuya mayoría está dominada por la coalición PRI-PAN, han paralizado la operación del gobierno. Lo que inició como un conflicto por la designación del fiscal General (el grupo político de Cienfuegos buscaba designar a Adrián de la Garza, ex candidato del PRI a la gubernatura) ha evolucionado en una batalla por el presupuesto entre la oficina del gobernador y los alcaldes emanados del PRI y del PAN.

Al centro de la disputa está el manejo de un fondo metropolitano de 2,500 millones de pesos. Ayer, el gobernador Samuel García sugirió que, si los alcaldes “disidentes” no cooperaban con los proyectos estatales, como el desarrollo de la Línea 6 del Metro, las políticas de promoción para la inversión extranjera directa serían focalizadas a municipios que no sean gobernados por el PRI o por el PAN. La coalición de alcaldes agrupada en la organización Pacto por Nuevo León, que lidera César Garza, alcalde de Apodaca, interpretó este mensaje como una extorsión del gobernador.

“Esto es una democracia, Samuel, y se debe respetar a los demás”, dijo Cienfuegos esta mañana. “Lo escuchamos hablar de los recursos que no llegan a los alcaldes, pero se está llevando de encuentro a miles de ciudadanos, el gobernador está cometiendo un delito todos los días, no es un tema político”, agregó.

Desde el entorno de Cienfuegos acusan que existe una alianza entre el gobernador y el presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que le ha permitido a García, por un lado, esquivar investigaciones federales de lavado de dinero y evasión fiscal. Por otra parte, aseguran, se ha sellado un pacto político-electoral entre Morena y Movimiento Ciudadano Nuevo León para antagonizar al PRI y competir en sinergia por el control del Congreso local en 2024.

«Este gobierno se ha quitado la máscara y nos viene a enseñar que es un aliado más de Morena para querer denostar a la coalición en los estados donde tenemos elección”, declaró José Luis Garza Ochoa, dirigente del PRI en Nuevo León después del mensaje a medios de Francisco Cienfuegos.

“Nunca habíamos tenido a un gobernador que llamara estorbos a los alcaldes, tiene un uso faccioso del gobierno, no podemos tolerar que se usen las instituciones del estado para perseguir a quienes representamos la oposición”, añadió Hernán Salinas, dirigente estatal del PAN en el mismo foro.

Esta semana, el gobierno de García solicitó que sea investigada la conexión de Rodrigo Medina, ex gobernador de Nuevo León, con Francisco Cienfuegos, así como el papel del operador del PRI en una presunta trama de desvío de recursos a favor de la campaña de Manolo Jiménez a la gubernatura de Coahuila.

“Ya hemos hecho demostraciones en donde la corrupción en este gobierno no cabe, tiene que salir y salir corriendo porque no vamos a permitir que la gente que le ha hecho tanto daño a nuestro estado, siga saqueando las arcas en el estado”, dijo esta semana Javier Navarro, secretario de Gobierno de la administración de Samuel García.

“A través de apoderarse de municipios o bien a través de apoderarse de organismos públicos autónomos y que utilicen el presupuesto para dárselo a amistades o a los compromisos que se tienen como hemos visto ya”, añadió Navarro.

La Fiscalía General de la República está investigando una presunta red de prestanombres y empresas fantasma vinculadas a Cienfuegos. En el PRI sostienen que se trata de un procedimiento politizado ejecutado como un favor político a García.

El deterioro del clima político de Nuevo León se ha convertido en objeto de crítica del establishment político y empresarial del estado. La semana pasada, el ex gobernador panista, Fernando Canales Clariond, alertó de lo que calificó como actitudes dictatoriales del gobernador Samuel García:

“Estamos en el inicio de una administración que da indicios de ello, es el momento, y se lo digo, gobernador, con todo respeto, es tiempo de rectificar. Estamos aquí en el poder legislativo, al lado está el salón de sesiones, de ahí constitucionalmente salen las decisiones de cuáles son las leyes que deben de regir en este estado, el gobernador tiene la obligación de publicarlas en el Periódico Oficial del estado para que tomen vigencia, tiene meses de que no publica las decisiones del poder legislativo de nuestro estado, principio de una dictadura que no vamos a permitir los neoloneses”.