Movimiento Ciudadano advierte de blindaje al Bronco

A trece meses de que concluya la gestión de Jaime Rodríguez Calderón como gobernador de Nuevo León, el proceso de sanción por el caso de las “Broncofirmas” permanece inconcluso.

Movimiento Ciudadano, el partido que promovió la denuncia que derivó en una resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que encontró culpable al “Bronco” por desviar recursos públicos a su campaña presidencial de 2018, advierte que el gobernador podría encontrar un blindaje político y legal.

Arturo Bonifacio de la Garza, diputado local emecista, envió un documento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se presentan los alegatos y hechos notorios que, desde su punto de vista como presidente de la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, respaldan la decisión del tribunal electoral, cuya sentencia conmina al poder legislativo local a castigar al gobernador en un proceso especial sancionador.

Samuel García, senador por Movimiento Ciudadano y que ha cabildeado la sanción al “Bronco” como parte de una campaña personal, dijo en conferencia de prensa que la Suprema Corte de Justicia alista un proyecto de impunidad a favor del gobernador. “Hay inconsistencias abismales” desde el punto de vista legal, indicó.

Esta semana, la Primera Sala del máximo tribunal podría resolver una controversia constitucional promovida por “el Bronco”, un recurso concedido en octubre de 2019 por el ex ministro Eduardo Medina Mora, que ha protegido al gobernador de ser castigado.

La actitud de escepticismo de los legisladores de Movimiento Ciudadano está basada en la filtración del sentido del proyecto ministro ponente del caso, Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien estaría disputando la validez legal del proceso especial sancionador, proponiendo, en cambio, el inicio de un juicio político cuya conclusión tardaría años.

“Este proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá está planteando invalidar el trabajo, el esfuerzo y no solamente la sanción, sino además entrometerse en la sentencias del Tribunal Electoral que ya son verdad legal”, dijo Samuel García.

El documento de alegatos firmado por Arturo de la Garza cita una resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el que se refiere que “del análisis de lo determinado en la suspensión (en referencia a la controversia constitucional promovida por Jaime Rodríguez), no se apreciaba impedimento alguno para continuar con el procedimiento seguido por el Congreso”.

El presidente de la Comisión Anticorrupción llama a la atención de la Suprema Corte el párrafo de la sentencia que establece que “por lo tanto, se vinculó al Congreso local a agotar el procedimiento iniciado con la imposición de la sanción que correspondiera para el gobernador”.

Personas familiares a la dinámica de la Primera Sala de la Suprema Corte explican que, además de González Alcántara, el ministro Arturo Gutiérrez Ortiz Mena votaría a favor del proyecto del ponente; mientras que las ministras Norma Piña y Margarita Ríos Farjat votarían en contra. Se desconoce cuál será el sentido del voto del ministro Jorge Pardo Rebolledo.