Las huellas de Osorio Chong

Un amparo promovido por el presidente de CITAPIA; una investigación federal sobre el dinero de la partida secreta 33701; los contratos de una empresa de Genaro García Luna con el gobierno de Enrique Peña Nieto; las denuncias sobre la compra irregular del software Pegasus y una trama de lavado de dinero vinculada a la administración de los penales federales en el sexenio anterior. Estos son algunos de los elementos que conforman el expediente de Miguel Ángel Osorio Chong que está en manos del aparato de inteligencia y de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El ex secretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado se ha convertido en el principal disidente de Alejandro Moreno Cárdenas como dirigente nacional priista.

La tesis de Osorio Chong es que las investigaciones de la Fiscalía de Campeche y de la Fiscalía General de la República que rodean a “Alito” han condicionado la independencia política del PRI en el Congreso y, por lo tanto, también han puesto en entredicho la supervivencia de la Alianza Va por México con el PAN y el PRD.

Osorio Chong ha sido enfático en que su bancada no votará a favor de la ampliación hasta 2029 del plazo que permite a las Fuerzas Armadas realizar tareas de seguridad pública, una iniciativa originalmente promovida por Yolanda de la Torre, una diputada federal del PRI cercana a Alejandro Moreno Cárdenas.

El senador también ha criticado a la dirigencia nacional priista por no retirar esta modificación al artículo transitorio de la Ley de Guardia Nacional, como lo pidieron a manera de ultimátum los presidentes del PAN y del PRD, Marko Cortés y Jesús Zambrano.

En el entorno de Alejandro Moreno Cárdenas señalan que esto no es más que una simulación de Osorio Chong para obtener el control del partido. El senador nunca fue aliancista, aseguran. 

Por otro lado, esta crítica impediría también cualquier posibilidad de que Miguel Ángel Osorio Chong asuma el liderazgo del PRI, un partido que actualmente está en una posición para determinar si las reformas legislativas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son aprobadas o rechazadas.

El senador enfrenta una pléyade de investigaciones y cuestionamientos que ponen en tela de juicio sus motivaciones políticas.

La más reciente fue publicada hace semanas por la revista Proceso: El 27 de mayo, el empresario Juan Carlos Tapia Vargas interpuso un amparo ante el juez Segundo de Distrito de Hidalgo, como una medida de protección contra cualquier orden de aprehensión vinculada a un caso de tráfico ilegal de hidrocarburos. Un ducto de ordeña clandestina fue encontrado en las instalaciones de Construcciones Industriales Tapia.

Esta empresa creció de manera exponencial durante el sexenio de Osorio Chong como gobernador de Hidalgo y, posteriormente, obtuvo acceso directo a Los Pinos durante la Presidencia de Enrique Peña Nieto.

CITAPIA se convirtió en un contratista de Odebrecht en la refinería de Tula y, de acuerdo al ex director de la constructora brasileña en México, Luis de Meneses Weyll, la compañía fue recomendada de manera explícita en el 2011 por Emilio Lozoya, quien ese entonces era el responsable de las relaciones internacionales de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

En junio de 2020, Lozoya denunció ante la Fiscalía General de la República que Fabiola Tapia Vargas, hermana de Juan Carlos Tapia Vargas, fue responsable de una operación de pago en efectivo proveniente de Odebrecht para repartir sobornos a legisladores para la aprobación de la reforma energética de 2013.

Cuando Javier Coello Trejo todavía era abogado de Emilio Lozoya, se presentó en Bucareli para hablar con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para advertirle que si la persecución contra el ex director de Pemex era política habría consecuencias para todos los implicados.

Construcciones Industriales Tapia también toca de manera tangente otro escándalo de Osorio Chong. Esta compañía participó en un consorcio con el Grupo Constructor Tulancingo, una firma que, de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, recibió transferencias de Odebrecht.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad encontró que Grupo Constructor Tulancingo es el propietario de dos inmuebles en Bosques de las Lomas y Lomas de Chapultepec, que Osorio Chong ha utilizado como residencia.

El expediente de Construcciones Industriales Tapia desprende innumerables ramificaciones judiciales para el coordinador de la bancada del PRI en el Senado. Paradójicamente, este caso no es el más significativo para Miguel Ángel Osorio Chong.

Una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Secretaría de la Función Pública encontró irregularidades por más de 40 mil millones de pesos entre 2013 y 2018, en la partida secreta de seguridad nacional 33701.

La mayor parte del uso del dinero fue autorizado por miembros del llamado Grupo Hidalgo: Miguel Ángel Osorio Chong, en calidad de secretario de Gobernación; Eugenio Imaz, titular del CISEN; Jesús Murillo Karam, procurador General de la República; y Frida Martínez, secretaria General de la Policía Federal.

Las irregularidades detectadas incluyen un mecanismo de retiros de dinero en efectivo por 144 millones de pesos en la unidad de asuntos internos de la PGR; la compra del software Pegasus a un intermediario cercano al gobierno que operaba bajo la razón social Balam Seguridad; la venta a sobreprecio de aeronaves; la adquisición del software de espionaje Rafael Advanced Defense System; un esquema de sobreprecio en servicios a penales federales relacionado con la red de lavado de dinero de Víctor Álvarez Puga y la transferencia de 402 millones de dólares a través de paraísos fiscales a Nunvav, una compañía operada por el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Éstas son las huellas de Osorio Chong, una larga lista de expedientes que condiciona su operación política del momento: tomar el control del PRI.