La última palabra la tiene la Corte

¿Qué pasó?

Los seis consejeros del INE que votaron por el aplazamiento de la consulta de revocación de mandato se enfrentan a la amenaza de un juicio político y a una nueva controversia constitucional promovida por los aliados del Ejecutivo en el Congreso.

¿Por qué importa?

• La consulta de revocación de mandato se ha convertido en el tema de mayor tensión entre el oficialismo y la oposición. Los consejeros del INE argumentan que ésta solo puede realizarse en los términos establecidos en la ley, bajo parámetros similares a los de una elección general.

• El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en que los gobiernos locales y la ciudadanía pueden llevar a cabo el proyecto plebiscitario, pese a que el consenso de analistas legales sugiere que no hay condiciones legales ni financieras para que la consulta se realice en los términos que pide AMLO.

El contexto:

• El pasado viernes, Lorenzo Córdova -consejero presidente del INE-, presentó un acuerdo ante el Consejo General para aplazar la consulta de revocación de mandato, propuesta que fue aprobada con seis votos a favor y cinco en contra.

• Por tal motivo, Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al mismo tiempo que Morena y sus aliados impulsan la presentación de un juicio político en contra de los consejeros del INE.

Los detalles:

• En el recurso presentado por Gutiérrez Luna, después de llevar a cabo un detallado análisis jurídico, se observa la invasión de competencias de la Cámara por parte del INE, por lo que demanda a la Corte la suspensión de dicho acuerdo, con la finalidad de que el Instituto se abstenga de posponer la consulta.

• “Esta demanda tiene la finalidad de impugnar el acuerdo a que llegó el INE el pasado viernes, de posponer temporalmente varias fases del proceso de revocación de mandato, de sus efectos y consecuencias.

• “En la demanda en tal sentido el organismo público autónomo deberá respetar en sus términos el ordenamiento contenido en el artículo cuarto transitorio de la Ley Federal de Revocación de Mandato, que precisa: ‘el Instituto deberá de garantizar la realización de este ejercicio de revocación de mandato, por lo que hará los ajustes presupuestales que fueran necesarios’”, se lee en el documento que fue presentado en la Oficialía de Partes de la SCJN, por personal de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de San Lázaro.

• De acuerdo con Reforma, el escrito fue requisitado a las 14:33 horas de este martes y dirigido al ministro presidente Arturo Zaldívar. Aunque la cámara baja está en receso, su presidente tiene la facultad de presentar controversias sin requerir la aprobación del Pleno.

• “Con las facultades que me confiere la ley como Presidente de la Cámara de Diputados, he presentado controversia constitucional ante la Suprema Corte en contra del acuerdo emitido por el INE, en el que suspendió el ejercicio democrático de revocación de mandato”, anunció Gutiérrez Luna.

• Aun así, el INE está obligado a esperar una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que le ordene realizar la consulta bajo nuevos parámetros o que el Congreso reasigne presupuesto para su organización para que el ejercicio se lleve a cabo en los términos establecidos por la ley.

Solicitarán juicio político contra consejeros:

• De manera paralela, la Asociación Nacional de Legisladores de la 4T (creada para aglomerar a los legisladores de Morena, PVEM y PT), pretenden impulsar la presentación de un juicio político en contra de los consejeros que votaron a favor de suspender temporalmente la consulta de revocación de mandato.

• “Que se escuche esta voz, desde todas las entidades federativas, las diputadas y diputados que suscribimos respaldamos la determinación del presidente del Congreso Federal, Sergio Gutiérrez Luna, en el sentido de agotar todas las vías jurisdiccionales, incluyendo las de carácter penal.

• “A fin de lograr que se restablezca el orden constitucional y respaldaremos el proceso de juicio político en contra de los consejeros que aprobaron este atropello a los derechos civiles y políticos de millones de ciudadanos mexicanos”, se cita en el pronunciamiento firmado por 80 diputados (incluida la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez), replicado por Reforma.

• De ser avalada la propuesta, con la mayoría con que cuenta Morena en San Lázaro, los funcionarios perderían sus cargos y serían inhabilitados, lo que dejaría al INE sin más de la mitad de sus integrantes. Para elegir nuevos consejeros se necesita la mayoría calificada, por lo que requerirían de la oposición.