Durante meses, el senador Miguel Ángel Osorio Chong y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, han cruzado acusaciones de colaboracionismo con Morena.

Hasta ayer, el ex secretario de Gobernación del sexenio de Enrique Peña Nieto mantenía el beneficio de la duda sobre su posición relativa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, miembros del Frente Amplio por México, una coalición de organizaciones de la sociedad civil con la alianza PRI-PAN-PRD, han puesto en tela de juicio la lealtad de Osorio Chong hacia la oposición.

El senador operó la desbandada de 300 militantes priistas, incluidos los senadores Eruviel Ávila y Claudia Ruiz Massieu, en un momento crítico para el principal grupo opositor del país, en medio del proceso de selección del candidato presidencial y en la primera ocasión en este sexenio en que el oficialismo ha perdido preponderancia en la agenda pública. El grupo de Osorio Chong ha sido enfático en que no acompañarán el proceso del Frente Amplio por México.

Este movimiento ha puesto de relieve las motivaciones detrás de la decisión del senador Osorio Chong. En el PRI, particularmente en el entorno del dirigente nacional, Alejandro Moreno Cárdenas, la explicación recurrente se encuentra en la frágil posición legal del ex secretario de Gobernación.

Los expedientes de la partida secreta

A través de filtraciones periodísticas y la publicación de investigaciones no terminadas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha encargado de dibujar las posibilidades del expediente judicial de Miguel Ángel Osorio Chong. El caso más relevante está vinculado al gasto discrecional de la partida secreta 33701. Se trata de un rubro de seguridad nacional que fue ampliamente utilizado por la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública han detectado irregularidades por más de 40 mil millones de pesos en esta partida.

En la administración anterior, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, concentró el poder y la responsabilidad vertical del aparato de seguridad nacional. La mayor parte de los pagos realizados mediante la partida secreta 33701 fueron autorizados por miembros del llamado Grupo Hidalgo de Osorio Chong: Eugenio Imaz, titular del CISEN; Jesús Murillo Karam, procurador General de la República que hoy enfrenta un proceso desde prisión por el caso Ayotzinapa; y Frida Martínez, secretaria General de la Policía Federal, sobre quien pesa una orden de aprehensión por una trama de desvío de recursos públicos.

Las observaciones que el gobierno de López Obrador ha hecho en relación a la partida secreta 33701 involucran una pléyade de operaciones, contratos y adquisiciones cuestionadas. El caso más notable, dada la prioridad que le ha asignado la Fiscalía General de la República, tiene que ver con los contratos que Bucareli, en tiempos de Osorio Chong, gestionó con la empresa de inteligencia privada de Genaro García Luna, el secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón que fue sentenciado en la Corte del Distrito Este de Nueva York. La Unidad de Inteligencia Financiera ha documentado transferencias por 402 millones de dólares, triangulados a través de paraísos fiscales, a favor de Nunvav, la firma que está al centro del entramado empresarial de García Luna y de sus socios, la familia Weinberg.

La Fiscalía General de la República también ha seguido el rastro de la compra del software de espionaje Pegasus que la extinta Procuraduría General de la República realizó a través de un intermediario cercano al gobierno de Enrique Peña Nieto, el cual operaba bajo la razón social Balam Seguridad.

Las irregularidades detectadas en el aparato de seguridad que respondía política y administrativamente a Miguel Ángel Osorio Chong incluyen un mecanismo de retiros en efectivo por 144 millones de pesos en la Unidad de Asuntos Internos de la PGR, la venta a sobreprecio de aeronaves, la adquisición del software de espionaje Rafael Advanced Defense System y un esquema presuntamente corrupto en servicios a penales federales relacionado con la red de lavado de dinero que, de acuerdo a la FGR, fue operada por Víctor Álvarez Puga, un operador financiera que se encuentra prófugo de la justicia.

¿Estos expedientes fueron significativos para persuadir a Miguel Ángel Osorio Chong de organizar una escisión masiva en el PRI? En el Frente Amplio por México consideran que sí lo fueron. Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional priista ha sido todavía más asertivo en su explicación de la ruptura: “Fue una operación del gobierno”.