La Verdad Histórica de Encinas se tambalea en tribunales

¿Qué pasó?

La narrativa oficial del caso Ayotzinapa enfrenta dos retos en el poder judicial: la decisión de un juez de absolver al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y la demanda de amparo del general José Rodríguez Pérez en contra del subsecretario, Alejandro Encinas, a quien acusa de fabricar un falso expediente.

¿Por qué importa?

La determinación del juez no sólo mina la narrativa del caso Ayotzinapa promovida por el gobierno de López Obrador, sino que también pone en tela de juicio la capacidad de la Fiscalía General de la República (FGR) para entregar resultados en un caso prioritario para esta administración.

El contexto:

• De acuerdo al Juzgado Tercero de Distrito de Matamoros, la FGR no presentó pruebas suficientes para vincular al ex alcalde de Iguala, Guerrero con el secuestro y la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa en septiembre de 2014.

• Sin embargo, Abarca permanecerá en la cárcel porque tiene abiertos procesos paralelos de delincuencia organizada, lavado de dinero y homicidio.

Los detalles:

• Días después de la absolución de Abarca, el general José Rodríguez Pérez -señalado de haber ordenado el asesinato de seis estudiantes normalistas-, promovió una demanda de amparo contra el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, acusando la construcción de un falso expediente.

• De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, el retirado general Rodríguez Pérez habría entablado una demanda contra Alejandro Encinas, responsable de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa, por haberlo acusado del asesinato de seis de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos.

• Señalado como el jefe del 27 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, José Rodríguez Pérez argumenta no haber intervenido en los hechos delictivos que se le imputan, suscitados la noche del 26 de septiembre de 2014.

• “A partir de estos momentos y como consecuencia directa de los señalamientos incriminatorios realizados por una autoridad de alta investidura, la opinión de la sociedad se vio influenciada y prejuiciada en mi contra, y comencé a ser públicamente señalado como responsable de hechos delictivos en los que no tuve intervención.

• “El poder político que detenta el titular de una secretaría o subsecretaría de Estado es amplísimo, más aún la de Gobernación, que históricamente se ha erigido como una extensión de la figura del Presidente de la República”, expresa Rodríguez en su demanda, replicada por Riva Palacio, columnista de El Financiero.

• “Por ello, cuando uno de sus titulares usurpa funciones ministeriales, su actuación fuera de todo cauce legal y constitucional, genera un inmediato espectro de desconfianza en torno de la información de la investigación”, añade el escrito.

• Conforme a lo descrito por Rodríguez Pérez, el subsecretario Encinas habría violado cinco derechos fundamentales: el de la audiencia previa, seguridad y certeza jurídica; el del debido proceso y una defensa adecuada; el de la presunción de inocencia; el de tener acceso a un juez competente e imparcial, y el derecho a la verdad, objetividad y legalidad en el contexto de suministro de información pública a la ciudadanía por parte de las autoridades.

• Además, el funcionario también habría violado los artículos 14, 16, 20 y 21 de la Constitución, de acuerdo con la demanda en cuestión, así como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU.

• Riva Palacio agrega que Alejandro Encinas deberá responder a la demanda “para demostrar que lo que hizo no contraviene con sus funciones y atribuciones”, un conflicto con las Fuerzas Armadas que sólo podrá superar si logra respaldar con evidencia en mano que sus imputaciones fueron “legales y sólidas”.