Movimiento Ciudadano promueve juicio político contra el “Bronco”

La administración de Jaime Rodríguez Calderón, gobernador de Nuevo León, ha dejado una estela de corrupción que amerita que el Congreso del estado abra un juicio político para destituirlo. 

Ésta es la opinión legal del senador por Movimiento Ciudadano, Samuel García, quién presentó una denuncia de juicio político ante el poder legislativo local “por actos y omisiones que dañan gravemente los intereses públicos fundamentales”, según consta en el documento entregado a la Oficialía de Partes, al que Código Magenta tuvo acceso. 

La denuncia está firmada por el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Agustín Basave, y por miembros de organizaciones de la sociedad civil: Javier Luis Navarro-Velasco y Sandrin Molinard, de Consejo Cívico; Verónica Sada, de PRO, Jesús González Rentería, de Ahora Nuevo León; entre otros. 

La acusación central contra “el Bronco” está basada en el caso, documentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de desvío de recursos públicos y presión a funcionarios del Estado para recolectar firmas en horario laboral para la candidatura presidencial de Rodríguez Calderón. 

A partir de una denuncia presentada por Samuel García, este tribunal determinó en junio de 2018 que el Congreso de Nuevo León quedaba obligado legalmente a sancionar al gobernador. La culpabilidad del “Bronco” quedó de manifiesto y se pidió al poder legislativo determinar la sanción entre un espectro de posibilidades que van desde el apercibimiento hasta la destitución e inhabilitación. 

De manera paralela a la negociación política que definiría la supervivencia de Rodríguez Calderón, los diferentes grupos del Congreso de Nuevo León se enfrascaron en un debate legal sobre el camino que debería seguirse para sancionar al gobernador. 

La bancada de Movimiento Ciudadano puso sobre la mesa un proceso sancionador que, a grandes rasgos, implicaba votar en el pleno una resolución de la Comisión Anticorrupción, que es presidida por el diputado Arturo de la Garza, del partido naranja. 

Sin embargo, ese esfuerzo no prosperó dado que los liderazgos del PRI y el PAN en el Congreso insistieron en que la única vía para destituir a un gobernador (que era el objetivo explícito de la bancada de Movimiento Ciudadano) era a través del juicio político. 

A pesar de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deliberó que Jaime Rodríguez Calderón y su secretario de Gobierno, Manuel González, debían ser sancionados antes de que finalizara el periodo ordinario en diciembre de 2019, eso no sucedió. 

Ahora, esta denuncia promovida por García, Basave y organizaciones de la sociedad civil apunta a abrir un nuevo frente legal para destituir al “Bronco”. Esto ocurre en un momento crítico para su administración, que cuenta con un nivel de desaprobación del 90 por ciento, de acuerdo a una encuesta realizada por la plataforma ¿Cómo Vamos Nuevo León?

Además del caso de las “Broncofirmas”, el documento cita los casos del “Broncearon”, la “Broncosuegra” y el “Cobijagate”; cuatro casos que, según se argumenta, representan un “ataque a las instituciones democráticas” y violaciones graves a la constitución y a las garantías individuales”, así como un “ataque al ejercicio del sufragio”.