El mal rostro de la austeridad

Una de las acciones que más se valoran y se aplauden en el gobierno de la Cuarta Transformación es su programa de austeridad.

Después de transitar por gobiernos priistas y panistas que derrocharon la riqueza nacional en excesos y lujos para satisfacer los caprichos de una burocracia palaciega, la urgencia era cerrar la llave para reencauzar el gasto público.

Pero reconociendo el enorme esfuerzo que demanda tapar las fugas del presupuesto, aquellos responsables de las finanzas nacionales tienen que cuidar que el enfermo no se les vaya a morir.

Sucede cuando existe una hemorragia y como emergencia se aplica un torniquete para frenar la sangría.

Si ese torniquete se aprieta de más, se corre el riesgo de asfixiar la extremidad, propiciando una gangrena que no deja otra salida que amputar.

Ya lo vimos en dos casos. El de las estancias infantiles que fueron cerradas de súbito, dejando a miles de niños y a sus trabajadoras madres al aire, o los centros para la atención a mujeres maltratadas que fueron cerrados sin tener la alternativa para atender el drama.

Ahora brotan dos nuevos casos que, como los torniquetes,  que si no se ajustan acabaremos amputando. El de los medicamentos y el de los libros de texto.

Sin discusión la compra de medicinas para el IMSS y el ISSSTE se convirtió en una cueva de Alí Babá, en demérito de la calidad de atención a los derechohabientes. Medicinas caras y escasas.

Y que era obligado rediseñar el esquema de compras que estaba contaminado por una corrupción rampante.

Pero de ahí a que se suspendieran de la noche a la mañana las compras de medicamentos para tratamientos que si se suspenden son mortales, como el HIV o el cáncer, es otra cosa.

Bajar la cortina del gasto en un asunto tan delicado, mientras se aclara quien surte en forma y quien alza los precios para el reparto de moches, es injusto; no para el que vende los medicamentos, sino para el paciente a quien le suspenden su dosis.

¿Qué sucederá cuando algún enfermo fallezca y se atribuya su deceso a que no se le surtió el medicamento? ¿Acaso eso no calificaría como homicidio imprudencial?

¿Y cuando la familia interponga la demanda por negligencia, quien responderá? ¿El director del Seguro Social, el Secretario o la Oficial Mayor de Hacienda?

¿Se atreverán a colocar  al presidente Andrés Manuel López Obrador en una posición vulnerable de ser llamado a juicio, por una deficiencia en la implementación de algo que tenía una buena intención?

Lo mismo sucede con los libros de texto. En la Secretaría de Educación están encendidos los focos rojos porque el papel para imprimir los libros de texto y que debió comprarse en diciembre, aún no se adquiere.

El argumento fue que se le tenía que meter lupa a los costos o que había que ir una subasta a la inversa para ver quien podía surtir el papel –un comodity con precio internacional- al precio que el gobierno estimaba.

Se fueron los meses y cuando se apuró la licitación sucedió que quien dio los mejores precios fue Miguel Rincón, quien era uno de los grandes proveedores históricos por la dimensión de su grupo industrial.

Pero como acababa de consumar su compadrazgo con el presidente, vinieron las entendibles críticas y se revocó la compra para no dejar sospechas. Pero desde entonces, nada.

Y a falta de papel y de celeridad para proveerlo, el gobierno de la Cuarta Transformación podría convertirse en el primero que no pueda repartir libros de texto en el arranque del próximo ciclo escolar.

Salud y educación son dos rubros sensibles y cruciales que merecen ser limpiados de la rampante corrupción, siempre que no se frenen las acciones que son urgentes de implementar.

Bienvenida la austeridad y la lucha contra la corrupción, pero el camino adoptado de sospechar y culpar a todos de todo hasta que no prueben su inocencia será suicida. Ayúdenle al presidente, no lo pongan contra la pared.