Michoacán: Rompan el pacto

Ante los asesinatos brutales en Michoacán del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, y del líder de productores de limón, Bernardo Bravo, la presidenta Claudia Sheinbaum pregunta: “¿Qué proponen?”.

La respuesta es simple: romper el pacto político-criminal que ha convertido al estado un sitio de guerra. Michoacán es la sede de un conflicto paramilitar y de una carrera armamentista entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, sus aliados temporales de “Los Viagras” y los Cárteles Unidos, una coalición dominada por antiguos mandos de “Los Caballeros Templarios” y las mafias locales.

El saldo de la guerra son miles de vidas perdidas por las balas de los cárteles, como la de Josefina, la joven de 19 años que trabajaba como “puntera” de un grupo criminal en Tierra Caliente y que fue asesinada por la paranoia de sus empleadores. Su cuerpo fue quemado y enviado a su familia como un mensaje de terror. El padre de Josefina, un sicario asociado a un cártel rival también fue asesinado.

El territorio michoacano refleja la realidad de una guerra con características de la África Subsahariana: drones con explosivos, minas terrestres, vehículos blindados, armas Barret calibre 0.50, mercenarios colombianos, estadounidenses y francotiradores de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano a sueldo de los cárteles.

Este poder de fuego es utilizado para disputar un negocio de extorsión de miles de millones de dólares al año, a las industrias de exportación agrícola de limón y aguacate. Bernardo Bravo, el líder empresarial que se atrevió a alzar la voz contra estos abusos, fue asesinado en Apatzingán. Su muerte fue un mensaje político de la mafia.

Nancy Canjura, experta en seguridad de la organización Causa Común, le dijo a The New York Times que el ataque contra Carlos Manzo, en la plaza pública, frente a los ojos de su hijo pequeño, “confirma que los grupos criminales, no las autoridades, controlan el territorio”.

Los cárteles no operan solos. La mafia ha infiltrado al Estado mexicano en todos sus niveles. El gobierno de Claudia Sheinbaum no es ajeno a esta realidad. La presidenta tiene a su lado a dos funcionarios que conocen a la perfección la radiografía criminal de Michoacán:

Lázaro Cárdena Batel, actual Jefe de la Oficina de la Presidencia, fue el gobernador que en 2006 pidió al presidente Felipe Calderón la intervención de las Fuerzas Armadas después de una masacre perpetrada en Uruapan. La historia mexicana reconoce este punto como el inicio formal de la guerra contra las drogas.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana, fue un alto mando de la Policía Federal asignado a Michoacán en 2014, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto rompió el monopolio criminal de “Los Caballeros Templarios” mediante la construcción de un nuevo entramado de grupos de autodefensa.

Tanto la política de confrontación armada de Felipe Calderón como la del arreglo de cárteles de Enrique Peña Nieto fueron un rotundo fracaso. A pesar de ello, la presidenta Claudia Sheinbaum se equivoca en culpar al pasado. Sus comentarios son igualmente hipócritas e ignorantes: la realidad violenta de Michoacán también es una función de los pactos criminales signados por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En otoño de 2021, elementos de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano se coludieron con grupos paramilitares de Michoacán para asesinar a 400 sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación en los municipios de Taixtán, Tepalcatepec y Buenavista. Los cuerpos de las víctimas fueron desaparecidos en fosas clandestinas para evitar que se iniciara una investigación por crímenes de lesa humanidad. Eliminaron la evidencia de un crimen de Estado.

Sin embargo, la historia fue confirmada a International Crisis Group, un think tank especializado en conflictos armados, por cinco fuentes independientes, tanto del gobierno como de los cárteles. El reporte concluye que la operación fue coordinada por un líder criminal, por dos miembros de células rivales del cártel, por funcionarios locales de Tierra Caliente y por un oficial federal de alto nivel.

“Anteriormente, y en el contexto de la ofensiva del CJNG en Michoacán ese año, soldados ya habían formado un pacto con grupos criminales para enfrentar al CJNG de manera conjunta y coordinada, según nuestras fuentes”, dijo a Animal Político Falko Ernst, el especialista de seguridad nacional que recopiló el reporte de Crisis Group.

En el fondo, la masacre de 400 soldados del CJNG confirma que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pactó con los cárteles. El horror fue parte  de un cálculo político que ha permitido a Morena mantener alianzas con los poderes fácticos que realmente dominan el territorio: los capos criminales a cargo de la extorsión, el tráfico de drogas y el asesinato de figuras políticas y empresariales como Carlos Manzo y Bernardo Bravo.

La alianza del Ejército Mexicano con Cárteles Unidos se fraguó apenas meses después de que Alfredo Ramírez Bedolla fue electo gobernador de Michoacán bajo las siglas de Morena. Su campaña fue beneficiaria de dos instancias criminales paralelas: el miedo territorial de las mafias locales y el dinero de la estructura de huachicol fiscal orquestada por Sergio Carmona.

Carlos Matienzo, especialista en seguridad nacional con un posgrado de la Universidad de Columbia, argumenta que “la situación actual de Michoacán se explica por la ‘narcoelección’ de 2021, la primera en la historia donde el Tribunal Electoral anuló las casillas de cuatro municipios enteros, más de 45 mil votos, por intervención del narco”.  En mayo de 2021, días antes de los comicios, el candidato del Partido Verde a la Presidencia Municipal de Uruapan, Omar Plancarte, fue secuestrado por un comando criminal. Los cárteles ratificaron lo que para todos es evidente: en el territorio, ellos son los que mandan.

Tres años más tarde, en el contexto de las elecciones de 2024, fueron asesinados en instancias separadas la alcaldesa de Cotija, Yolanda Sánchez, y el activista extranjero a favor de los derechos humanos, Jean Cadot Odimba.

Morena arrasó en Michoacán en 2021 y en 2024. Jacobo Dayán, académico especializado en derechos humanos y seguridad nacional, cuestiona: “¿Los partidos políticos están dispuestos a sacrificar victorias para limpiar filas y eliminar el vínculo político-criminal?”. No parece ser el caso.

La organización ‘Narcopolítcos’, un colectivo de activistas abocado exhibir las redes criminales de la clase política mexicana, publicó recientemente un expediente sobre Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán: “Ha sido señalado en documentos de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional por su vinculación con Cárteles Unidos, una alianza de siete cárteles que operan en Michoacán. En Estados Unidos, un tío y primo hermano de Bedolla fueron sentenciados por traficar metanfetaminas y trabajar para ese mismo cártel. Ramírez Bedolla ha sido acusado por el precursor de autodefensas, Hipólito Mora, de haber ganado su elección gracias al apoyo de dicho cártel”.

Aunque la evidencia es contundente, la presidenta Sheinbaum no incluyó en su programa de pacificación denominado “Plan Michoacán” ni un solo punto para atacar el vínculo político-criminal. El gobierno federal corre el riesgo, tal como ocurre en Sinaloa, de ser un simple testigo de la violencia y la impunidad.

Michoacán está repitiendo un ciclo interminable de asesinatos y enfrentamientos armados. En abril de 2019, cuando los “Caballeros Templarios” y “Los Viagras” ganaron una batalla clave contra el Cártel Jalisco Nueva Generación en Tierra Caliente declararon que la guerra continuaría en Uruapan y en Morelia. Fueron explícitos. En agosto de ese año, una masacre de 19 personas estremeció a Uruapan. El gobierno federal desplegó a la recién creada Guardia Nacional. El analista Falko Ernst cuestionó decisión: “Lo de hoy subraya que la creación de un nuevo esqueleto no significa que existe una estrategia para atender y mitigar el conflicto y la violencia”. Las palabras fueron atinadas entonces y lo son ahora: “¿Cuál es la estrategia? Es decir, ¿un enfoque que permita sanar las causas socioeconómicas de raíz en el largo plazo, pero que en el corto plazo defina medidas contundentes para impedir homicidios y proteger a la población vulnerable ahora mismo?”.

La solución implica, necesariamente, la ruptura de los pactos político-criminales. No hacerlo habrá significado que Carlos Manzo, Bernardo Bravo y la ola de indignación que atraviesa a México fue totalmente en vano.