México se enfrenta a un tsunami de arbitrajes internacionales

¿Qué pasó?

Apenas dos días después de haberse publicado en el Diario Oficial de la Federación, la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador ya ‘topó con pared’ al ser frenada por un juez de distrito.

¿Por qué importa?

De acuerdo a la Comisión de Energía de la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin), en caso de que las empresas extranjeras decidan iniciar acciones legales, estas podrían derivar en un costo de indemnización para el gobierno federal del orden de los 70 mil millones de dólares.

El contexto:

Apenas la semana pasada, la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue aprobada en modo ‘fast track’ por el Senado, sin que se modificara la iniciativa original del Ejecutivo, lo que puso en alerta a organismos empresariales, tanto nacionales como internacionales, por las implicaciones que conllevaría cederle el control del despacho de energía a la CFE.

Los detalles:

• El presidente de la Comisión de Energía de la Concamin, Régulo Salinas, dijo que los 70 mil millones de dólares corresponden a una primera cuantificación, basada en los arbitrajes solicitados por inversionistas protegidos por los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversión (APRIs), incluidos en el T-MEC, y por el Acuerdo Progresivo de Integración Transpacífico (CPTPP).

• “Se estima que las inversiones que pudieran calificar en esos acuerdos (APRIs) son del orden de 40 mil millones de dólares y la experiencia de estos arbitrajes es que le ordenan al gobierno pagar lo que dejan de recibir bajo el cambio de reglas.

• “Normalmente, las sentencias de estos casos de arbitraje son alrededor de un 80 por ciento más de lo que se invirtió, por lo que si se invirtieron 40 mil millones de dólares, probablemente las sentencias de los casos de arbitraje serían del orden de los 70 mil millones de dólares”, aseguró el experto en declaraciones recabadas por El Financiero.

• Según el especialista, la reparación del daño para dichos inversores (40 mil millones de dólares iniciales más el correspondiente adicional) son equivalentes a entre el 6 y 7 por ciento del PIB. “Evidentemente las finanzas públicas difícilmente podrían enfrentar una situación de esa magnitud”, agregó.

• Si decide apoyar a un sector en particular, el gobierno tiene un periodo inicial de seis meses para llegar a un acuerdo, una vez que se realicen las denuncias respectivas, ligadas a los tratados con otros países.

• En ese periodo, se realizan mesas de trabajo con tres árbitros (uno designado por México, otro por el país demandante y uno más en conjunto), los cuales analizarán la situación y emitirán un fallo, un proceso que durará al menos 12 meses. Los inversionistas que recurran a los APRIs deberán iniciar su solicitud de arbitraje, y tras realizar el arbitraje normal, les tomará un par de años llegar a un acuerdo.

• En el caso de las empresas nacionales, deberán emprender acciones legales de manera directa y tendrán hasta 30 días naturales para interponer sus respectivos amparos. Sin embargo, de acuerdo con Régulo Salinas, las compañías tienen la certeza de que saldrán victoriosas, pues sus quejas se basarán en que ya la Corte rechazó por inconstitucional la política energética del gobierno federal.

• “Con estas modificaciones, lo que se hizo fue poner en la ley muchas de las cosas que fueron rechazadas por la Corte y los agravios que se van a presentar en el 80 o 90 por ciento los van a tomar de los casos en donde los jueces ya les dieron la razón a los consumidores a través de la controversia de la Cofece”, agregó.

• Y el tsunami de amparos ya comenzó. Las empresas Parque Solar Orejana, de Zuma Energía y Eoliatec del Pacífico, de la francesa EDF Energies Nouvelles, consiguieron la suspensión provisional contra la aplicación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, la cual tendrá efectos generales para evitar conceder ventajas competitivas.

• El fallo fue otorgado por el juez segundo de Distrito, Juan Pablo Gómez Fierro, en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México, apenas dos días después de que la ley entrara en vigor.