Los Seguros y la 4T

Si el gobierno de la Cuarta Transformación quiere fortalecer su cruzada contra la corrupción, que le ponga la lupa a la compra de seguros. Ahí está una de las grandes fugas históricas del Erario Nacional.

Para que tengan una idea de lo que está en juego, el gobierno federal compra anualmente unos 12 mil millones de pesos de seguros para todas sus dependencias. Y ese monto no incluye los seguros de vida de la burocracia.

Las contrataciones van desde los mil millones de pesos en Conagua, pasando por 900 millones en la SEP, 700 millones en la Policía Federal -que ahora será la Guardia Nacional- y montos similares en la Secretaria de Defensa y la de Marina, por citar algunos casos.

Ni se diga el negocio de los seguros en el gobierno de la Ciudad de México, que alcanza los dos mil millones de pesos.

Durante los gobiernos del PRIAN, la asignación de estos seguros solían ir de la mano de adjudicaciones directas, licitaciones a modo con ganador anticipado, o renovaciones pactadas cada tres meses para mantener al mismo proveedor.

Las comisiones para oficiales mayores o directores de administración de secretarías y paraestatales se pactaban entre el 20 y el 30 por ciento del monto total.

Eso significaría que la danza de los “moches” de seguros fluctuaban entre dos mil 500 y cuatro mil millones de pesos anuales en el caso del gobierno federal y unos 400 millones y 600 millones de pesos anuales para el gobierno de la Ciudad de México. Nada diferente, incluso más descaradas, eran las comisiones en los estados.

Al menos en el arranque del primer año de la Cuarta Transformación la inercia dominó ese mercado de seguros, pero con muy escasas comisiones.

No obstante, todo indica que en este segundo año se destaparon las ambiciones y por el bien de la lucha anticorrupción abanderada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, alguien debería blindar esa compra de seguros.

Valdría la pena que el inquilino de Palacio Nacional comisionara a hombres y mujeres de todas sus confianzas para practicar auditorías sobre la dinámica de la compra de seguros en la Cuarta Transformación.

Preguntar, por ejemplo, qué dependencias están de verdad licitando y colocando sus seguros al mejor precio, quiénes están evadiendo la transparencia operando con asignaciones directas o licitaciones con candados y dedicatoria a modo para un solo comprador.

Habría que detectar qué dependencias se la van llevando con renovaciones de última hora, cada tres meses, para impedir que entren en competencia los nuevos jugadores.

Quizás la sorpresa que se llevarían el presidente López Obrador y su secretario de Hacienda, Arturo Herrera, sería mayúscula, al descubrir que en no pocas dependencias están volviendo –o quizás nunca se fueron- las corruptas prácticas del pasado.

Transparentar, por ejemplo, quiénes son los agentes vendedores y poner sobre la mesa quiénes son las compañías aseguradoras con las mayores tajadas del pastel de los seguros, sería un buen principio.

El único lujo que no puede darse el gobierno de la Cuarta Transformación es el de claudicar a vigilar un mercado en el que -por los montos de los seguros y los reaseguros- se dejan en la mesa cientos de millones de pesos facturados a la corrupción.