Ley de Infraestructura no modifica régimen de las Afores

¿Qué pasó?

• Guillermo Zamarripa, titular de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), afirmó que la llamada Ley de Infraestructura no modifica el régimen de inversión de las Afores ni altera los límites regulatorios fijados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

• De acuerdo con esa postura, la nueva legislación no impone obligaciones ni cuotas forzosas para canalizar ahorro pensionario a obras de infraestructura.

• Zamarripa sostuvo que la decisión de invertir en esos proyectos permanece en manos de cada administradora, a través de sus propios criterios y comités de inversión.

• La Amafore argumentó que el sistema ya contaba con vehículos para participar en infraestructura, como Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs), Certificados de Proyectos de Inversión (CERPIs) y Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (Fibras), por lo que la novedad no sería una toma de control público sobre los recursos, sino una habilitación adicional para financiar proyectos.

• En paralelo, la discusión pública se encendió por versiones de que el gobierno buscaba usar el dinero del retiro para apuntalar proyectos estratégicos; la industria respondió rechazando que exista una “expropiación” o una obligación de destinar hasta 30% de los recursos a infraestructura.

¿Por qué importa?

• El episodio toca uno de los temas más sensibles de la política económica mexicana: la frontera entre movilizar ahorro de largo plazo para inversión productiva y preservar la autonomía fiduciaria sobre recursos que pertenecen a los trabajadores.

• También importa porque las Afores manejan recursos bajo un marco regulado por la Consar, y cualquier cambio real en su régimen de inversión tendría implicaciones directas para el perfil de riesgo, liquidez y gobierno corporativo del sistema pensionario.

• La aclaración de Amafore busca contener la percepción de que el gobierno podría convertir a las Afores en una fuente de financiamiento cuasi obligatoria para proyectos de la 4T, algo que, según la propia industria, no está contenido en la legislación ni en las reglas vigentes.

Los detalles:

• La propia Amafore define a las Afores como entidades privadas que administran cuentas individuales y compiten entre sí, aunque bajo supervisión regulatoria de la Consar.

• Amafore también sostiene, en su material institucional, que el gobierno regula y supervisa, pero no decide directamente los instrumentos específicos en los que se invierte cada portafolio ni cambia la propiedad de los recursos.

• La inversión en proyectos vinculados con infraestructura no es nueva en el sistema: los prospectos y reglas del régimen ya contemplan instrumentos estructurados con exposición a carreteras, puentes, aeropuertos, electricidad, gas y otros activos.

• Los límites de inversión siguen sujetos al andamiaje técnico de la Consar; esa autoridad mantiene publicados los topes y criterios del régimen, lo que refuerza la idea de que cualquier cambio sustantivo requiere un ajuste regulatorio explícito.

• El debate revela una tensión de fondo: el gobierno necesita capital de largo plazo para infraestructura y energía, mientras que las administradoras necesitan defender que sus decisiones obedecen a criterios de rendimiento y riesgo, no a prioridades políticas.

El contexto:

• En octubre de 2024, según reportes financieros citados esta semana, la Consar ya había actualizado el régimen para ampliar el límite de inversión en instrumentos estructurados hasta 30% de los activos según la Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore).

• Las reglas consolidadas del régimen de inversión muestran que las Afores ya podían participar en instrumentos estructurados y vehículos ligados a proyectos reales, con límites, condiciones de diversificación y controles regulatorios.