Ley de cannabis: un Frankenstein jurídico

¿Qué pasó?

Con 250 votos a favor, 163 en contra y 14 abstenciones, los miembros de la Cámara de Diputados aprobaron en lo particular la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y sus diversas reformas.

El dictamen pudo haber sido aprobado para su promulgación, pero debido a que el documento avalado presentó modificaciones muy diferentes al proyecto aprobado por el Senado en noviembre pasado, este deberá volver a la Cámara Alta, la cual estudiará las modificaciones realizadas y votará por su ratificación o por desecharlas.

Si bien expertos en políticas de drogas celebraron el avance en la materia, señalaron que el dictamen aprobado por los diputados se contrapone a lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al Congreso en 2019: limitar la prohibición absoluta del consumo de cannabis y regular todas las acciones necesarias para acceder a él.

¿Por qué es importante?

Porque, una vez aprobado el dictamen, México se convertirá oficialmente en el mercado nacional (y completamente regulado) más grande del mundo. En efecto, la nueva ley convertirá a México es un laboratorio de políticas de drogas – así como en una potencial mina de oro verde para inversionistas. 

Además, activistas en favor de la seguridad y la paz han emprendido una batalla desde hace más de una década para cambiar el enfoque de la Guerra contra las Drogas en México hacia políticas centradas en los derechos humanos y la salud pública.

El problema:

Ambos senadores y diputados no han cumplido lo que les ordenó la Suprema Corte en 2019: salvaguardar los derechos humanos de los mexicanos. ¿Por qué? Porque, como señala México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), el dictamen aprobado por los diputados este 10 de marzo solo modifica la tabla de cantidades de posesión toleradas para consumo personal y cambia las cantidades que se considerarán narcomenudeo, por lo que sigue habiendo penas de cárcel – como lo había estipulado el Senado inicialmente. 

Esto, indica la asociación civil, se contrapone a lo que le ordenó la SCJN al Congreso de la Unión en 2019: eliminar la prohibición absoluta del consumo de cannabis y regular todas las acciones necesarias para acceder a él.

Contrario a la solicitud de la SCJN, destaca MUCD, el dictamen mantiene un sistema de umbrales de tolerancia que genera inseguridad jurídica para los usuarios, dado que hace difícil comprender cuándo están cometiendo un delito y cuándo una falta administrativa.

Además, el dictamen tampoco elimina el delito de cultivo para personas de escasa instrucción y extrema necesidad económica que se dediquen a éste como actividad primordial. De esta manera se perpetúa la marginación y el castigo penal de los campesinos mexicanos que se dediquen al cultivo de cannabis, señalan los activistas, quienes hicieron un llamado al Senado a corregir el proyecto y cumplir con el mandato de la Corte de eliminar la prohibición absoluto del consumo de cannabis.