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21 de octubre 2024

3 de septiembre 2024

Política

Los ‘socialitos’ de Samuel García

La última facción del Cártel de los Beltrán Leyva encontró refugio político y financiero en Nuevo León, específicamente en el despacho fiscal de Marcelo Flores Serna, amigo y operador del gobernador Samuel García

Por Rodrigo Carbajal

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Esta foto explica el núcleo de poder en Nuevo León. Al centro, Samuel García, el gobernador que tiene al menos una decena de expedientes federales abiertos por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La Fiscalía General de la República ha puesto bajo escrutinio sus dos principales despachos de asesoría fiscal: Firma Jurídica y Fiscal Abogados y García Mascorro Abogados. De acuerdo a registros del SAT, estas compañías han recibido más de 2,400 millones de pesos. La mayoría de las transferencias se hicieron a partir de octubre de 2021, cuando García asumió el poder.

A la izquierda del gobernador está Miguel Flores Serna, el ex jefe de Oficina del Ejecutivo y actual coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local. La oposición lo señala como el operador de extorsiones y sobornos para que diputados y alcaldes se afilien al partido naranja. Un funcionario de alto nivel en Nuevo León le dijo a Código Magenta que, en la antesala del juicio político contra Samuel García, se han hecho ofrecimientos de hasta 50 millones de pesos.

A la derecha del gobernador aparece Marcelo Flores Serna, hermano de Miguel y socio fundador de Flores Serna y Asociados y de Consultoría Lefinco, dos despachos de asesoría fiscal que hoy son cuestionados en una investigación de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León por presuntos nexos con el crimen organizado y por ofrecer servicios de lavado de dinero.

Este triángulo de poder ha hecho del gobierno de Nuevo León una empresa privada con epicentro en los despachos propiedad de las familias García Mascorro, García Sepúlveda y Flores Serna. La gran interrogante es de qué tamaño es el negocio. Un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera federal al que tuvo acceso Código Magenta en 2021 ubicaba el monto de la operación de Firma Jurídica y Fiscal Abogados, y de sus empresas satélite, en alrededor de 8 mil millones de pesos. Ahora, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León estima que sólo Consultoría Lefinco, propiedad de Marcelo Flores Serna, ha blanqueado capitales por más de 14 mil millones de pesos. El dato fue citado por la investigación periodística de la revista Proceso.

Los servicios fiscales de la familia del gobernador Samuel García y de su amigo, Marcelo Flores Serna, abarcan a empresas de todo tipo de sectores, legales e ilegales. De acuerdo a registros del SAT verificados por la Fiscalía de Nuevo León, García Mascorro Abogados ha recibido al menos 370.8 millones de pesos de empresas que trafican hidrocarburos. El despacho también ha sido beneficiario de pagos por 38.5 millones de pesos de compañías dedicadas al ‘outsourcing’. Asimismo, Firma Jurídica Fiscal Abogados ha cobrado 427.8 millones de pesos de empresas que son contratista del gobierno de Nuevo León. El mecanismo de triangulación es parte de un modus operandi recurrente.

Sin embargo, el grupo compacto de Samuel García parece haber cruzado una línea roja: lavar dinero para un cártel.

Consultoría Lefinco, cuyo socio fundador es Marcelo Flores Serna, ha blanqueado capitales por al menos 21 millones de pesos a la facción del Cártel de los Beltrán Leyva que operaba en San Pedro Garza García, de acuerdo a una investigación de la revista Proceso basado en un expediente de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Durante una década, esta unidad criminal, conocida como ‘La Oficina’, fue el grupo dominante del cobro de piso y tráfico de droga en San Pedro Garza García, el municipio con el mayor ingreso per cápita de América Latina y una de las grandes capitales del lavado de dinero en el mundo. Un reporte de la firma de inteligencia privada Strattia explica que la organización se independizó del Cártel de los Beltrán Leyva después del homicidio de Héctor Huerta Ríos, alias ‘La Burra’, en 2019. En ese punto, José Rodolfo Villarreal Hernández, ‘El Gato’, tomó el liderazgo de ‘La Oficina’. Norberto Valencia González, ‘El Socialitos’, se convirtió en el operador financiero y estableció contacto con figuras conectadas al ámbito fiscal como Heriberta Villarreal Guajardo, quien fue ejecutado en agosto de 2017 en San Pedro Garza García.

Información recabada por autoridades de inteligencia estatal y federal refiere que Villarreal Hernández y Valencia González montaron dos estructuras de lavado de dinero utilizando siete empresas “fachada” para procesar ganancias ilegales. Para ello, simularon pagos en esquema de asimilados a salario.

La investigación de la fiscalía de Nuevo León reportada por Proceso revela que una de las estructuras operadas por estos dos personajes cuenta con terminaciones en Suministro MYR, la segunda empresa que ha recibido el mayor monto de contratos estatales del gobierno de Samuel García, sólo por detrás de Mota-Engil, la compañía que lidera el consorcio de construcción del Metro. Estamos hablando de la compañía emblema de las triangulaciones del despacho familiar del gobernador. Una subsidiaria de Suministro MYR, una compañía de servicios alimentarios fundada por José Antonio López Álvarez en Tabasco en el año 2010, transfirió 209 millones de pesos a Firma Jurídica Fiscal Abogados apenas días después de que Samuel García tomó posesión. El monto fue equivalente al 21 por ciento de un contrato estatal asignado por adjudicación directa. Se presume que fue un pago de contraprestación.

Si la tesis de la fiscalía es correcta, el gobernador Samuel García estaría obligado a aclarar por qué su administración ha entregado más de mil millones de pesos a una compañía bajo investigación por nexos con la estructura criminal del Cártel de los Beltrán Leyva. En marzo de 2024, el gobierno de Nuevo León adjudicó un nuevo contrato a Suministro MYR.

Además, esta compañía también ha realizado transferencias por 9.6 millones de pesos a Consultoría Lefinco, de acuerdo a datos del SAT. Pero los presuntos nexos de ‘La Oficina’ con el entorno de Samuel García no terminan ahí. La segunda estructura de lavado de dinero formada por ‘El Gato’ y ‘El Socialitos’ pagó alrededor de cinco millones de pesos al despacho de Marcelo Flores Serna, según refiere la investigación de Proceso. Esta red está integrada por las empresas “fachada” Ferrara Consultores, Segurivic, Construcciones y Proyectos Cobalto, Constructora ZVA y MFI Servicios y Asesoría.

Las autoridades fiscales mexicanas detectaron que la triangulación fue completada con pagos que Consultoría Lefinco hizo a esta última compañía, MFI Servicios y Asesoría, por 16 millones de pesos. Se trata de una empresa que fue señalada por la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas como un vehículo de lavado de dinero para el Cártel de los Beltrán Leyva.

José Rodolfo Villarreal, ‘El Gato, fue detenido en enero de 2023. Al momento de su arresto era uno de los diez criminales más buscados por el FBI. Su orden de aprehensión contaba con fines de extradición. No se trataba de un personaje menor: los fiscales del Distrito Este de Nueva York lo identificaban como un potencial testigo clave en el juicio del ex secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos. Villarreal guardaba los secretos del críptico Cártel H-2, cuyo líder Francisco Patrón Sánchez forjó una alianza con Los Beltrán Leyva.

Lo mismo podría argumentarse sobre Norberto Valencia González, el operador financiero de ‘La Oficina’. Su arresto era prioritario para el gobierno de México y de Estados Unidos. Prueba de ello es que fue detenido en septiembre de 2023 por la prestigiosa unidad de Fuerzas Especiales de la Marina. Cuando fue arrestado, una fuente de alto nivel de la Semafor aseguró que Valencia González operaba cinco empresas “fachada” para blanquear flujos por mil millones de pesos.

La extinción del Cártel de los Beltrán Leyva fue un esfuerzo del Estado mexicano que tomó más de una década.

Entonces, ¿por qué Villarreal y Valencia encontraron refugio político y financiero en Nuevo León? ¿El gobernador Samuel García conocía los presuntos nexos de Suministro MYR? ¿Qué va a pasar con el dinero que “invirtieron” los líderes de la última célula del Cártel de los Beltrán Leyva?

Cualquiera que sea la respuesta, el gobernador de Nuevo León y los hermanos Flores Serna no pueden fingir que no ha pasado nada.

Por lo pronto, Samuel García ha respondido a estas investigaciones con una respuesta que se ha vuelto típica:

“Desde que estoy en política se han dicho muchas cosas falsas sobre mí. Se han metido con mi familia, no les ha importado el daño que puedan causar con mentiras tan delicadas como las que hoy publica proceso. Todo lo que tengo, personalmente y hasta lo que es de las empresas de mi familia, es totalmente público y se puede consultar en mi declaración patrimonial”.

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