Narcoelección Judicial

Una abogada de ‘El Chapo’. Un fiscal regional de Tierra Caliente acusado de cooperar con la Familia Michoacana. Una persona sentenciada por portación de narcóticos y armas de fuego. Un abogado del ‘Z-40’. Estos perfiles no son parte de una lista de candidatos a extradición a Estados Unidos. Todo lo contrario: esta es la descripción de cuatro candidatos de la elección judicial, una contienda en la que la participación activa del crimen organizado es innegable. La Reforma Judicial representa una oportunidad sin precedentes para la infiltración de los cárteles en el Estado mexicano. En Palacio Nacional están conscientes de ello.

El miércoles en la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum admitió por primera ocasión en su sexenio que la Reforma Judicial abrió la puerta a perfiles indeseables. “Si no son aptos, deben ser descalificados”, sentenció la mandataria. Además, Sheinbaum indicó que “la última palabra” para descalificar a candidatos de alto riesgo la tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dada la relación de subordinación que ese tribunal ha mantenido respecto al Poder Ejecutivo y a los intereses políticos de la 4T, el mensaje de Sheinbaum puede interpretarse como una orden para el despacho de la magistrada Mónica Soto: detengan el desastre.

Un día antes, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, reconoció que al Congreso y al Comité de Evaluación de la Reforma Judicial “se les fueron” candidatos con antecedentes criminales o con vínculos a la delincuencia organizada. Posteriormente, Noroña matizó su posición y dijo que no veía razón para que hubiera sanciones contra los responsables de dejar pasar a los perfiles indeseables; es decir, sanciones al orquestador del Comité de Evaluación, Arturo Zaldívar, y al operador de la tómbola judicial, Adán Augusto López. Sin embargo, las palabras de Noroña revelaron que, dentro de la 4T, existe una corriente inconforme con el curso de la Reforma Judicial. Alfredo Figueroa, analista político, argumenta que “Sheinbaum y Morena están horrorizados con lo que hicieron”. El proceso se salió de control.

En el círculo íntimo de la presidenta Claudia Sheinbaum se ha debatido la posibilidad de que la Reforma Judicial no sea ejecutada o que sea radicalmente diluida. La elección de jueces, magistrados y ministros representa un riesgo de seguridad nacional. El tema ha sido motivo de discusión en las conversaciones bilaterales con funcionarios de la administración de Donald Trump, de acuerdo a personas cercanas al asunto. En Washington hay quienes consideran que la elección judicial terminaría por validar la etiqueta de “narcoestado” asignada a México. El interrogatorio y la cancelación de la visa al alcalde de Matamoros, Tamaulipas ocurrido la semana pasada confirma que las agencias de inteligencia norteamericanas están construyendo un caso contra una red de políticos de Morena vinculados al crimen organizado.

La organización civil Defensorxs, que preside el activista Miguel Alfonso Meza, ha documentado ampliamente los perfiles de alto riesgo que están participando en la elección judicial. La investigación incluye a candidatos con historial de abuso sexual, personas vinculadas a la secta religiosa ‘La Luz del Mundo’, abogados subordinados a grupos políticos, litigantes corporativos con conflictos de interés flagrantes, jueces que han liberado a delincuentes bajo criterios cuestionables y personas que no cumplen con los estándares mínimos de competencias para asumir una posición en el Poder Judicial.

Defensorxs destaca cuatro perfiles que ponen de relieve la intervención del crimen organizado en la elección judicial:

1. Silvia Rocío Delgado García, propuesta por el Comité del Poder Ejecutivo para el estado de Chihuahua para competir por un puesto como jueza en materia penal. En agosto de 2016, fue parte del equipo de defensa legal de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el antiguo líder del Cártel de Sinaloa que fue sentenciado por narcotráfico en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Delgado García fue el enlace directo de su despacho con ‘El Chapo’.
   
2. Francisco Herrera Franco, propuesto por el Comité del Poder Legislativo para competir por un puesto como juez en materia penal. Entre enero de 2020 y abril de 2022, fue Fiscal Regional de Zitácuaro, Michoacán, una zona de conflicto paramilitar entre la Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Su apodo era ‘El Fiscal del Terror’. En un audio difundido hace tres años, Herrera Franco habló con un líder criminal, Edwin Rivera Padilla, alias ‘El Barbas’, sobre un homicidio cometido por ‘El Cártel de los Cristaleros’ que opera en la frontera de Michoacán con el Estado de México. El fiscal ofreció asesoría legal a Rivera Padilla, quien posteriormente sería asesinado junto a 19 personas en un palenque clandestino en Zinapécuaro. Además, Herrera Franco ha sido cuestionado por su presunto involucramiento en el asesinato de dos periodistas de Monitor Michoacán.
   
3. Jesús Humberto Padilla Briones, propuesto por el Poder Legislativo para juez de Distrito Penal del 4° Circuito en Nuevo León. Fue detenido en julio de 2023 en Montemorelos en posesión de un arma de fuego y 17 dosis de cristal. Las autoridades lo vincularon a proceso por narcomenudeo, pero recibió una suspensión condicional del proceso en febrero de 2024.
   
4. Fernando Escamilla Villarreal, propuesto por el Comité del Poder Ejecutivo Federal para el estado Nuevo León para competir por un puesto como juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Cuarto Circuito. Es parte del equipo de defensa legal de Miguel Ángel Treviño Morales, ‘El Z-40’, y de Eleazar Medina Rojas, ‘El Chelelo’. Se trata de dos presuntos líderes del crimen organizado que fueron enviados a Estados Unidos para ser juzgados en cortes norteamericanas como parte de un acuerdo entre el gobierno de Claudia Sheinbaum y la administración de Donald Trump. Además, Escamilla Villarreal fue sentenciado en 2016 por el delito de portación ilegal de arma de fuego.

Estos son apenas cuatro casos visibles, pero el fenómeno se extiende a estados en los que los cárteles han cooptado al Estado mexicano: Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, Chiapas, Zacatecas, Guanajuato, etcétera. El Comando Norte del Ejército de Estados Unidos advierte que un tercio del territorio mexicano está bajo control de los grupos criminales. Esa es la extensión real del problema de la elección judicial. La JUFED, el órgano que representa a los jueces y magistrados que resisten la Reforma Judicial, señala que las declaraciones de Noroña “no sólo resultan alarmantes; confirman, palabra por palabra, lo que JUFED ha anunciado desde el inicio: la Reforma Judicial impulsada por el actual gobierno federal es inconvencional, ilegal y representa una amenaza directa y real contra la independencia judicial en México y los derechos humanos de las personas”.

Más allá del fiasco que significó la aprobación de la reforma con el voto de Miguel Ángel Yunes, más allá del desaseo de la tómbola de selección de candidatos, más allá del problema logístico que enfrentará el INE para organizar la elección, la Reforma Judicial es un problema de seguridad nacional. Esto complica la delicada relación del gobierno de Claudia Sheinbaum con una administración estadounidense que ya designó a los cárteles como organizaciones terroristas.

Para Sheinbaum, la elección judicial también cambia el balance de poder dentro de su propia coalición. El ejército de diez millones de nuevos militantes de Morena al servicio de Andrés Manuel López Beltrán significa que Palacio Nacional tendrá su propio contrapeso dentro de la 4T. Será un Poder Judicial controlado por ‘Andy’ y por los capos de la 4T inconformes con la política de quiebres con el pasado que Sheinbaum está implementando.

No obstante, lo más grave del asunto parece ser la apatía de la sociedad mexicana frente a un fenómeno que no sólo cambiará radicalmente el acceso a la justicia en México, sino el peso del crimen organizado dentro del Estado. Una carta firmada por ocho organizaciones civiles, entre ellas Defensorxs, Artículo 19 y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, pone este argumento sobre la mesa: “Como sociedad, no podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad del crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia”.