Michoacán: Tierra de cárteles

Asesinatos de alto perfil, uso de drones explosivos y armas de uso exclusivo del Ejército, bloqueo de carreteras y una industria de extorsión valuada en miles de millones de pesos. Michoacán es un estado en guerra. Estas son las estampas cotidianas del enfrentamiento paramilitar de los cárteles que se disputan el territorio que, en teoría, gobierna Alfredo Ramírez Bedolla.

El asesinato de Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que intentó combatir a las organizaciones criminales y que fue ignorado por el gobierno federal, se ha traducido en una efervescencia social: los ciudadanos, acosados por la extorsión y la violencia, salieron a protestar a las calles y a Palacio de Gobierno. Semanas atrás, Bernardo Bravo, el líder de los productores de limón en Apatzingán que denunció las redes de protección criminal, también fue asesinado a tiros.

A pesar de que la administración de Claudia Sheinbaum ha intentado enfrascar estas muertes como casos aislados, se trata de dos fenómenos ligados a la radiografía de los cárteles en Michoacán. De acuerdo a reportes de inteligencia federal, Bernardo Bravo fue asesinado por órdenes de Los Viagras, un grupo criminal local aliado recientemente al Cártel Jalisco Nueva Generación, la organización que hace ocho años inició su expansión territorial hacia Michoacán. Según datos de la fiscalía local, el agresor de Carlos Manzo también tendría vínculos con el CJNG.

Los asesinatos de Bravo y de Manzo ponen de relieve que la guerra de Cárteles Unidos, un conglomerado de mafias locales, contra el CJNG domina la escena criminal y política del estado. Eduardo Guerrero, analista de seguridad, refiere que “detrás del asesinato (de Bravo) hay una disputa feroz por el control de las rentas criminales de la agroexportación… Michoacán está experimentando una nueva reconfiguración criminal. La alianza entre Los Viagras y el CJNG, aunque frágil, ha permitido un avance sostenido del segundo en zonas que antes dominaban Cárteles Unidos”, escribió Guerrero.

Carlos Manzo, de filiación partidista independiente, inició su administración como alcalde de Uruapan con una fuerte limpia de la policía municipal. El alcalde participaba directamente en los operativos de seguridad. En agosto, su gobierno capturó al ‘Rino’, el jefe de planta del CJNG en Uruapan.

Históricamente, el cártel ha respondido con violencia de alto perfil ante este tipo de operativos. El 23 de abril de 2025, el CJNG ejecutó una ofensiva simultánea en 30 municipios de Michoacán, Jalisco y Guanajuato con incendios, tiroteos y bloqueos de vialidades públicas. Fue una demostración de capacidad de choque frente a la política de seguridad del Estado en todos sus niveles. Además, reveló el nivel de infiltración del cártel en las corporaciones de seguridad locales.

En paralelo, Guadalupe Mora, líder de grupos de autodefensa en ‘La Ruana’ y hermano de Hipólito Mora (líder paramilitar asesinado en junio de 2023), ha atribuido gran parte de la violencia del estado a dos mandos de Cárteles Unidos: Juan José “El Abuelo” Farías y Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”. Tanto el CJNG como Cárteles Unidos fueron designados en febrero de 2025 por el Departamento de Estado de Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras.

Michoacán se ha convertido en un laboratorio de guerra táctica criminal: talleres de fabricación de drones bomba y dispositivos improvisados han sido asegurados -por ejemplo-, en La Huacana. Al mismo tiempo, células imponen “narco-servicios” como redes de WiFi comunitario bajo amenaza, cobrando mensualidades a pobladores. El saldo para las fuerzas federales también ha escalado: en mayo de 2025, una mina terrestre mató a ocho soldados del Ejército cerca de Los Reyes, confirmando que los grupos criminales han profesionalizado su capacidad de controlar territorios y emboscar convoyes.

Aunque el conflicto alcanza a todo el estado, la batalla paramilitar se concentra en Tierra Caliente (Apatzingán, Aguililla, Buenavista, Tepalcatepec), corredor donde conviven economías criminales de alto margen: metanfetamina, extorsión agrícola (limón y aguacate), cobro de piso al transporte y control de rutas secundarias. La extorsión a los productores agrícolas alcanzó un punto de quiebre en junio de 2024, cuando el gobierno de Estados Unidos (Departamento de Agricultura, USDA por sus siglas en inglés) pausó las inspecciones de aguacate y de mango en Michoacán por un incidente de seguridad con su personal.