México registra una ola de asesinatos de corte político

La presidenta Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, insisten en que la tendencia de homicidios dolosos en México está a la baja. Sin embargo, los asesinatos políticos de alto perfil están erosionando esta narrativa. El gobierno federal ha sido incapaz de resguardar a candidatos, alcaldes, jueces y policías que tejen las redes del Estado mexicano.

A lo largo de las últimas semanas, México ha sido testigo de una preocupante cadena de ataques contra actores políticos y judiciales de alto perfil que revelan, por un lado, la vulnerabilidad de quienes ocupan cargos públicos y, por otro, la persistente crisis de impunidad y opacidad que caracteriza al país.

Casos recientes como el ataque mortal contra la alcaldesa Lilia Gema García Soto en Oaxaca, el homicidio de Martha Mendoza en Tepalcatepec, Michoacán, y la muerte del juez Everardo Maya en el Estado de México ejemplifican una ola de violencia que impacta directamente en la gobernabilidad y en la confianza ciudadana en las instituciones.

Un comando de cinco personas asesinó a la alcaldesa

Primero, el atentado contra Lilia Gema García, presidenta municipal de San Mateo Piñas, ocurrido el 16 de junio de 2025, expone la falta de mecanismos efectivos de protección y la dificultad de anticipar amenazas. Según informó la Fiscalía de Oaxaca, cinco personas armadas ingresaron al Palacio Municipal y dispararon con armas de alto poder: se localizaron 60 casquillos de calibres .223, 5.56 y 9 mm. García no había reportado amenazas directas y su municipio no figuraba como “punto caliente” de violencia, lo que pone en evidencia fallas en los sistemas de alerta temprana y en la coordinación entre niveles de gobierno para proteger a servidores públicos.

Sin embargo, la actividad criminal ha crecido de manera significativa en el estado de Oaxaca. Los proyectos de infraestructura estratégicos, como el Corredor Transístmico, atrajeron a organizaciones criminales mexicanas que operan tráfico de drogas, trata de personas y contrabando de combustible. En el último año han sido detenidos presuntos miembros de una gran variedad de cárteles.

En el caso de García, la Fiscalía explora diversas líneas de investigación que involucran conflictos internos de la administración, denuncias por desvío de recursos, robo con violencia y disputas por actividades ilícitas como la tala, lo que subraya el entrelazamiento de la política local con redes clientelares y, eventualmente, criminales.

Un asesinato en tierra del CJNG

En Michoacán, el asesinato de Martha Laura Mendoza Mendoza, alcaldesa de Tepalcatepec, confirma la infiltración del crimen organizado en la esfera política. Mendoza fue acribillada junto con su esposo en la puerta de su domicilio, en un municipio con fuerte presencia de cárteles enfrentados en la Tierra Caliente, particularmente el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La víctima había sido identificada por la Fiscalía General de la República como hermana de la esposa de un líder criminal, “El Abuelo Farías”, lo que muestra la complejidad de vínculos familiares y políticos en regiones dominadas por grupos delictivos.

El hecho ocurre apenas días después de otro homicidio similar de un presidente municipal de la región, lo que subraya que ocupar un cargo público en ciertas demarcaciones implica un riesgo extremo de vida.

Everardo Maya, el juez del caso Ovidio

La muerte del juez Everardo Maya Arias, encontrado sin vida en una camioneta en Zinacantepec, Estado de México, abre otra arista: la posible mezcla de causas personales con presiones políticas o del crimen organizado.

Aunque las primeras indagatorias apuntan a un suicidio, su trayectoria estaba marcada por decisiones conflictivas, como haber otorgado amparos a figuras controvertidas (por ejemplo, el ex alcalde de Iguala relacionado con el caso Ayotzinapa y la suspensión de extradición contra Ovidio Guzmán), lo que generó la atención pública y cuestionamientos sobre la independencia judicial.

En un ambiente en que el Poder Judicial ha sido objeto de señalamientos y presiones desde niveles ejecutivos, la muerte de un juez en circunstancias opacas refuerza la percepción de que las redes de protección y de riesgo se entrecruzan en ámbitos judiciales, sin que exista claridad sobre la posible implicación de intereses externos ni garantías de transparencia en la investigación.

Ximena y José: un doble asesinato sin esclarecer

A este panorama se suma la reciente ausencia de información sólida sobre el magnicidio de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Las víctimas fueron asesinadas el 20 de mayo de 2025 en una de las avenidas más concurridas de la capital.

La investigación del homicidio ha presentado irregularidades, como la ruptura de la cadena de custodia de evidencia clave.

A pesar de la difusión de videos que muestran el ataque y de versiones periodísticas que revelan detalles de la planeación del crimen, hay carencia de avances públicos claros en las investigaciones oficiales.

Testimonios apuntan a un grado de sofisticación propio de organizaciones criminales que planifican operativos “de precisión” contra figuras cercanas al gobierno capitalino.

Sin embargo, la Fiscalía capitalina publica escasas actualizaciones y las autoridades tardan en informar sobre posibles líneas de investigación o detenciones, lo que alimenta la inquietud de que operan vacíos de rendición de cuentas y dificultades para desentrañar la autoría intelectual de estos atentados.

El trasfondo que une estos casos es la persistente impunidad estructural en México: estadísticas consistentes de organizaciones civiles y académicas indican que la mayoría de los crímenes, sean contra ciudadanos o contra servidores públicos, no alcanzan una resolución judicial satisfactoria.

La debilidad institucional, la corrupción, la colusión con redes criminales y la falta de recursos y capacitación de los órganos de investigación y justicia explican que la probabilidad de que un agresor sea detenido, procesado y condenado sea ínfima.

Violencia política de alto impacto

En este contexto, el uso de la violencia criminal en procesos electorales agrava la crisis democrática: informes de México Evalúa, Laboratorio Electoral e Integralia documentan un aumento sostenido de agresiones, amenazas y asesinatos de candidatos, funcionarios y aspirantes en campañas y jornadas electorales, lo que distorsiona la competencia política y genera auto-censura de actores temerosos de implicarse en la vida pública.

La violencia política y judicial de alto perfil tiene efectos devastadores: erosiona la confianza en las instituciones, inhibe la participación ciudadana y fortalece la narrativa de que el Estado es incapaz de garantizar seguridad y justicia.

Cuando una alcaldesa o un juez pueden ser atacados o hallados muertos sin explicaciones convincentes, se mina la idea misma del Estado de derecho. Además, el uso instrumental de la violencia en procesos electorales socava la legitimidad de los gobiernos y abre espacio a la intervención de poderes fácticos, que imponen candidaturas o financian campañas con recursos ilícitos, en un círculo pernicioso que reproduce violencia e impunidad.