Mullin exigió a Sheinbaum entregar a políticos acusados en Estados Unidos

¿Qué pasó?

• La reunión del jueves 21 de mayo en Palacio Nacional, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, “no terminó bien”, de acuerdo a fuentes citadas por el periodista Jorge Fernández Menéndez.

• El funcionario estadounidense habría insistido en la entrega de Rubén Rocha Moya y de los funcionarios co-acusados por un Gran Jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York.

• Según esa versión, Mullin habría sostenido que el estatus legal de los acusados cambió tras la entrega en Estados Unidos de Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, ex secretario de Finanzas, quienes comenzaron a colaborar con autoridades estadounidenses. El proceso legal de estos dos funcionarios ya inició, lo que implica que no requieren de ser formalmente extraditados para que inicie el juicio en su contra.

• Sheinbaum se negó a cooperar con la extradición, de acuerdo al testimonio. Le comunicó a Mullin que los funcionarios serán juzgados en México. La diferencia obligó a una terminación anticipada de la reunión.

• La versión oficial mexicana fue distinta: Sheinbaum informó públicamente que recibió a Mullin y que ambos acordaron mantener la colaboración “en el marco de respeto” entre los dos países.

• Al día siguiente, la presidenta dijo que en la reunión no se abordaron las peticiones de detención con fines de extradición contra 10 funcionarios de Sinaloa y afirmó que ese asunto corresponde al Departamento de Justicia de Estados Unidos.

¿Por qué importa?

• El episodio exhibe la tensión central de la relación México-Estados Unidos: Washington presiona para ampliar la ofensiva contra redes políticas presuntamente vinculadas al narcotráfico, mientras el gobierno mexicano defiende que cualquier proceso debe sujetarse a pruebas, jurisdicción nacional y respeto a la soberanía.

• La acusación estadounidense contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios o ex funcionarios de Sinaloa representa un alto costo político para Morena y para el gobierno de Sheinbaum, porque involucra a figuras en activo o cercanas al partido gobernante.

Los detalles:

• Después de la reunión, Mullin publicó que se discutieron prioridades de Estados Unidos, entre ellas fortalecer los esfuerzos de México contra “narcoterroristas”, sostener avances contra el tráfico de personas y narcóticos, y reforzar compromisos operativos en seguridad fronteriza. Ese mensaje no mencionó públicamente extradiciones.

• Fernández Menéndez señaló que Mullin le dijo a Sheinbaum que en los próximos días podrían presentarse nuevas acusaciones federales contra políticos mexicanos: “el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y veinte funcionarios y cercanos suyos en el estado; la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila y otros 12 acusados en el estado; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo  y nueve políticos y funcionarios estatales; y el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, acompañado por once miembros de su equipo y personajes cercanos”.

El contexto:

• El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó el 29 de abril que una acusación formal fue revelada contra Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Gerardo Mérida Sánchez y otros seis funcionarios o ex funcionarios de Sinaloa por delitos de narcotráfico y armas.

• México congeló cuentas de ex funcionarios acusados por Estados Unidos, pero Sheinbaum describió la medida como preventiva y derivada de órdenes de aprehensión en Estados Unidos, no como resultado de una investigación mexicana propia.

• La reunión con Sara Carter, titular de la política antidrogas de la Casa Blanca (estaba programada para esa misma gira) fue pospuesta por motivos de agenda.