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22 de junio 2024

29 de octubre 2020

Política

“No le debemos nada a los gobernadores”, insiste el presidente

Andrés Manuel López Obrador afirmó, a través de la Secretaría de Hacienda, que los estados recibirán este año más de 600 mil millones de pesos, con lo que se cumple con la Ley de Coordinación Fiscal

Por Redacción Magenta

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El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que no se les debe nada a los gobernadores que integran la Alianza Federalista y estaría dispuesto a dialogar con ellos, siempre y cuando no se recurra a la ‘politiquería’.

En su conferencia ‘mañanera’, el ejecutivo federal recalcó que la repartición del presupuesto se ha realizado conforme a la ley, además de no ser un tema personal, por lo que debe cuidarse -dijo- la investidura presidencial.

“Claro que dialogamos, siempre y cuando no haya politiquería, porque imagínense que se utilice a investidura presidencial con propósitos partidistas, tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial, no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad, de repente plantean de que no se les está dando dinero y que están proponiendo una ruptura con la Federación, no hablo que estén planteando separar a las entidades federativas de la República, sino que hay una inconformidad.

“Ya se los dije ayer, no se les debe nada, y qué bueno que está aquí el secretario de Hacienda (Arturo Herrera)… nada; y me gustaría que hoy mismo se informe a los estados, donde los gobernadores están planteando que no les alcanza el dinero, que se dé a conocer cuánto se les ha transferido este año, al gobierno de Jalisco, al gobierno de Chihuahua, a cada uno de ellos, cuánto se les ha entregado”, expresó.

En ese sentido, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera aseguró que los estados recibirán -en conjunto- 638 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de 2.9 por ciento respecto a 2019, además de que la dependencia a su cargo se rige por la Ley de Coordinación Fiscal, cuya reforma data de hace 13 años.

“Esto se hace a través de la Ley de Coordinación Fiscal, la última reforma relevante, aunque ha habido (reformas) secundarías, fue en 2007, por lo que el pacto fiscal prevaleciente no es producto de este gobierno sino de una reforma que se hizo hace 13 años; además, la reforma es precisa de cuánto se transfiere”, expresó Herrera en su comparecencia.

Al respecto, López Obrador añadió que dicha reforma fue aprobada por algunos de los 10 mandatarios hoy inconformes y que al final, mantendrá su palabra de entrega los recursos de manera directa, sin caer en temas electoreros.

“Esta reforma legal del 2007, fue un acuerdo, arriba en la cúpula y ¿cómo era antes? Se acordaba arriba y vámonos, ¡a votar todos!; pero el extremo es que los que votaron entonces, que eran legisladores, ahora son gobernadores, hay algunos casos ¡y los partidos, todos! Entonces, que todo eso se informe, que nos digan porqué votaron esa fórmula y ahora ya no les parece, porqué cambiaron.

“Mi interpretación es que están usando esto como bandera política electoral, como vienen las elecciones, pues para que la gente esté inconforme con nosotros y ellos saquen votos, sus partidos, pero se me hace la verdad, muy ramplón”, puntualizó el inquilino de Palacio Nacional.

Los acuerdos que lograron la creación de la Ley de Coordinación Fiscal empezaron a hacerse desde 1980, en donde se estableció que a los estados de la República se les entrega un monto anual de acuerdo a la población, pobreza y otros parámetros como la recaudación de impuestos locales.

La Constitución, en su artículo 34, fracción VII, les prohíbe a los gobernadores someter a consulta los principios consagrados en el artículo 40 del máximo ordenamiento jurídico del país, por lo que no podrán realizar este tipo de ejercicios para romper el Pacto Federal.

En días pasados, cuatro de los 10 gobernadores que integran la Alianza Federalista, que son Jalisco, Nuevo León, Michoacán y Aguascalientes, anunciaron que realizarán una consulta pública en sus demarcaciones, con la intención de conocer el sentir de la población sobre si están de acuerdo en permanecer o no en el Pacto Fiscal.

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