Maduro, México y la DEA

Esta fotografía dice mucho: sobre el caso de “narcoterrorismo” contra Nicolás Maduro en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, sobre cómo la administración de Donald Trump está utilizando la guerra contra las drogas para controlar el Hemisferio Occidental, sobre los funcionarios en Washington que son responsables del giro más radical de política exterior en la historia reciente de Estados Unidos y sobre por qué México podría convertirse en el siguiente objetivo militar de la “Doctrina Don-Roe”.

Cuando Maduro aterrizó en Nueva York fue escoltado por un grupo de funcionarios y agentes de la DEA, la agencia anti drogas que durante más de una década obtuvo información respecto a cómo el ahora presidente depuesto de Venezuela facilitó una red de trasiego de cocaína a Estados Unidos. Es decir, sobre la causa judicial que fue presentada desde el 2020 por el Departamento de Justicia en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Como canciller en el gobierno de Hugo Chávez, Nicolás Maduro operó, desde la embajada venezolana en la Ciudad de México, el otorgamiento de pasaportes y salvoconductos diplomáticos para el libre tránsito de aeronaves con dinero obtenido de las ganancias del narcotráfico.

La DEA también aportó inteligencia sobre cómo el régimen chavista protegió envíos de cocaína de laboratorios financiados con dinero de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el entonces líder del Cártel de Sinaloa. Ambas instancias son parte medular de la acusación que un Gran Jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York ha hecho contra Nicolás Maduro por cargos criminales de “narcoterrorismo”. México es parte central de la estela criminal de Venezuela, según la narrativa dibujada por los fiscales estadounidenses. El hecho de que Maduro haya sido recibido en Nueva York por agentes de la DEA no es un asunto menor. Tampoco es irrelevante que, en la audiencia del ex mandatario venezolano, hayan estado presentes un gran número de agentes anti drogas de Estados Unidos, un fenómeno no visto desde la presentación ante un tribunal federal de Rafael Caro Quintero, el legendario narcotraficante mexicano acusado del asesianto de Enrique Camarena.

En la imagen, el funcionario que está tomando del brazo al detenido es Terrance C. Cole, el administrador general de la DEA. Gran parte de su carrera se desarrolló en México y, por ello, su participación implícita en el caso contra Maduro anticipa nuevas acusaciones contra objetivos políticos de la administración de Donald Trump en América Latina. Cole, quien fue un agente especial de la DEA en México durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, fue parte esencial de la Operación Polanco, la investigación mediante la cual el gobierno estadounidense consiguió pruebas de la vinculación financiera del Cártel de los Beltrán Leyva con la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Este expediente identificó a Nicolás Mollinedo, chofer del entonces candidato presidencial del PRD, como el enlace que recibía los recursos ilegales. Durante su paso por México, Cole construyó una radiografía completa de los intereses de los cárteles en el sistema político mexicano. El ahora titular de la DEA fue el artífice de gran parte de la información que llevó a la Corte del Distrito Este de Nueva York a emitir una acusación contra Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, por recibir sobornos del Cártel de Sinaloa. Cole esperaba ser nombrado el agente de más alto rango de la DEA en México. Cuando la administración de Barack Obama ignoró su petición, renunció a la DEA. No obstante, años después, Cole regresó a la agencia con el ascenso a la Casa Blanca de Donald Trump, un presidente que esta semana declaró que su gobierno “está en guerra con los cárteles”.

Desde la derecha, una de las principales críticas a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela es su inconsistencia en términos de la posición de ese país como un hub de tráfico de drogas. Sí, Venezuela exporta cantidades importantes de cocaína a Europa y, en menor medida, a Estados Unidos. Pero este esquema criminal está lejos de equipararse a la crisis de salud pública que representa el fentanilo, producido casi en su totalidad en territorio mexicano.

Marjorie Taylor Greene, la congresista republicana por Georgia que se ha vuelto una crítica de Trump dentro de su coalición, declaró recientemente sobre la causa contra Nicolás Maduro: “Si esto se tratara sobre las drogas que matan estadounidenses, entonces estaríamos bombardeando a los cárteles mexicanos. El fentanilo es responsable del 70 por ciento de las muertes por sobredosis en Estados Unidos… la responsabilidad recae en los cárteles mexicanos que elaboran fentanilo con precursores de China y que es traficado por la frontera con México”. Chris Murphy, senador demócrata y miembro del Subcomité para el Hemisferio Occidental dentro de la Comisión de Relaciones Exteriores, esgrimió un argumento similar: “El fentanilo es la droga que está matando a los estadounidenses y no viene de Venezuela”. Los cuestionamientos llegaron a tal grado que obligaron al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a pronunciarse: “Sí, gran parte del fentanilo viene de México y eso continúa siendo un elemento significativo de nuestra política hacia México”. ¿Esto significa que están creciendo las presiones para que Washington tome medidas militares en México?

De acuerdo a Zeteo News, un nuevo medio de comunicación fundado por el prestigioso periodista Mehdi Hasan, funcionarios del gobierno de Donald Trump aseguran que el presidente de Estados Unidos “está muy interesado” con reactivar planes confidenciales que le fueron presentados el año pasado para enviar fuerzas especiales del Ejército, a territorio mexicano, a combatir directamente a los cárteles de la droga. El reporte es consistente con los comentarios de Trump en los últimos días. En las 48 horas siguientes a la detención de Nicolás Maduro, el inquilino de la Casa Blanca declaró en dos ocasiones que México “está gobernado por los cárteles”. Un oficial del gobierno federal estadounidense incluso llegó a decir a Zeteo News que Trump solicitó avances de la preparación requerida para una posible operación.

Terrance C. Cole representa la intersección entre la trama de extracción de Nicolás Maduro y el escenario de una intervención militar en México. Se trata de uno de los miembros del aparato de inteligencia norteamericano que mejor entienden el mapa del narcotráfico mexicano, así como sus terminaciones con el sistema político. Cole es uno de los tres funcionarios de la administración de Donald Trump que, de manera independiente, ha comisionado la creación de una lista de políticos de México vinculados al crimen organizado. Los otros dos son Marco Rubio, el secretario de Estado, y Stephen Miller, asesor senior de la Casa Blanca.

Después de la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, quedó perfectamente claro que Rubio y Miller se han convertido en los dos funcionarios más poderosos y relevantes de la administración Trump, los arquitectos de la llamada “Doctrina Don-Roe” que está cambiando el equilibrio de las relaciones internacionales y que pretende modificar, radicalmente, el mapa político del Hemisferio Occidental.

Cole es una pieza clave del esquema mediante el cual la dupla Rubio-Miller busca reorganizar políticamente a América Latina. La herramienta de la administración de Donald Trump es la guerra contra las drogas, o mejor dicho, las acusaciones de tribunales federales de Estados Unidos contra políticos vinculados al crimen organizado. La Corte del Distrito Sur de Nueva York está procesando a Maduro. Antes, sentenció a Juan Orlando Hernández, el ex presidente de Honduras que inundó de cocaína a Estados Unidos y que fue perdonado por el presidente Trump en medio del proceso electoral en ese país. Y ese mismo tribunal sentenció también a Hugo Carvajal, el jefe del aparato de inteligencia del chavismo que fue clave en la construcción del caso contra el presidente depuesto de Venezuela.

Esta corte también es sede de la acusación más importante del Departamento de Justicia contra ‘Los Chapitos’, la facción del Cártel de Sinaloa en manos de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. La causa judicial identifica a los Guzmán López y a los Guzmán Salazar como los principales operadores de la cadena de suministro de fentanilo. La tesis de los fiscales hace énfasis en “el contacto” que ‘Los Chapitos’ tenían en la Agencia Nacional de Aduanas de México, una señal del grado de protección política con el que contaban en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, el presidente que vetó a la DEA y a las agencias de inteligencia norteamericanas de operar en el país.

Según un reporte publicado por The Washington Post, Miller le planteó a Trump que debían intervenir en México, pero fue disuadido, y eso los llevó a encontrar una alternativa: el bombardeo de lanchas en las costas de Venezuela y Colombia en el Mar Caribe. Los planes para México quedaron en el tintero. Posteriormente, la situación escaló y el gobierno estadounidense decidió capturar a Nicolás Maduro.

Venezuela fue el primer paso.  Si nos atenemos a las declaraciones recientes de Trump y de Rubio, Cuba y Colombia, podrían ser los siguientes objetivos de Washington. ¿Después vendrá México, el ataque a los laboratorios de fentanilo y la detención de una figura política de alto perfil? Ya veremos.